Tenso debate por uno de los temas claves en el agro desde hace décadas
En A Todo Trigo, donde se abordó el tema de semillas, el Gobierno defendió su rol arbitral y ratificó que enviará al Congreso la adhesión al tratado internacional UPOV-91: los productores reclamaron evitar más burocracia y la industria semillera pidió un marco más robusto para atraer inversiones
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LA NACION Belkis Martínez
MAR DEL PLATA.- La discusión sobre la adhesión de la Argentina al convenio internacional UPOV-91 o una nueva ley de semillas volvió a exponer fuertes diferencias entre productores, obtentores y el propio Estado, aunque todos los sectores coincidieron en la necesidad de alcanzar consensos para actualizar el sistema y mejorar la competitividad del país. El debate giró en torno al alcance del uso propio, la posibilidad de avanzar hacia un esquema más cercano al convenio internacional, el temor a una mayor burocracia o apertura a patentes y la necesidad de generar condiciones para atraer inversiones en genética y biotecnología.
En el Gobierno defendieron el rol arbitral del Estado y aclararon que el compromiso asumido por la Argentina es enviar al Congreso la adhesión a la UPOV-91. Los representantes de la producción reclamaron evitar modelos extremos y construir un sistema intermedio, mientras que la industria semillera insistió en que los cambios parciales no alcanzan para que el país compita con mercados como Brasil o Estados Unidos.
El presidente del Instituto Nacional de Semillas (Inase), Martín Famulari, afirmó que la falta de acuerdos históricos llevó a que “muchas veces los intereses de pequeños sectores o actores se antepusieron al interés general”. En ese marco, aseguró que el compromiso de la Secretaría de Agricultura y del organismo es encontrar “un lugar donde todos los actores de esta cadena tan importante se sientan cómodos”. Remarcó que el Estado debe actuar como árbitro dentro de la discusión.
Famulari planteó que el debate no debe quedar reducido a la dicotomía entre UPOV-78 y UPOV-91, al señalar que “si podemos buscar consensos con UPOV-78 o 91 debemos hacerlo”.
A su vez, sostuvo que avanzar únicamente con la adhesión al convenio sin una reforma integral del sistema sería insuficiente. “Con una reglamentación de semillas consensuada, moderna y que mire para adelante, casi deja sin efecto a la UPOV-91”, afirmó. Según explicó, el eje central de la discusión pasa por el uso propio de semillas, ya que la UPOV-91 deja en manos de cada Estado definir el alcance de ese derecho. “Nos delega la facultad de Estado para ponernos en cualquier lugar que nos quede cómodos entre el 0 y el 100% de uso oneroso”, indicó.
Defendió el esquema actual argentino y aseguró que el uso propio vigente “cumple con las normas de UPOV-91” porque fue diseñado tomando esos criterios como referencia. También remarcó que hoy el Estado exige “origen legal de las semillas” y consideró que el desafío es construir una ley que permita acceder a “la mejor tecnología del mundo”.
Desde el sector productivo, Confederaciones Rurales Argentinas y la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa, representadas por Pablo Ginestet, marcaron reparos sobre avanzar hacia un sistema que implique mayores controles o costos administrativos. “Toda la discusión es bienvenida”, sostuvo, aunque remarcó que debe encontrarse un punto intermedio “entre el cero que sería la posición para los productores y el 100 que sería para los semilleros”.
Ginestet advirtió que si se impone “algo que implique más burocracia o mayor control que significa volverse onerosos en el funcionamiento de esto tampoco va a ser bueno”. Planteó que el sistema debería incorporar herramientas tecnológicas e inteligencia artificial para simplificar los mecanismos de control y cobro.
El dirigente rural también relativizó el debate exclusivo entre UPOV-78 y UPOV-91 y recordó que países vecinos como Brasil, Uruguay y Paraguay funcionan bajo esquemas derivados de UPOV-78, pero con modificaciones propias. En ese contexto, sostuvo que las diferencias de fondo del convenio 91 generan preocupación en parte del sector productivo porque “abren la puerta a patentes”. “Hoy en la Argentina no se puede, pero siempre están las puertas abiertas”, afirmó.
Además, recordó que en 2018 existió “casi un acuerdo” que finalmente no prosperó y consideró que la construcción de confianza entre las partes sigue siendo un elemento central.
En tanto, el gerente de relaciones institucionales de GDM, Lucas Amadeo, cuestionó que el debate se haya transformado históricamente en una disputa “de unos versus otros” entre productores y obtentores. “En la dinámica y en el día a día somos aliados”, sostuvo. Insistió en que la discusión debe enfocarse en cómo lograr que el desarrollo de variedades sea más rentable y competitivo para atraer inversiones y nuevas tecnologías.
Según explicó, la Argentina presenta un “atraso genético” y las modificaciones parciales o “parches” no alcanzan para revertir esa situación. “En la Argentina solo hay dos compañías haciendo mejoramiento genético. Brasil tiene más de 10 grandes compañías y más de 15 programas de mejoramiento genético y no van a venir a la Argentina con un cambio circunstancial, paulatino e intermedio”, afirmó.
El representante de GDM defendió abiertamente la adhesión a la UPOV-91 y sostuvo que el Gobierno entiende que ese esquema permitiría poner a la industria argentina “en igual paridad que Brasil, Estados Unidos y Canadá”. Según indicó, un marco normativo más robusto sería clave para atraer inversiones en edición génica y nuevas tecnologías de mejoramiento vegetal.
“Tomemos UPOV-91 y mejoremos y seamos el ejemplo del mundo”, propuso. Remarcó que la adhesión tendría impacto directo sobre la productividad y sobre la capacidad de recuperación de inversiones.
“La adhesión a la Upov es ganancia genética, impacto directo en el bolsillo de los argentinos por mayor producción. El uso propio lo definirá el Estado. Si la Argentina adhiere a la Upov-91 nos cambia la previsión del recupero de capital”, sostuvo.
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