Plegarias por el gasoducto para gastar menos dólares

Con las históricas olas de calor que viene padeciendo buena parte del país, millones de argentinos –especialmente en el AMBA– cruzan los dedos o juntan las manos para rogar que no les vayan a cortar el servicio eléctrico, sin el cual pierden calidad de vida, horas de trabajo y de descanso. No todos logran cumplir esa intención, debido a las ya crónicas deficiencias estructurales del sector energético.

Dentro de aproximadamente dos meses, cuando aparezcan los primeros fríos, la secuencia será diferente. Quienes elevan plegarias son los funcionarios del Gobierno, con un doble propósito: que al comenzar el invierno pueda ponerse en marcha la primera etapa del gasoducto troncal Presidente Néstor Kirchner (GPNK); y que esa mayor capacidad inicial de transporte (11 millones de metros cúbicos diarios) permita aprovechar la mayor producción de Vaca Muerta para sustituir parte de las costosas importaciones de gas natural licuado (GNL) y combustibles líquidos destinadas al consumo (residencial, industrial y comercial) y la generación de electricidad. Esta necesidad es apremiante, cuando la dramática sequía reduce la cosecha de granos y tendrá impacto en las magras reservas líquidas del Banco Central. Si esta obra clave de infraestructura hubiera sido licitada hace cinco o seis años, sin tantas trabas políticas e ideológicas y en paralelo con el creciente desarrollo de la cuenca neuquina, la situación sería hoy totalmente distinta.

En 2022, con precios internacionales récord por la guerra de Rusia contra Ucrania, el déficit comercial energético provocó un drenaje de casi US$5000 millones. Una cifra que el presidente Alberto Fernández, ante la Asamblea Legislativa, se jactó de haber gastado “porque no estábamos dispuestos a frenar la producción y el crecimiento”. Pero que resultó 85% más alta que la inversión pública total en el GPNK y sus obras complementarias, calculada en US$2700 millones por el titular de la estatal Enarsa, Agustín Geréz, en el reportaje con Sofía Diamante de LA NACION durante la CERAWeek esta semana en Houston.

A juzgar por lo que estiman técnicos de la UTE Techint-SACDE, adjudicatarias del suministro de caños y parte de la obra civil, el actual ritmo de trabajo permitiría inaugurar la primera etapa de 563 kilómetros entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires) el 20 de junio, como prevé el cronograma oficial. Los turistas que este verano atravesaron en auto la provincia de La Pampa para dirigirse a los lagos del Sur, pudieron cruzarse con grandes camiones transportando los caños de 36 pulgadas de diámetro. En el obrador principal de General Acha se instalaron plantas de doble junta y equipos de soldadura automática –utilizados por primera vez en el país–, que transforman dos caños de 12,5 metros en uno de 25 para ganar tiempo y trasladarlos a la traza del gasoducto. El promedio es de 4 kilómetros por día (120 por mes) en dos frentes y con otros tantos campamentos móviles. Ya fue soldado el 50% de los tubos a instalar, con unos 70 especialistas extranjeros contratados junto con los casi 4000 trabajadores argentinos para el pico de la obra, que cuenta con “canal verde” para importar piezas o insumos indispensables.

Aún así, tanto en el sector público como en el privado cruzan los dedos para protegerse de imprevistos; entre ellos, algunos permisos pendientes a lo largo de la traza y la presión de grupos mapuches. Sobre todo, cuando el gobernador neuquino Omar Gutiérrez (MPN) puso en marcha en enero un protocolo de consulta previa con organizaciones de ese origen para bajar la conflictividad y ahora anunció ante la Legislatura su intención de otorgarle rango de ley para aquellas con personería jurídica.

La habilitación de la primera etapa del GPNK no implicará el fin de las importaciones de GNL y combustibles, sino su reducción a la mitad. Sólo para comienzos de 2024 se prevé la instalación de dos plantas compresoras, que duplicarán su capacidad a 22 millones de m3 diarios y la construcción del ducto Mercedes- Cardales (de 83 kilómetros) para interconectar los sistemas de transporte del sur con el norte, más un loop paralelo al gasoducto Neuba II.

