Otro presupuesto, la misma obligación

Alfonso Prat - Gay
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30 de septiembre de 2011  

El tratamiento del presupuesto nacional encarna una trampa para la oposición. Está planteado de forma tal que pretende hacernos elegir entre el menor de dos males: ser cómplices de una mentira o ser acusados de obstaculizar la gestión de un gobierno constitucional. Esto no debería ser así, claro. Pero lo es desde 2003, cuando el Poder Ejecutivo inauguró la metodología de armar un presupuesto con premisas falsas que subestiman los recursos, presentándolo al Congreso sólo para su aprobación o rechazo.

La subestimación de recursos le deja toda la discrecionalidad posterior en la decisión de cómo gastar el inevitable excedente entre la ficción y la realidad. Desaparece así la saludable discusión presupuestaria que opera en cualquier democracia y que es primordial en el caso de la llamada "ley de leyes". A los diputados propios se les exige subordinación en la complicidad; a los ajenos, una decisión envenenada y, en última instancia, inútil: a diferencia de lo que ocurre en las provincias y en cualquier lugar del mundo, aquí el presupuesto nacional se puede aprobar por decreto.

El año pasado, por primera vez toda la oposición decidió rechazar el proyecto oficial. Ocho bloques de la Cámara de Diputados nos pusimos de acuerdo y presentamos un presupuesto alternativo que mantenía la estructura de gastos propuesta por el Ejecutivo, pero que para el cálculo de los recursos empleaba supuestos macroeconómicos realistas en reemplazo de los supuestos falsos del Gobierno (inflación del 8,9%, por ejemplo).

Y tuvimos razón. El aumento de la recaudación durante los primeros 8 meses de 2011 (31,7%) apunta a un incremento para todo el año casi idéntico al 33,8% que calculábamos a partir de nuestras proyecciones de crecimiento e inflación. Este aumento implica $ 35.000 millones de más para gastar que los estimados por el presupuesto oficial, finalmente aprobado por decreto. Proponíamos en aquel momento que esos excedentes se destinaran a elevar la jubilación mínima al 82% del salario mínimo vital y móvil, a aumentar el resto de las jubilaciones según el criterio establecido por la Corte Suprema de Justicia en el caso Badaro, a bajar el impuesto a las ganancias para los asalariados de clase media a través de un aumento del mínimo no imponible y a incrementar el monto y el alcance de la Asignación por Hijo. Nuestro presupuesto hubiera mejorado la situación de 6 millones de jubilados, casi 1 millón de asalariados y más de 1 millón de niños. Era verídico y más progresista.

También era menos inflacionario, ya que no utilizábamos las reservas del Banco Central para financiar al Gobierno. Y en estos días en que el mundo desarrollado tiembla y el Banco Central no para de perder reservas, es más perceptible la sabiduría de aquel camino que proponíamos.

Ni cómplices ni obstruccionistas, sino responsables y republicanos. Eso fuimos. El Gobierno cargó las tintas acusándonos de que poníamos "palos en la rueda" (mientras aprobaba incólume su presupuesto por decreto) y muchos otros nos criticaron porque "sin presupuesto ahora tienen más arbitrariedad para usar los fondos públicos" (quizás ignorando que a los 10 días el Poder Ejecutivo ¡ya había modificado su propio presupuesto con otro decreto!).

Si bien el tiempo demostró que teníamos razón, caló tan hondo aquel mensaje de desaprobación que algunos destacados diputados opositores evalúan optar esta vez por la complicidad y aprobar lo que venga del Poder Ejecutivo porque "no podemos dejarlos sin presupuesto". Como si al kirchnerismo le cambiara en algo tenerlo o no tenerlo. O como si sostener que la inflación es 9% fuera menos mentiroso con el 50% de los votos que con el 30%.

Mi opinión es que ese cambio de actitud sería una injustificable claudicación. No se puede confundir una regla de validez con un criterio de verdad: los votos no dan razón. No convierten lo que es falso en algo cierto. Debemos seguir siendo coherentes, además de responsables y republicanos. Es nuestra obligación y nuestro mejor aporte.

El autor es presidente de la Comisión de Finanzas de Diputados

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