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Nueva medida contra Shell: ordenan clausurar la refinería
El Gobierno la acusa de contaminar el medio ambiente; temor a escasez en las estaciones
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LA NACIONFrancisco Olivera
Shell recibió anoche la quinta mala noticia proveniente del gobierno argentino en menos de un año: la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable ordenó la clausura de su planta de Dock Sud, la única refinería que la empresa controla en América latina, tras detectar seis presuntos incumplimientos ambientales. Al cierre de esta edición, la compañía analizaba más de 40 páginas de observaciones, pero trabajaba con normalidad.
"No podemos decir nada. Vamos a estudiar las denuncias", contestaron a LA NACION en la firma angloholandesa, que opera en la zona desde 1931. Sí, en cambio, se quejaban en las estaciones de servicio, desde donde se temía un recrudecimiento de lo que las golpea desde hace por lo menos tres años: la escasez de gasoil. "Hay que diferenciar Shell, una petrolera enfrentada con el Gobierno, de los estacioneros, todos empresarios pymes -se lamentó Raúl Castellano, vicepresidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines-. Por lo general, estas medidas perjudican más a los estacioneros que a Shell."
La explicación de Castellano se sustenta en que, en marzo de 2005, el boicot convocado por el presidente Néstor Kirchner contra la compañía le permitió a Shell cerrar su único año con ganancias en el país desde 2001, porque incrementó sus exportaciones en detrimento del mercado interno y puso al borde del cierre a muchas estaciones. Shell tiene unas 780 bocas de expendio: 160 propias y el resto tercerizadas.
Derrames e incumplimientos
¿De qué se acusa a la petrolera? Los cargos son seis. El comunicado de la secretaría afirma que:
1) No tiene permiso para extraer del Canal Dock Sud [Riachuelo] ni del Río de la Plata los 18.400.000 litros de agua que extrae por hora, el equivalente a lo empleado por una ciudad de 1,1 millones de habitantes. Incumple, dice, el Código de Agua de la Provincia de Buenos Aires.
Emerge aquí una discusión con la provincia. Ayer, la secretaria de Política Ambiental bonaerense, Silvia Suárez Arocena, dijo que la cartera a su cargo había hecho la certificación y que la planta estaba "correctamente habilitada".
2) No tiene habilitaciones y pruebas periódicas de casi 700 aparatos sometidos a presión.
3) Existen pruebas y derrames constatados. "Las pruebas de suelo tomadas acreditan la contaminación", indicó.
4) Hay una deficiente gestión de residuos especiales o peligrosos.
5) Existen faltas y omisiones formales, como "permisos de vuelco al Río de la Plata".
6) Faltan estudios de impacto ambiental.
La refinería de Shell trabaja las 24 horas del día durante los 365 días del año, y lo hacía anoche aún con normalidad, mientras sus abogados discutían con técnicos de la secretaría que conduce Romina Picolotti.
Como suele ocurrir desde hace algunos años en este tipo de cuestiones, reinaban anoche el silencio y la confusión incluso dentro del Gobierno. "Pregunte en la Secretaría de Comercio Interior, que vigila la ley de abastecimiento", contestaron en un despacho del Gobierno. Pero Guillermo Moreno, que conduce esa dependencia, no tenía ayer, al menos en el aspecto formal, nada que ver con el pedido de clausura. Moreno fue, sí, quien participó de otras de las recientes peleas con Shell: las multas por desabastecimiento, el freno al gasoil premium y el pedido de prisión para el presidente de la empresa, Juan José Aranguren. El otro de los cinco tropiezos que tuvo Shell en menos de un año fue el rechazo de la Justicia a una presentación por discriminación.
En el mercado petrolero proliferaban ayer varios temores. "El Gobierno tiene la idea equivocada de que la gente apoya las medidas contra empresas extranjeras, que se hagan los gallos", se preocuparon en una compañía. Proveedores como Pan American Energy o Apache, que le venden crudo a Shell, deberán buscar nuevos compradores si se concreta la clausura.
Y el pavor a la escasez no es sólo propiedad de las estaciones. Si no opera Shell, razonan en otras refinadoras, muchos de sus clientes huirán en estampida hacia otras marcas, lo que incrementará las quejas de los consumidores por eventuales faltantes. Es otra de las paradojas del mercado energético argentino: por las diferencias de precio con el exterior, las petroleras se desesperan por no vender aquí el producto que fabrican.
La queja era anticipada anoche por el dueño de una estación YPF del conurbano bonaerense: "Esta medida puede ser un boomerang de consecuencias incalculables. Es como clausurar Atucha o Río Tercero: espero que hayan tenido eso en consideración". Según averiguó LA NACION, la Secretaría de Energía no había previsto anoche un stock de combustible alternativo.
