Negó el Gobierno que esté entre sus planes estatizar YPF

En medio de nuevas amenazas de quita de áreas petroleras, el Gobierno negó ayer que esté trabajando en pos de la estatización de YPF. Fue a través de declaraciones del jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, que se produjeron un día antes de lo que se anticipa como un nuevo round entre la Casa Rosada y la mayor empresa del país: la reunión de directorio en la que se presentará la propuesta de la empresa sobre el destino de las utilidades.

La posibilidad de una reestatización de YPF viene circulando como versión desde que el Gobierno dio por terminada, a fines del año pasado, la estrecha relación que la unió con la empresa en los últimos años. El rumor cobró fuerza en las horas previas al discurso presidencial de inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, lo que hizo caer un 15% la cotización de sus acciones. También se habló de una posible intervención en el gerenciamiento de la compañía, aunque hasta ahora la acción más concreta fue la reversión de áreas petroleras por parte de los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Neuquén.

Ayer, en una entrevista con el programa La vuelta, de Radio Continental, Abal Medina descartó la opción de nacionalizar la petrolera. "No vamos a eso; vamos a una idea que tienen que cumplir con lo comprometido como empresa, que es producir. Nada del otro mundo, nada extraño", respondió ante la consulta de la periodista María O'Donnell sobre la posible estatización.

El ministro coordinador sostuvo: "Acá hay una discusión que se busca enturbiar. El gobierno nacional y las provincias simplemente estamos buscando que haya producción".

"Cuando uno ve que teníamos que estar importando energía, cuando la Argentina tiene reservas y, a la vez, la empresa permanentemente manda ganancias al exterior, es lógico que los que estamos a cargo el patrimonio de los argentinos nos preocupemos", añadió el funcionario.

La noticia causó sorpresa en el sector energético, especialmente en YPF. En la sede central de la petrolera terminaban ayer de preparar los detalles de la propuesta que presentarán en la reunión de directorio que se celebrará esta mañana.

El objetivo principal de la reunión es convocar a la asamblea de accionistas que deberá votar sobre el destino de las utilidades. En los últimos ejercicios, YPF aprobó el reparto de dividendos por el 90% de las ganancias, un estándar alto para la industria. Sin embargo, en la reunión del 8 de marzo, Roberto Baratta, el representante nombrado por el Gobierno en el directorio, pidió que con los dividendos aún no distribuidos de 2010 y los de 2011 "se constituya una reserva voluntaria para inversiones, exploración y explotación de hidrocarburos en la República Argentina, para revertir así las pérdidas que tuvo la empresa el año pasado en la producción de gas y petróleo [6,8 y 10,3 por ciento, respectivamente]".

Algunas fuentes especulaban con que la propuesta de los accionistas principales (la española Repsol, con el 57%, y la familia Eskenazi, con el 25%) podría ubicarse en un punto intermedio entre el pedido del Gobierno de no repartir nada y la costumbre de distribuir el 90% de las utilidades. El balance 2011 reconoce utilidades netas después de ganancias por 5296 millones de pesos. En cualquier caso, la reunión de hoy servirá para medir la temperatura del enfrentamiento entre el Gobierno y la empresa. Baratta podría concurrir -como lo hizo la última vez- acompañado por el viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Energía, Daniel Cameron, mientras que por el lado de YPF se espera la presencia del CEO, Sebastián Eskenazi, y la posible participación por videoconferencia del presidente de Repsol, Antonio Brufau.

En tanto, en Río Gallegos el gobierno de Daniel Peralta sigue adelante con el análisis del nivel de inversión en las áreas petroleras, no sólo en YPF, sino también de la empresa Petrobras. No trascendió aún si se realizarán las mismas observaciones sobre la empresa PAE, que en 2008 renovó las áreas hasta 2047 o si se observarán las 14 áreas que tienen bajo su cargo los empresarios Cristóbal López y Lázaro Báez.

El titular del Instituto de Energía, Juan Antonio Ferreiro, afirmó que se encuentran analizando diez áreas más donde se distribuyen, según datos oficiales, 25 yacimientos. Desde el gobierno santacruceño señalan que este fin de semana vencerán los plazos otorgados a YPF para que dé una respuesta sobre los niveles de inversión y estado de los yacimientos.

"Si la respuesta no nos satisface, iremos avanzando en tomar una resolución en otras áreas", dijo Ferreiro. Y adelantó que el lunes próximo la provincia ya podría dar a conocer una decisión sobre las áreas. Ayer YPF fue notificada oficialmente sobre las reversiones anunciadas la semana pasada por Chubut y Santa Cruz.

Advierten sobre el riesgo para los puestos de trabajo

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y la Pampa advirtió ayer sobre los puestos de trabajo que se ponen en riesgo debido a la reversión de áreas petroleras y anunciaron medidas de fuerza contra las suspensiones de personal producidas por la eliminación de incentivos para las compañías del sector.

"¿Adónde irán a parar los miles de trabajadores que hoy laboran en las áreas que se pretenden revertir? ¿A qué inversores les puede interesar en el actual escenario de crispación poner capital en una actividad que tiene en duda su seguridad jurídica?", cuestionaron el secretario general, Guillermo Pereyra, y el adjunto, Ricardo Astrada, en un comunicado.

Los petroleros advirtieron sobre las consecuencias económicas de las decisiones recientemente tomadas por los gobiernos de Chubut, Santa Cruz y Neuquén, ya que, afirmaron, "anualmente más de $ 4000 millones de salarios son volcados en compras en los negocios regionales".

Además, en un plenario de delegados celebrado ayer se resolvió denunciar que las pequeñas y medianas refinerías incluidas hace pocos meses en el programa Refino Plus -suspendido recientemente por el Gobierno en el marco de su pelea con YPF- han notificado al gremio "su intención de suspender personal, ya que dicen estar con su producción parada por el supuesto desentendimiento entre entes nacionales que les impediría exportar lo producido". Por este motivo, resolvieron "realizar medidas de fuerza sorpresivas con paralización total de la producción".

Con la colaboración de Mariela Arias, desde Santa Cruz