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Millonario embargo contra Chevron en la Argentina
La justicia del país reconoció una medida por 19.000 millones de dólares concedida en Ecuador a raíz de un reclamo por daño ambiental por residentes de una región del Amazonas
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LA NACIONJorge Oviedo
La justicia argentina concedió un embargo contra la operación local de la compañía petrolera Chevron al reconocer una medida por 19.000 millones de dólares concedida en Ecuador a raíz de un reclamo por daño ambiental por residentes de una región del Amazonas en el que habitan comunidades indígenas.
La justicia local reconoció el embargo dispuesto por la justicia ecuatoriana y lo aplicó a las acciones, los dividendos y el 40% de los depósitos bancarios y de los ingresos futuros que reciba por la venta de petróleo crudo.
La demanda por daño ambiental es llevada adelante por residentes de la zona ecuatoriana de Lago Agrio, quienes se consideran afectados por un monumental daño ambiental, según ellos por responsabilidad de la petrolera Texaco, que en 2001 fue adquirida por Chevron.
El embargo se realiza en la Argentina puesto que la compañía no tiene activos en Ecuador, informó el abogado local de los demandantes, Enrique Bruchou.
La compañía norteamericana, que rechaza la sentencia ecuatoriana y la considera producto del fraude y la corrupción, afirmó en un comunicado no tener "conocimiento de ninguna acción legal de parte de los demandantes en Argentina, ni tampoco de ninguna orden judicial en el país".
Los demandantes sostienen que Texaco contaminó groseramente durante su operación, que duró de 1964 a 1990, cuando abandonó el país andino.
"Chevron Corporation, el supuesto deudor en la fraudulenta sentencia de Lago Agrio, no tiene activos en Argentina. Todas las operaciones en dicho país las llevan a cabo subsidiarias que no tienen nada que ver con el fraude de los demandantes de Ecuador. Los abogados de los demandantes no tienen el derecho legal para embargar los activos de las subsidiarias en Argentina, y no se les debería permitir afectar las actividades de los importantes recursos energéticos de ese país", señaló en un comunicado firmado por James Craig, asesor de comunicaciones para América latina y Africa de Chevron Corp.
El embargo fue concedido en la Argentina ya que un juez de primera instancia al que los demandantes habían solicitado la posibilidad de hacerlo en virtud de un tratado al respecto vigente entre los dos países. Bruchou afirmó que se intentarán medidas similares en Brasil y Colombia y que ya fue presentada otra en Canadá.
Los demandantes sostienen que Texaco contaminó groseramente durante su operación, que duró de 1964 a 1990, cuando abandonó el país andino. Y según ellos dejó tras de sí una situación catastrófica de contaminación y envenenamiento de 500.000 hectáreas de zona selvática del Amazonas, donde habitaban siete comunidades originarias Según las demandas que comenzaron hace casi 20 años en los Estados Unidos, Texaco incumplió con los protocolos de protección ambiental vigentes entonces, permitiendo la contaminación e inutilización de suelos, la contaminación de aguas subterráneas, ríos y arroyos y hasta del aire.
Alegó que en el área hay grandes porcentajes de cáncer, enfermedades de la piel y abortos espontáneos a causa de la contaminación con hidrocarburos.
Los afectados son en total alrededor de 30.000. Chevron es demandada como continuadora de Texaco.
Para la petrolera norteamericana "la sentencia de Ecuador es ilegítima y producto de fraude y soborno. Consideramos que el fallo obtenido en Ecuador no es ejecutable en ninguna corte que respete el estado de derecho".
Bruchou explicó que el embargo permite a la compañía seguir operando, porque sólo se embarga el 40% de las cuentas bancarias y de los ingresos que obtenga por la comercialización de petróleo crudo.
El abogado reconoció que la operación local de Chevron tienen un valor mucho menor que el del embargo y que calculó en no más de 2000 millones de dólares, pero explicó que el embargo sobre las cuentas y el giro comercial no tiene fecha de finalización y es, según la decisión del juez, hasta completar los 19.000 millones. Y subrayó: "No es un reclamo contra las compañías extranjeras, queremos que utilicen en nuestro país y en América latina los mismos standards de protección del ambiente y de nuestra gente que aplican en su países de origen".
El embargo fue dispuesto por el titular del juzgado Nacional Civil de primera instancia 61, a cargo de Adrián Elcuj Miranda.
