La industria textil habría acordado una baja temporal de aportes para frenar la pérdida de empleo

Tras la apertura importadora y duras críticas contra la actividad, el Gobierno llevaría un alivio a la industria textil. En un contexto de fuerte caída del consumo, cierres y despidos, el Ministerio de Capital Humano, las empresas y los sindicatos habrían alcanzado un acuerdo convencional para reducir por tres meses la carga patronal y aliviar así el costo laboral -lo que se traduce también en una menor recaudación fiscal-.

El acuerdo habría sido formalizado bajo el paraguas de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del Ministerio de Capital Humano -a cargo de Julio Cordero- en conjunto con la Cámara Argentina de la Indumentaria (FAIA), la Unión Cortadores de la Indumentaria (UCI), el Sindicato de Empleados Textiles de la Industria y Afines de la República Argentina (Setia) y el Sindicato Obrero de la Industria del Vestido y Afines (Soiva).

Según supo LA NACION, la medida establecería que, durante 90 días, el 70% del salario devengado será pagado como concepto no remunerativo, lo que reduce la carga de aportes y de contribuciones a la seguridad social, sin modificar el ingreso neto de los trabajadores.

Esto alcanzaría a los salarios de febrero, marzo y abril -que son liquidados en marzo, abril y mayo- y permitiría que, en ese período, las empresas del sector abonen únicamente el 30% de los aportes patronales habituales.

Según fuentes vinculadas al acuerdo consultadas por LA NACION, el esquema no se aplica de manera automática, sino que las compañías deben adherir formalmente. Y según confirmaron, más de 70 firmas ya se sumaron al régimen. Además, el acuerdo dejó abierta la posibilidad de una prórroga: si las partes lo consideran, podría extenderse por otros tres meses. Este medio se comunicó con el Gobierno. No descartaron ni confirmaron el acuerdo.

El alivio fiscal llega en un momento que desde el sector calificaron como “de emergencia”. En un comunicado conjunto, los sindicatos remarcaron que el objetivo es “salvaguardar los puestos de trabajo, garantizando que no afectará al salario normal y habitual del trabajador”.

Bajo esta premisa -en cumplimiento de la cláusula cuarto del acuerdo suscrito- ratificaron formalmente la obligatoriedad de no efectuar despidos sin causa justificada; de no realizar suspensiones ni despidos por razones económicas o de fuerza mayor; y de preservar la fuente de trabajo de los empleados encuadrados en el CCT 746/17, 501/07 Y 614/10, durante la vigencia del acuerdo.

Caída del consumo e importaciones

En los últimos meses, la cadena textil se vio golpeada por la caída del consumo y el crecimiento de las importaciones. Según la consultora Analytica, desde noviembre de 2023 los precios de ropa y calzado subieron 149,4%, muy por debajo de la inflación general, que alcanzó el 259,4%. En términos relativos, el rubro se abarató un 30,6% y quedó en su nivel más bajo desde 2016, lo que impactó en los márgenes de rentabilidad.

La contracción se reflejó con fuerza en el empleo. Un informe de EconViews, elaborado con datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), indica que entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 se perdieron 18.333 puestos registrados en textiles, confecciones, cuero y calzado: una caída del 15,1%, la más profunda de toda la industria. Y datos de la Fundación ProTejer, exhiben que, en ese mismo período, cerraron 558 establecimientos, una contracción del 9%, con especial impacto en indumentaria y en cuero y calzado.

En reiteradas oportunidades, el ministro de Economía, Luis Caputo, apuntó duramente contra el sector. “Nunca en mi vida compré ropa en la Argentina porque era un robo. Entonces, los que teníamos posibilidad de viajar o algo, la adquiríamos afuera”, dijo días atrás durante una entrevista. Y chicaneó a los empresarios del rubro: “Los conozco a la mayoría, excelente gente, los quiero mucho, y el que no viaja en primera no es porque viaja en económica, es porque tiene avión privado”.

Desde la Federación de Industrias Textiles Argentinas señalaron en un comunicado: “El problema actual no es la falta de competitividad, es la competencia fraudulenta. La subfacturación, a partir de la ausencia de valores de referencia, distorsiona los precios del mercado, afecta a quienes compiten desde la formalidad y se refleja en una caída de la actividad cercana al 37% y en niveles de utilización de la capacidad instalada menor al 30% en el sector textil”. Y advirtieron: “El problema actual no es la apertura, sino el ingreso de productos subfacturados que impiden una competencia leal. Más del 70% de las importaciones ingresan a valores significativamente inferiores a los antecedentes del sector, en muchos casos sin cubrir siquiera el costo de la principal materia prima”.

Por Laura Ponasso

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