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Nadie puede decir que no sabía
Esta vez, el decreto por el cual el Poder Ejecutivo interviene fuertemente en toda la cadena de valor de los hidrocarburos no puede sorprender a nadie. Más allá de que podamos rechazar los términos y la constitución de la comisión o lamentar la concreción de la desfederalización de un sector propio de las provincias, lo que no se puede es rasgarse las vestiduras o mostrarse sorprendidos por el contenido del decreto.
Ni los gobernadores ni, mucho menos, los senadores y los diputados que votaron la ley pueden sentirse "engañados" por algo que estaba perfectamente explicitado en el artículo 1° de la ley cuando se declaraba de "interés público nacional" no sólo el "autoabastecimiento", sino a todo el proceso completo del sector hidrocarburífero, al decir: "[...] así como la explotación, exploración, industrialización, transporte y comercialización de hidrocarburos". Y podemos agregar: "No sólo de YPF".
Porque ,además, si no era suficientemente clara la voluntad que el Gobierno plasmaba en la ley, el presidente del bloque oficialista, Agustín Rossi, al cerrar el debate en Diputados, previo a la votación, volvió a alertar al señalar que "el artículo 1° del proyecto es tan importante como el que declara de utilidad pública a YPF […] todas las empresas petroleras que funcionan en la Argentina, YPF y el resto, tendrán que cumplir con ese objetivo de interés público" ("Aplausos", dice la versión taquigráfica).
Los diputados del Frente Peronista que rechazamos el proyecto de ley lo habíamos advertido con suma preocupación en nuestras exposiciones en la cámara, en el dictamen de minoría que firmamos y en cada oportunidad que tuvimos de expresar nuestra opinión.
Es que con una declaración de interés tan amplia y la concesión de facultades tan ambiguas al Estado nacional, no se estaba haciendo otra cosa que delegar en el Gobierno, sin un marco legal adecuado, la posibilidad de intervenir arbitrariamente en toda la cadena hidrocarburífera, con grave riesgo para la seguridad jurídica y para el clima inversor, en un contexto en el que sólo YPF necesita invertir US$ 38.500 millones hasta 2017 para revertir la declinación de la producción, para lo que reconoció la necesidad de "salir a buscar socios". O sea, si esto trae plena inseguridad a los que ya están, ni pensemos en los que puedan venir.
Provincias avasalladas
Pero lo que también se plasma es una realidad inconstitucional que avasalla las facultades de regulación propias de las provincias, en su carácter de titulares de los recursos y concedentes de los derechos de exploración y explotación, las que a partir de ahora tampoco integrarán la Comisión de Inversiones que crea el decreto y, probablemente, ni siquiera reclamarán sus gobernantes, siendo otra vez serviles ante un gobierno nacional que les avasalla cada tramo de sus derechos.
Esta realidad, y la ausencia de una ley del Congreso que defina la política energética, como única forma de garantizar previsibilidad y seguridad jurídica, dando marco a la política energética, hace realidad el peligro que se corría, ante el silencio o la ambigüedad, de que el interés público se convierta en el interés del Gobierno.
Lamentablemente, muchos fueron viciados por los humos de la "soberanía energética" y no supieron –o no quisieron– ver que tras esa ley de expropiación, votada al calor de un pretendido nacionalismo energético, se estaba gestando un nuevo intervencionismo estatal sobre todo el mercado de hidrocarburos al que ni siquiera los gobiernos de Venezuela o Bolivia se han animado.
Esta vez, el Gobierno no mintió. Con la conciencia más que tranquila por haber votado en contra de esta ley, digo que los que faltan a la verdad son los que ahora –desde una supuesta "oposición"– salen a fustigar lo que ellos mismos votaron.
