Para sostener el plan, el pragmatismo pesa más que los valores libertarios

La mística queda para la campaña y las redes. El Gobierno está demostrando que es ante todo práctico. El proyecto de reforma laboral que envió al Congreso es una muestra. Si bien contiene grandes cambios al régimen de empleo, no pone en juego la caja sindical. Casi todo el resto, aseguran quienes vinieron conversando por lo bajo con los líderes gremiales, es negociable. Lo importante, aseveran en el Gobierno, es poder tener una ley lo antes posible. La administración libertaria no quiere perder el momentum que vive desde el batacazo electoral ni arriesgarse a escenas como las que vivió el macrismo cuando, después de haber ganado con buen margen las legislativas de 2017, decidió avanzar en una reforma previsional. La experiencia macrista fue todo un aprendizaje para los leones libertarios.

El gabinete de Javier Milei no tiene tampoco los pruritos que había en Juntos por el Cambio para. cuando es necesario, avanzar en medidas poco ortodoxas. Hoy por hoy hay dos temas que desvelan al equipo económico: el fiscal, dado que el Tesoro está levemente por debajo de la meta de superávit de 1,6% que se había anunciado a mediados de año (aunque en el acuerdo con el FMI se había comprometido a un 1,3% del PBI) y la necesidad de sumar dólares para darle al mercado la tranquilidad de que tiene fondos con qué cubrir los próximos vencimientos de deuda.

Para garantizarse mayores ingresos en pesos, el Gobierno se puso en pie de guerra con varias grandes compañías por una técnica interpretación fiscal que haría que muchas empresas terminen pagando este año al fisco más de lo que tenían previsto. En rigor, las empresas le cuestionan a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que no les permita actualizar por inflación los quebrantos que tienen en sus balances. Esgrimen que no solo es una práctica habitual internacional, sino que existe además un fallo de la Corte Suprema que la sustenta en un reclamo que involucra a Telefónica. Es evidente que si una compañía perdió $10 millones hace cinco años, esos 10 millones hoy representan bastante más; sólo por la inflación del periodo serían hoy equivalentes a $338 millones. Desde abril, la ARCA estableció mediante una resolución que esa actualización no es válida e intimó a las empresas a adherirse ahora a un plan de pagos que vence este mes. Pero existe gran resistencia privada. Algunas empresas ya anticipan que no accederán y recurrirán a la Justicia. Otras, como YPF o Techint, estarían recibiendo llamados persuasorios de miembros del equipo económico para ceder. Según confiaron en el sector, el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martin Rapallini, se reunirá la semana que viene con el ministro Luis Caputo para tratar el tema. En la UIA no confirmaron ni negaron la reunión. Pero parece difícil que vaya a tener demasiado éxito. El objetivo fiscal es un objetivo superior.

No menos creativas son las gestiones para hacerse de los dólares para cubrir los próximos vencimientos de deuda. Los libertarios hicieron sus principios a un lado y convocaron esta semana a las provincias que recientemente emitieron bonos en dólares, como Santa Fe, Córdoba o Ciudad de Buenos Aires, a que ingresen sus divisas y suscriban a cambio algún bono en moneda extranjera o que se actualice por el tipo de cambio. Entre las tres suman US$2100 millones. Pero nadie cede sin una negociación. Todas las provincias tienen algún reclamo económico hacia la Nación: ya sean deudas por cajas provisionales, obras públicas inconclusas o transferencias por coparticipación demoradas. No pareciera por ahora que hayan cerrado algún acuerdo. ¿Será por ello que la suscripción de bonos en dólares que lanzó Economía el miércoles terminó menos ofertada de lo que inicialmente había trascendido en el mercado que podía ser? Son meras especulaciones.

