Política y economía. El secreto peor guardado del Gobierno

Pablo Fernández Blanco
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AF Fuente: LA NACION - Crédito: Silvana Colombo
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31 de enero de 2020  • 09:33

La evidencia electoral juega en contra de Alberto Fernández y de los socios que lo condujeron a la Casa Rosada. Los oficialismos perdieron en los últimos dos comicios en los que estaba en disputa la Presidencia, algo que si se repite en la próxima votación obligaría al kirchnerismo a dejar el poder.

Los politólogos ven una correlación entre la crisis de los oficialismos y el fin del ciclo próspero de commodities como la soja. Dicho de manera más simple, la inestabilidad laboral que implica la política para quienes viven de ella parece tener una raíz económica. Y económica es la respuesta para conservar el trabajo a futuro que eligió el kirchnerismo.

Néstor Kirchner era un exégeta del método. En 2005 mandó a hacer una encuesta que preguntaba si la persona consultada estaba de acuerdo con los subsidios del Estado y cómo evaluaría una suba en las tarifas de servicios públicos. La respuesta fue sorprendente: la mayoría rechazaba que el Gobierno destinara fondos a mantener bajos la luz y el gas, pero al mismo tiempo no quería que se los aumentaran. "¿Viste?", le enrostró a la encuestadora, rendida ante las pruebas. Las tarifas nunca subieron.

Las medidas elegidas para cambiar el modelo heredado de Mauricio Macri pueden dar pistas sobre el peso del padrón en las decisiones de Alberto Fernández. Es algo que le valoran inclusos sus opositores, según se les escuchó decir a dos exministros de la gestión anterior. Después de todo, el éxito en las urnas es la única garantía para subsistir en el poder.

En un contexto positivo para la imagen presidencial, el impuesto al dólar, la suspensión de la movilidad jubilatoria y las retenciones aparecen como las medidas más cuestionadas de la gestión de Fernández, según una encuesta de la consultora Opinaia que analiza el primer mes del Gobierno. ¿Cuál es su costo político?

Quienes hacen estudios de opinión encontraron en el país en los '80 vínculos entre la condición socioeconómica del electorado y el voto. La novedad es que, en los últimos comicios, esas relaciones se exacerbaron.

Hay ricos como Hugo Sigman, dueño del polifacético Grupo Insud, que simpatizan con Alberto Fernández, y pobres que votaron por Mauricio Macri. Probablemente sean parte de minorías.

Un trabajo reciente del investigador Gerardo Scherlis, por ejemplo, documenta con números que el peronismo, en sentido amplio, tiene por estos días apoyo en todos los sectores sociales, pero aumenta significativamente a medida que desciende el nivel socioeconómico de los encuestados. Así, el 31% de apoyo recogido en los sectores altos se eleva a 49% entre los más pobres.

En la vereda de enfrente, la simpatía por Cambiemos llega al 47% en los estratos más acomodados, pero cae al 19% en los de peor nivel socioeconómico. Es un conocimiento que puede servir para entender el impuesto del 30% a los consumos en dólares y el recrudecimiento del cepo cambiario.

Para comprar dólares hay que tener ahorros, una tarea quimérica para sectores de bajos ingresos. Tanto como comprar el celular más caro o ropa en Estados Unidos. De manera que ese bastión electoral del Frente de Todos probablemente no haya sufrido las molestias del impuesto al dólar.

En julio del año pasado, cuando la compra de divisas no estaba del todo contaminada por el clima electoral, 1.548.759 personas en todo el país cambiaron billetes. Es apenas un 3,5% de la población. Menos de un 0,1% se hizo de más de US$10.000 y la mayor parte -754.909, o un 1,7% del país- compró menos de US$500.

El cepo cambiario parece hecho a la medida de la estrategia electoral de Fernández. No sólo le pone un límite a las devaluaciones que provocaron un año y medio de pesadillas para Mauricio Macri, según él mismo dijo, sino que tiene un bajo costo político medido en votos para el Frente de Todos.

Hay otras reglas. A mayor edad, crece la aversión a votar al peronismo. Prueba de eso es que los equipos de Macri utilizaron esa información para orientar su última campaña y fueron a buscar con especial dedicación el apoyo de los 3,7 millones de personas por encima de los 70 que forman parte del padrón.

La combinación entre buena posición económica y edad avanzada llevó a una regla que usan en silencio los analistas de opinión pública: jubilado con plata no vota kirchnerismo. La nueva política previsional bien podría surgir de esa inspiración. Sucede que Alberto Fernández suspendió la fórmula jubilatoria y asistió con bonos a la base de la pirámide.

Donde la Casa Rosada ve flamear la bandera de la solidaridad, el mercado se relame con un ajuste que le permitirá al Estado juntar el dinero necesario para pagarles a los acreedores. No sería la primera vez que en nombre del bien de la mayoría se lleva a cabo una normalización fiscal. Se puede encontrar un ejemplo en las decisiones para bajar el gasto previsional que tomó en los años '90 Domingo Cavallo, con quien dio los primeros pasos en la gestión pública el Presidente.

Definir quién tiene razón sería sencillo si se comunicará cuál será el impacto de la medida sobre las cuentas públicas, un dato que el Gobierno recela con la misma intensidad con la que se lo consultan. Por ahora solo hay pistas. Fernández suele ser virulento con quienes le prestaron plata a la Argentina. Néstor Kirchner acostumbraba tranquilizar a los empresarios diciéndoles que no tomaran en cuenta lo que decía, sino lo que hacía.

Las coincidencias se repiten. Una de las primeras decisiones de la Casa Rosada fue aumentar las retenciones al campo, un camino que ya había comenzado a recorrer el propio Macri (parte de sus equipos consideran que fue un error haber aplicado una baja tan fuerte al principio de su mandato). Pero el Gobierno dio un paso más y se reserva, mediante la ley de Emergencia, la posibilidad de aumentarlas un poco más.

El campo es un sector ruidoso que ya le trajo dificultades a Cristina Kirchner, pero tiene poco para aportarle a la sostenibilidad electoral del Frente de Todos. Aunque con claroscuros, los distritos con influencia agropecuaria esquivaron la fórmula ganadora de octubre pasado. Para la Casa Rosada será difícil cosechar votos donde crece soja.

Una de las medidas más ambiciosas es la tarjeta alimentaria, por la cual ciertas familias recibirán entre $4000 y $6000 mensuales. Hurlingham, San Fernando, San Martín, Morón, Almirante Brown, Avellaneda y La Matanza fueron los primeros partidos en recibir los plásticos. Coincide con las necesidades del conurbano bonaerense, pero también con el mayor pulmón de votos que asistió al oficialismo en los últimos comicios (en todos ellos Fernández aventajó por entre 12.000 y casi 325.000 a Macri en las últimas elecciones).

Todavía no hay fecha para llegar al interior bonaerense, terreno yermo para la cosecha proselitista del Frente de Todos, mientras que San Isidro y Vicente López quedaron para el final de esta tanda. Tan cierto como que son los distritos más acomodados del conurbano es que fueron los únicos dos partidos de la zona que le dieron la espalda a Fernández.

La orientación de las medidas también le permite al Gobierno justificarlas como la base de un cambio de prioridades. Después de todo, ¿quién podría estar en contra de aumentar la jubilación mínima, contener la devaluación del peso y sanear las cuentas públicas?

Mente calculadora, espíritu afortunado o algún lugar intermedio entre ambas opciones, el modelo económico que esbozó Alberto Fernández desde que llegó a la Casa Rosada podría haber surgido del próximo jefe de campaña del Frente de Todos.

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