El fondo buitre Aurelius es el nuevo accionista mayoritario de Nextel

El fondo buitre Aurelius, uno de los acreedores de deuda en default que litiga contra la Argentina, es el nuevo accionista mayoritario de NII Holdings, la firma que controla al operador de telecomunicaciones Nextel, el cuarto mayor proveedor de telefonía móvil del país.

Mark Brodsky, gerente general de Aurelius, y cinco subsidiarias del fondo con sede en Nueva York e Islas Cayman oficializaron su tenencia del 40,7% de las acciones de NII Holdings desde el 26 de junio pasado, de acuerdo con documentos oficiales de la compañía remitidos a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC).

Aurelius llegó a NII como resultado de su proceso de convocatoria de acreedores -conocido por Chapter 11 en la legislación estadounidense-. El fondo buitre había adquirido bonos corporativos de la firma por una fracción de su precio y con valor facial de unos 1300 millones para luego exigir su pago, que se efectivizó en acciones.

Actualmente los principales activos de NII son las operaciones de Nextel Brasil y Nextel Argentina (donde posee al rededor de 1,9 millones de líneas de acuerdo con estadísticas del mercado). "Hasta ahora no hay ningún cambio ni modificación en la operación local. El directorio sigue siendo el mismo", dijo una fuente de la filial local consultada por LA NACION.

NII había solicitado protección contra la bancarrota en septiembre del 2014 debido a una deuda de U$S 5800 millones y mayor competencia tanto en Brasil y México. Los ejecutivos tomaron la decisión de desprenderse de los activos de este último destino a fines del año pasado y en enero firmaron un acuerdo con AT&T para vender de Nextel México por U$S 1875 millones.

Capital Group es otro fondo buitre que ingresó a Nextel por el mismo camino que Aurelius y actualmente controla casi un décimo de las acciones.

Aunque aún es difícil estimar cuál puede ser la reacción del Gobierno. Tal como informó este medio, la participación de fondos buitre -directa o indirecta- en empresas locales fue foco de críticas.

Hace menos de un año, el Estado denunció a la imprenta Donnelly por "alteración del orden económico" cuando era pidió la quiebra y despidio 400 personas. En sus razones, el Ejecutivo esgrimió la participación accionaria que poseía NML Capital -de Paul Singer- que luego le vendió al fondo Black Rock.