Cualquier sea el caso, la emisión del bono en moneda extranjera marca un buen comienzo para un país que es descripto como “defaulteador serial” por agencias de noticias especializadas en el mundo financiero. Hacía ocho años que no lograba acceder al mercado voluntario de deuda con un título en dólares. La Argentina colocó un bono por US$1000 millones, con una tasa de retorno del 9,26 por ciento. Es bastante más de lo que pagan los países vecinos, pero ninguno de ellos tiene el track record de haber entrado en default nueve veces a lo largo de su historia. Participar de la emisión implicó además un acto de fe: el bono vence en cuatro años, durante el próximo mandato presidencial. La mayoría de los inversores, se presume, fueron locales. Aquí también operó el pragmatismo libertario. Además de una convocatoria informal entre algunas grandes compañías, días antes de la colocación los organismos reguladores, como el Banco Central (BCRA) o la Superintendencia de Seguros, tomaron las medidas necesarias para que los inversores tuvieran más incentivos para suscribir el bono. De nuevo, el objetivo mayor siempre prima sobre las formas.

Pero al Gobierno todavía le falta seguir pasando la gorra para conseguir los cerca de US$4500 millones que vencen en enero. Esta semana, el Tesoro tuvo una de las mejores cosechas cambiarias en mucho tiempo: tras vender US$2 millones el martes, sumó US$46 millones el miércoles y otros US$220 millones el jueves. Fuentes del sector financiero aseveran además que las negociaciones con los bancos internacionales para un préstamo por unos US$5000 millones siguen avanzando. Aunque habría habido alguna baja con respecto a las entidades con las que inicialmente se había estado conversado (caso de Bank of America, BOFA). Aseguran en la City porteña que, antes de sellar el acuerdo, las entidades también quieren ver aprobado el Presupuesto 2026 en el Congreso. En un desayuno con los empresarios miembros de IDEA, el jueves de la semana pasada, el ministro del Interior, Diego Santilli, les aseguró que ya los votos para los proyectos que pensaban tratar en extraordinarias estaban. No siempre en el Congreso el conteo final condice con lo que indican las reglas matemáticas básicas. Dos más dos, puede dar menos o más que cuatro.

En última instancia, de demorarse el préstamo, el Gobierno tiene activo el swap por US$20.000 millones que le dio en plena corrida cambiaria el Tesoro de los Estados Unidos. No sería la mejor señal para el mercado, pero no habría motivos para pensar que el pago del cupón de enero está en riesgo.

Pero es comprensible entonces la demanda de los economistas de que la Argentina debe acelerar la acumulación de reservas y además terminar de definir el esquema cambiario que usará en adelante. No es sostenible que la economía esté constantemente a merced de eventuales cimbronazos externos. En un encuentro privado que organizó la Universidad del CEMA con 20 embajadores de distintos países, la semana pasada, quedó claro que esta es una de las grandes inquietudes de quienes siguen de cerca la política local. Un embajador de una potencia europea lo planteó, pero no fue el único. La Argentina logró hacerse de dólares primero con el blanqueo, después gracias al FMI y finalmente gracias a la generosidad de Scott Bessent. Como diría el personaje del Chapulín Colorado, ¿Y ahora quién podrá defendernos? El FMI estudia enviar una misión al país los primeros días de enero para avanzar en la revisión del plan correspondiente al semestre. Es un capítulo más de una serie que tiene muchos años por delante.

En el oficialismo se ilusionan con dar buenas nuevas y no sólo en el Congreso. No pierden la esperanza de que el acuerdo comercial con los Estados Unidos se logre firmar antes de la Navidad. Ninguno de los países con los cuales el gobierno norteamericano anunció que había alcanzado acuerdos el mismo día en el que lo hizo con la Argentina - El Salvador, Guatemala y Ecuador- firmaron todavía el documento definitivo. Tal vez, Papá Trump dejé alguna sorpresa debajo del arbolito, aunque más no sea modesta. Ojalá.

Por Florencia Donovan

---

Conforme a

Tipo de trabajo:

análisis