Como la inauguración se producirá en plena campaña electoral y cuatro días antes del cierre de listas para las PASO, el Gobierno se curó en salud con bastante anticipación para evitar faltantes de gas y cubrir la caída de envíos desde Bolivia (8 millones de m3/día en invierno y 4 millones en verano, a precios por contrato de US$8/9 por MTBU). Por lo pronto, Enarsa ya importó a fines de enero 30 cargamentos de GNL, a un precio promedio de US$19 por millón de BTU (unidad de medida) y un costo total de US$1300 millones, destinados al buque regasificador de la compañía estadounidense Excelerate amarrado desde hace años en Escobar. Y acaba de adjudicar a la misma empresa el regreso de otro barco a Bahía Blanca entre el 1° de mayo y el 31 de agosto, mientras se apresta a licitar entre 8 y 10 cargamentos para abastecer su operación.

Según el portal especializado EconoJournal, las condiciones de la licitación de enero fueron llamativas: incluyen sólo a proveedores con el compromiso de enviar al menos 10 buques con GNL, cotización a precio fijo y pago por adelantado. A su juicio, esta modalidad resulta perjudicial si los precios internacionales siguen bajando (pasaron de US$20 en enero a US$15 en febrero) y, de repetirse en marzo, podría generar un gasto extra de US$320 millones. En 2022 se contrataron 41 cargamentos a un precio promedio de US$29,3 por MTBU, si bien tras la invasión a Ucrania hubo picos de hasta US$58.

Parte de esta salida de divisas se compensa con exportaciones de petróleo, combustibles y gas natural, que el año último alcanzaron un monto récord (US$8400 millones) pero muy inferior al de las importaciones (US$12.900 millones), según datos del Instituto Mosconi.

Con el Plan Gas y las plantas compresoras del primer tramo del GPNK, se podrán exportar en 2024 mayores volúmenes a través de los gasoductos con países vecinos (Chile, Brasil, Uruguay) cuyos contratos, paradójicamente, fueron suspendidos unilateralmente por Néstor Kirchner en 2006 al igual que el oleoducto transandino, que ahora está siendo reactivado.

La segunda etapa del GPNK, de 521 kilómetros entre Saliquelló y San Jerónimo (Santa Fe) elevará su capacidad a 44 millones de m3/diarios, será licitada en los próximos meses y podrá concluirse en 2024 según la Secretaría de Energía. Mientras tanto, se gestiona con el BNDES el financiamiento por casi US$690 millones para la importación de chapa y caños desde Brasil. Además, la Argentina acaba de recibir un crédito por US$540 millones de CAF para construir un ducto de 122 kilómetros entre La Carlota y Tio Pujio (Córdoba) que permitirá recibir gas neuquino para las provincias del NOA, revertir el sentido del Gasoducto del Norte de TGN y exportar dentro de dos años excedentes a Bolivia y otros países limítrofes.

Aunque las declaraciones oficiales son invariablemente triunfalistas, para que la Argentina pueda convertirse en exportador a gran escala de GNL a mercados de ultramar necesitará millonarias inversiones en infraestructura, financiamiento externo y esperar no menos de cuatro años para se concrete alguno de los proyectos privados para instalar plantas de licuefacción, flotantes o fijas. Un requisito previo para aportar certezas es la sanción de la ley de GNL, que no fue enviada a sesiones extraordinarias y de la cual circulan hace meses varios borradores con porcentajes (30% o 50%) de libre disponibilidad de divisas, estabilidad regulatoria y fiscal para asegurar contratos en firme que justifiquen futuras inversiones. Flavia Royón, titular de Energía, sostuvo ante LA NACION en Houston que Vaca Muerta ha sido una política de Estado a través de varios gobiernos. La historia de los últimos 11 años, desde que se comprobó el potencial de recursos no convencionales, demuestra exactamente lo contrario. Y lo que más cuesta ahora es recuperar el tiempo perdido.

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