Nadie se ocupa de las expectativas económicas

A casi tres meses de la asunción de Alberto Fernández, la actividad económica está funcionando como el GPS de un auto en modo navegación: indica por qué calle o ruta transita, cuáles son los cruces u obstáculos más próximos; pero no el destino, sin el cual tampoco puede trazarse una hoja de ruta a mayor distancia. Por lo tanto, el horizonte de expectativas se reduce al día a día (o semana a semana).

El Gobierno viene aplicando un plan basado en la ley de emergencia, cuyo título (solidaridad social y reactivación productiva) debe decodificarse como una política redistributiva para apuntalar el consumo de los sectores de menores ingresos a través del gasto público por vía del aumento de impuestos a exportaciones y patrimonios. A esto se suma la política monetaria expansiva del Banco Central y la drástica baja de tasas de interés de 63 a 38% anual para estimular el crédito y la actividad. Paralelamente, busca desacelerar gradualmente la inflación (40% este año, 30% en 2021) y desindexarla desde el intolerable 54% de 2019, con ajustes salariales de suma fija, congelamiento de tarifas hasta junio, freno a la suba de combustibles, precios cuidados y ley de góndolas.

El economista Miguel Ángel Broda bautizó este plan de emergencia con el acrónimo HEKA (heterodoxia, estructuralismo, keynesianismo y activismo estatal), pero advierte que no constituye un programa de estabilización y crecimiento. También sostiene que la caída del PBI en 2019 (-2,1% interanual) se hizo sentir más porque si se excluye al agro alcanzó a -3,7%. Y que si bien la actividad económica tocó fondo y parece haberse estancado, el repunte llega por ahora a pocos sectores

Uno de los problemas de este esquema es que torna más complejo alinear las expectativas económicas, porque no es simultánea la acción oficial de poner plata en los bolsillos de muchos y sacarla de otros pocos. Primero viene el gasto y después el efecto de la suba de impuestos. Los productores de soja pueden dar fe de esta asimetría, con el segundo aumento de las retenciones (al 33% previsto en la ley de emergencia), que disparó el paro de comercialización dispuesto por la Mesa de Enlace y la división de la Federación Agraria al segmentarlo por volúmenes y reducciones para otros cultivos. Pero otros sectores productivos también están comenzando a sentir el impacto de los fuertes incrementos de las valuaciones fiscales del impuesto inmobiliario bonaerense, así como la suspensión del cronograma de rebajas de Ingresos Brutos, Sellos, aportes patronales y Ganancias para empresas que reinviertan.

Otro es que el discurso oficial de forzar la solidaridad social con dinero del sector privado no ayuda a generar confianza sin al menos gestos simbólicos de austeridad en el gasto público. O algún sacrificio fiscal para sacar a flote a sectores que se desplomaron (como la construcción, la actividad inmobiliaria o la industria automotriz), mediante suspensiones transitorias de impuestos y tasas que encarecen las transacciones. Nadie habla de esto en el Gobierno. La única excepción ha sido hasta ahora la postergación, mes a mes, del impuesto a los combustibles líquidos al solo efecto de mantener el congelamiento de precios.

Además, los diagnósticos oficiales de tierra arrasada, deuda insostenible y amenazas de controles de costos y precios son interpretados como presagios de próximas sorpresas, mientras no hay pistas sobre el efecto del descongelamiento de tarifas en la inflación del segundo semestre (ni de los subsidios sobre las cuentas fiscales). Todas estas incógnitas ponen en guardia y en modo pausa a quienes pueden tomar decisiones de comprar, vender o invertir.

Para completar el cuadro de incertidumbre, la imponderable epidemia de coronavirus complica las perspectivas argentinas de una reactivación anticíclica a través de mayores exportaciones a sus principales clientes. El impacto sobre la economía mundial ya se reflejó en el último mes en caídas bursátiles (de hasta -15%), de bonos del Tesoro de los EE.UU. (a menos de 1%); precios de commodities (-10% en petróleo; -7% en trigo y -6% en aceite de soja). El desplome del comercio, viajes y turismo internacional reduce el crecimiento del PBI de China (de 6,1 a 5% anual), a la vez que también se desacelera el de Brasil (a 2% o menos).

