Por la quiebra del Correo prohíben a Macri salir del país

"No puede ser. Me toma por sorpresa", dijo Francisco Macri cuando LA NACION lo consultó anoche sobre la decisión que a última hora de ayer adoptó la Justicia: la quiebra del Correo Argentino, sociedad anónima que controlaba el grupo que encabeza el empresario. "Es totalmente imposible. Mi gente estuvo reunida hoy (por ayer) con las autoridades y nuestra propuesta de pago de la deuda ya tenía el apoyo del 60% del capital", dijo Macri, desde la tranquilidad de su casa de Palermo.

Aunque no lo quisiera creer, era verdad. El juez en lo comercial Eduardo Favier Dubois decretó la quiebra de Correo Argentino SA y, como corresponde legalmente ante esta medida, prohibió la salida del país de sus máximos ejecutivos: el propio Macri, considerado "administrador de hecho", el ex presidente de la compañía Raúl Casa y los ex directivos Roberto Maffioli, Jorge Aguado y Manuel Sobrado.

Correo Argentino SA era la concesionaria del servicio postal oficial de la Argentina, desde el gobierno de Carlos Menem, hasta que el de Néstor Kirchner le rescindió el contrato, el mes pasado. Desde entonces, la empresa está en manos del Estado hasta que se concrete su reprivatización, según dijo el Poder Ejecutivo.

La bancarrota de Correo Argentino SA, por lo tanto, no afecta el funcionamiento del servicio postal oficial. La sociedad que entrará en liquidación de sus bienes es la que controlaba el grupo Macri y que como activos sólo tiene el centro operativo de Monte Grande, en el Gran Buenos Aires, y algunos equipos tecnológicos. Estos activos habían sido adquiridos por la sociedad anónima para la gestión de la empresa postal.

La incógnita es si esos bienes seguirán siendo utilizados por el correo público. El presidente de la unidad administradora del servicio, Eduardo Di Cola, ha dicho que espera que el Estado, el principal acreedor, termine quedándose con ellos tras el proceso liquidatorio.

"Yo no hago ninguna evaluación, eso (la quiebra) lo va a determinar la Justicia y por eso decretó lo que decretó", declaró ayer el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido. "Nosotros, en el plano administrativo, lo que estamos haciendo es gestionar el Correo en esta etapa y cumplir con lo que decretó el Presidente de reprivatizarlo en 180 días", agregó De Vido, en un acto de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

La resolución de ayer de Favier Dubois exige a la sociedad anónima que "en 24 horas entregue los bienes que tuviere en su poder o informe el lugar de su ubicación". El fallo se produce antes de que el Consejo de la Magistratura decida, mañana, si lo asciende a camarista o no lo hace.

"No conozco los detalles"

Macri no quiso decir mucho más a LA NACION: "No conozco detalles de la medida", sostuvo el empresario. Tampoco quiso opinar cuando se le preguntó si existirían móviles políticos en la decisión judicial. Sólo repitió que sus abogados se reunieron con autoridades, sin precisar cuáles, porque ya reunía los votos del 60 por ciento del capital.

Sin embargo, la ley establece que un acuerdo entre el deudor y los acreedores necesita el apoyo de la mitad más uno de éstos, que, a su vez, contengan el 66% del total del pasivo. Una fuente allegada al caso opinó que difícilmente Correo Argentino podría alcanzar el 60% o 66%, ya que el Estado tiene el 38% de la deuda y algunos pequeños acreedores no se han mostrado interesados en la oferta de pago que les formuló el deudor. Agregó que nunca probó el 60% ante el juez.

El pasivo con el Estado corresponde a lo adeudado por el canon y obligaciones con la Dirección General Impositiva y el Banco Nación.

Correo Argentino SA había entrado en convocatoria de acreedores en septiembre de 2001 por una deuda de $ 900 millones. El 69,2% de las acciones está en manos del grupo Macri, el 14% en las del Banco Galicia (también acreedor) y el 5% en las de la Corporación Financiera Internacional (CFI, del Banco Mundial).

La fuente cercana a la causa opinó que la quiebra perjudicará un intento de Macri de demandar al Estado por quitarle la concesión. Sería la prueba de que no puede gestionar el servicio porque no pagaría sus deudas ni el canon de $ 52 millones del primer semestre de 2004.

En bancarrota

Deuda: Correo Argentina SA había entrado en concurso preventivo en septiembre de 2001, cuando debía $ 900 millones.

Estado: le reclama al ex concesionario $ 450 millones por el canon, impuestos y deudas con el Banco Nación.

Propuesta: la sociedad propuso a los acreedores una reducción de deudas del 60% al 70 por ciento y el pago con papeles a 25 años y una tasa de interés del 1 por ciento anual. Apostaba, como último recurso, al cram down, por el que los acreedores tomarían el control de la empresa.

Por Alejandro Rebossio

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