Moreno y el Indec: ecos de una mentira que duró más de ocho años

La ficción, como herramienta de manipulación y perversión de la política, fue perfeccionada por los Kirchner a través de una decisión de la que no existen precedentes históricos: el desmantelamiento del sistema estadístico nacional. Medios públicos y privados cooptados con pautas oficiales, propaganda y fútbol, escraches en cadena nacional. Todo, con distintos ropajes, ya había pasado en la historia argentina. Pero la falsificación de las estadísticas fue, en cambio, la etapa superior de la construcción de un relato que chocó de frente con la realidad.

La mentira duró más de ocho años encapsulada en el experimento de mayor violencia institucional del período kirchnerista: el Indec. El organismo fue el lugar de prueba del ser kirchnerista en el Estado: el patoterismo. Ese modo se extendió luego con éxito a otros entes y empresas estatales, y a varios ministerios. En el Indec comenzó tras la intervención de facto a comienzos de 2007 instrumentada por el propio secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, sobre quien desde hoy pesa un pedido de procesamiento por falsificar los datos oficiales. Él fue el “soldado” de los Kirchner.

Moreno siempre se jactó de que nunca existió una intervención del organismo de hecho. De que no hubo un decreto formal que la avalara. Pero, cuando en 2006 la inflación comenzó a despegar, y unos meses después desplazó a Graciela Bevacqua de la dirección de Precios del Indec por no someterse a sus presiones y revelar las fuentes de información estadística, fue impuesta Beatriz Paglieri. No era cualquier persona. La economista era amiga del Secretario. Su marido incluso había sido compañero de Moreno en la UADE en la carrera de Economía. Su hijo militaba en la unidad básica de Moreno. Paglieri reportaba directamente a la Secretaría de Comercio Interior.

También ingresaron al Indec los llamados “Doce Apóstoles”, una cuadrilla de hombres que acompañaron a Moreno en las violentas recorridas de controles de precios por el Mercado Central, el de Liniers y luego en las escaramuzas contra los productores agropecuarios en el conflicto del campo que terminó clausurando Julio Cobos. Algunos de los “Doce” todavía están en el organismo atornillados como delegados.

Mediante amenazas y golpes contra los técnicos y empleados públicos, incluso muchos enrolados en la izquierda de ATE, los militantes de Pueblo Peronista -la organización de base liderada por Moreno- se quedaron con las direcciones clave del organismo en las que se calculan los imprescindibles datos de inflación, pobreza, desempleo y PBI, entre muchos otras. La Intervención contó también con colaboracionistas, como Ana María Edwin (entonces a cargo del área de Personal del instituto) y de Norberto Itzcovich (entonces un simple coordinador). Los dos terminaron dirigiendo el Indec siempre alineados al kirchnerismo. A esa banda se sumó el gremio -siempre oficialista- UPCN.

La manipulación del Indec tuvo tres patas fundamentales. La instauración de un tope informático para los precios que superaban una determinada variación, la violación del secreto estadístico (penado por ley) y la utilización de acuerdos de precios en los relevamientos que debían tomar, en rigor, precios de mercado.

Un posible procesamiento del hace meses atrás intocable Guillermo Moreno responde a otro espíritu de época. El juez, Rodolfo Canicoba Corral, siempre se negó avanzar con la causa sobre falsificación estadística. Argumentaba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) no puede ser considerado un documento público (como lo consideraron en sus denuncias Carlos Stornelli y Manuel Garrido). Por otro lado, siempre afirmó que la metodología estadística no estaba resguardada por ley. En sus palabras, un director del Indec puede hacer casi lo que quiera con sus índices. No así con el secreto estadístico, que Moreno también violó.

Las detenciones de Julio De Vido y de Amado Boudou en las últimas semanas son ejemplos de que en los tribunales también se viven otros tiempos enmarcados en los resultados electorales. Canicoba Corral, como el juez Ariel Lijo o como Daniel Rafecas, es también uno de los cuestionados en Comodoro Py y en el Gobierno.

Sin embargo, actualmente no es clara qué postura de Canicoba Corral podría beneficiar más al actual estado de las cosas. Un procesamiento de Guillermo Moreno por manipulación estadística pone en estado de alerta al Ministerio de Hacienda, centro nuclear de la lucha contra el enorme déficit fiscal. Es que si la Justicia Federal confirma legalmente que entre 2007 y 2015 se el dato de inflación oficial, aquellos bonistas con papeles ajustados al CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) podrían comenzar una catarata de juicios contra el Estado. La batalla, al interior del oficialismo de Cambiemos, será entre institucionalistas y pragmáticos.

¿Es preciso avalar el bache estadístico promovido por el desmantelamiento kirchnerista de las estadísticas públicas para no “entorpecer” el contexto de recuperación económica basado en la inversión privada en la que la que el país se encuentra? Todo un dilema económico y ético en una Argentina que necesita una tanto de una regeneración institucional como de nuevas inversiones.