Otro cabo suelto de la pelea con las prepagas: ¿la consulta médica volverá a valer la mitad que un kilo de asado?

La cuota de una prepaga es tan cara a la sensibilidad de los gobiernos que fue ese rubro, junto con el turismo y la lechuga, lo que empujó a la administración de Néstor Kirchner a intervenir en el Indec, allá por enero de 2007. La diferencia con lo que pasaba entonces es que ahora el sistema de salud acumula unos 15 años de manoseo y, como consecuencia, los precios no reflejan los costos. Un modelo inviable. Ese déficit crónico es lo que tentó a Javier Milei y a las prepagas a intentar, desde lados opuestos, resolverlo en tres meses. Pero estalló la bomba.

Lo que se discute ahora es apenas el comienzo, porque los valores de todo el sector están encadenados: lo que la prepaga les cobra a sus afiliados es referencia de lo que está dispuesta a pagarles a sanatorios, hospitales y clínicas por una consulta médica, un análisis o una internación. Ese último eslabón, los prestadores, es, con los médicos, el más débil de un sistema que llegó al límite de la regulación en la última parte de la gestión de Massa, durante la campaña electoral.

A fines del año pasado, un profesional podía cobrar por una consulta $2500, la mitad de lo que costaba entonces un kilo de asado, según el Indec, y es la razón por la que muchos de ellos se borraron de las cartillas, cobraban copagos o daban turnos voladores a sus pacientes. La economía ajusta por precio o por volumen: en este caso fue por volumen, que en la industria de la salud equivale a atención y calidad de servicio.

La desregulación que ahora se cuestiona está en el decreto que redactó Federico Sturzenegger. Fue controvertida desde el inicio, porque desencadenó aumentos de hasta casi el triple en las cuotas en cuatro meses, pero había logrado atenuar parte de aquel desequilibrio. En algunos casos, según el centro de salud, los honorarios de los médicos también se triplicaron: a fines de abril, por la consulta en un hospital privado de primera línea de la Capital Federal se pagará $10.200. Casi el doble de lo que costaba en marzo un kilo de asado.

La incógnita es entonces qué pasará a partir de ahora con las nuevas condiciones. El Gobierno anticipa rebajas del 33% en los planes de las compañías investigadas. ¿Asumirán estas empresas el 100% de esa reducción o la trasladarán a los prestadores? Vale la pena detenerse en lo que pasó desde aquel decreto de diciembre. Mientras el IPC llegaba al 20,6% en enero último, las prepagas les aumentaron a sus afiliados las facturas exactamente el doble, un 40%, pero les trasladaron a su vez a sanatorios, clínicas y hospitales un 38%. Y así fue todo el verano. Según datos de Adecra, que nuclea a los prestadores, mientras las prepagas subieron entre diciembre y marzo las cuotas 115,7%, ellos recibieron 92,5%.

¿El médico volverá entonces a cobrar $ 2500? ¿Vienen más copagos? Es la duda que plantea, por ejemplo, Gerardo Figueroa, presidente de la Cámara de Prestadores la Seguridad Social (Capres), entidad integrada por hospitales y clínicas del conurbano. Figueroa coincide con el Palacio de Hacienda en que las prepagas están cartelizadas. “Nos ponen los precios”, dice, pero también se pregunta por el futuro: “¿Ahora vamos a los valores de diciembre con los costos actuales?” La mención no es azarosa. Esta discusión los sorprende en medio de la paritaria. En febrero, los trabajadores recibieron un 30%; en marzo, un 12%, y ya arrancó la negociación para los salarios de todo el año. Según los números de la industria, desde la pandemia hasta marzo pasado, mientras la inflación subía hasta 1741%, el sector entero quedó por debajo: las cuotas de las prepagas en 1476%, los sueldos en 1423% y el precio de las consultas e internaciones en 1178%. Traducido: el prestador perdió en los últimos cuatro años por 563 puntos porcentuales frente al costo de vida.

De ahí también el dilema de las prepagas. Si absorben el costo, tendrán una pérdida económica importante; si no lo hacen, le habrán dado la razón al Gobierno: evidentemente tenían espaldas para aplicar aumentos más graduales.

Es posible que esta crisis obligue a repensar todo el sistema. Las cuotas de las prepagas estaban reguladas desde 2011, con la ley que impulsó Cristina Kirchner y que dispuso que todo aumento debía contar con la aprobación del Gobierno. En ese texto se incluyó el Programa Médico Obligatorio, un umbral que fue sumando prestaciones, que sobrevivió al decreto de Sturzenegger y que también hace subir los costos. ¿Habrá que reformularlo, como piden prepagas y sanatorios? ¿La cartilla de una afiliada de 70 años debe necesariamente incluir obstetricia? ¿La de un padre de 7 hijos, tratamientos de fertilidad? ¿La de una mujer pañuelo celeste, un aborto? ¿O se podrá acceder, como propone el especialista Carlos Regazzoni, exdirector del PAMI, a módulos de prestación con cuatro o cinco componentes fundamentales según la preferencia del afiliado? El 75% de los argentinos se atiende en el sistema de salud privada porque no confía en el Estado. Nunca un tema fue tan relevante y tuvo tantas inconsistencias.