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Disputa familiar: guerra de clanes por el control accionario de El Corte Inglés
Recrudece el conflicto entre el presidente, Dimas Gimeno Álvarez, y sus primas, Marta y Cristina Álvarez Guill
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Tensión máxima en El Corte Inglés. Las diferencias entre los dos bandos familiares siguen creciendo. El pulso entre el presidente, Dimas Gimeno, y sus primas, Marta y Cristina Álvarez Guill, hijas de Isidoro Álvarez, se libra en dos campos. Por un lado, el judicial, con la existencia de tres demandas y una cuarta en curso, interpuestas por César y María Antonia Álvarez, tío y madre de Dimas y hermanos de Isidoro, contra sus sobrinas. Por otro, con la auditoría que la empresa ha encargado a EY sobre el departamento de seguridad por el posible uso fraudulento del cargo por parte del responsable de aquella, Juan Carlos Fernández-Cernuda Hidalgo.
La pelea entre las hijas y el sobrino de Isidoro Álvarez comenzó prácticamente el día siguiente de la muerte del carismático empresario, en septiembre de 2014. El sobrino ocupó la presidencia porque así era el deseo de su tío y sus dos hijas entraron en el consejo de la empresa y en la Fundación Ramón Areces, principal accionista de El Corte Inglés (ECI), con el 37,39%. Asimismo, la participación del 22% en ECI, canalizada a través de IASA (Isidoro Álvarez SA), quedó dividida en tres partes: cada una de sus dos hijas heredó algo más de una tercera parte (el 69% entre las dos). El resto se dividió entre los dos hermanos de Isidoro, con un 2% cada uno, y su sobrino Dimas, con un 3%.
En consecuencia, las hermanas tienen el control de esta firma patrimonial y junto a la fundación superan con creces el 50% de los grandes almacenes. A su vez, Dimas y su familia, al estar en minoría, no pueden disponer de los dividendos que recibe IASA sin consentimiento de las dos hermanas, Marta y Cristina.
Ahí germina el primer conflicto. César y María Antonia, hermanos de Isidoro, han interpuesto sendas demandas en las que reclaman la nulidad de la junta de IASA en la que se aprobó reducir el capital de 121 millones a 50.000 euros. También piden que se vuelva a la situación inicial, alegando que no fueron convocados a la junta, que se hizo antes de registrarse ante notario la presencia de ellos y que la reducción de capital los perjudica, algo que tendrá que aclararse en los juzgados. Existe otra demanda, en este caso civil, de María Antonia, en la que reclama cinco millones. Según la demandante, Isidoro le había donado 10 millones, pero en el testamento definitivo se redujeron a cinco.
Las fuentes oficiales de El Corte Inglés han rechazado hacer comentarios al respecto. Sin embargo, en el entorno de las hermanas Marta y Cristina alegan que los albaceas de Isidoro Álvarez (el abogado Ramón Hermosilla; el secretario del consejo de ECI, Antonio Hernández-Gil, y el consejero Carlos Martínez Echevarría) recomendaron hacer la reducción y aseguran que el resto de socios de IASA lo firmó ante notario. Asimismo, afirman que existe una carta que adjuntó Echevarría en la que Isidoro rectifica su inicial donación pasando de diez a cinco millones. También apuntan esas fuentes que en la herencia se incluyeron otros activos, como viviendas, que se quedaron los hermanos de Isidoro.
Contratos investigados
En paralelo, Gimeno instó al consejo a que se abriera una investigación sobre el departamento de seguridad. Esta acción parte de un anónimo que llegó a Gimeno y a Florencio Lasaga, presidente de la Fundación Ramón Areces y consejero, en octubre, y que fue completado por un segundo anónimo el pasado enero. Los escritos cuentan una trama dirigida, al parecer, por Cernuda (ahora jefe de protección de datos), así como contratos con firmas de seguridad y de sistemas de control de robos.
Según fuentes conocedoras, el primer anónimo fue objeto de una investigación que se archivó. Pero se enredó al llegar el segundo anónimo. El caso es que, pese a que el consejo tenía dudas sobre la credibilidad de los documentos por tratarse de anónimos, ante la persistencia de Gimeno, la comisión de auditoría, que preside el consejero Manuel Pizarro, decidió encargar la investigación. La elección de EY, que es el auditor de ECI y arrendatario de la torre Windsor, propiedad de los grandes almacenes, fue puesta en cuestión por Gimeno.