El resultado de la reestructuración de la deuda con el FMI y los acreedores privados podría descorrer el telón para las expectativas y dar paso a la difusión del "programa económico integral y sostenible" que promete la Casa Rosada. Pero por ahora el escenario está vacío y desprovisto de números. La negociación en marcha fue encarada con una secuencia inversa a la habitual: primero buscar el acuerdo con quita de capital (40%) y cupón de intereses para aliviar por tres o cuatro años los pagos (US$39.000 millones anuales )y luego fijar el sendero fiscal para ese período, lo cual torna casi imposible cerrarlo antes de abril o mayo.

De ahí que las consultoras privadas trabajen con escenarios binarios: uno favorable con auditoría del Fondo (que no asegura volver a los mercados para obtener financiamiento externo) y otro desfavorable (con mayor inflación y caída del PBI este año). El primero de ellos no sería el fin, sino el comienzo de un proceso para lograr que el gasto público sea genuinamente financiable y la deuda, sostenible con mayor crecimiento.

Según Broda, el BCRA deberá mantener el cepo cambiario por mucho tiempo y comprar con emisión el exceso de oferta en el mercado oficial (superávit comercial) para acumular reservas destinadas a que el Tesoro pueda atender otros pagos externos, por lo cual tendrá que evitar el atraso del dólar administrado. De hecho, en lo que va del año ya lo dejó subir 4,3%, casi en línea con la inflación. Pero también entre este mes y junio el Tesoro debe afrontar vencimientos de deuda en pesos por $585.000 millones y mejorar el nivel de renovación, como acaba de ocurrir con los incentivos para el canje del 65% del Bogato, luego del fuerte traspié del reperfilamiento forzoso del Bono Dual. De lo contrario, la emisión del BCRA (que desde el 10 de diciembre ya financió al Tesoro con $327.000 millones, según la consultora Quantum) podría llegar a niveles explosivos.

En este marco resulta desconcertante que el oficialismo esté debatiendo qué imágenes deberían llevar las futuras emisiones de billetes, sin hacer lo propio con la crónica desvalorización de la moneda argentina. El Presidente prefiere que vuelvan los próceres, en especial, Manuel Belgrano, en reemplazo de los "animalitos" de Federico Sturzenegger. Desde AySA, Malena Galmarini propuso "saldar la deuda de la historia argentina con sus mujeres".

Pero precisamente la historia demuestra que no se rinde ningún homenaje a través de billetes que se han ido depreciando con la inflación hasta degradarse físicamente de mano en mano. El billete de 5 pesos con la imagen del general San Martín, que acaba de retirarse de circulación, equivalía a 5 dólares cuando fue lanzado durante la convertibilidad y en 28 años su valor se redujo a apenas 6 centavos (al tipo de cambio oficial más el impuesto PAIS). No solo eso. Con distintas imágenes, el Libertador apareció durante 78 años en varias series de billetes que corrieron la misma suerte, ya sea con agregado de ceros como el de 1.000.000 de pesos ley (1969/70) o quitas (1 austral en 1985/86), según la investigación de Marcelo Bátiz publicada en Infobae. A Belgrano no le fue mejor en los billetes de $5 (1971) a $10.000 (1985), que solo conservan valor numismático. Ni tampoco a Eva Perón en la serie de $100 lanzada en 2012 (en pleno cepo de entonces), que volvió en millones de billetes físicos cuyo valor fue reduciéndose en menos de ocho años del equivalente a 14,70 dólares (al tipo de cambio paralelo) a menos de 1,20 (al oficial con impuesto) en la actualidad.

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