¿Por qué congelan? Señal de que fallan los instrumentos

¿Por qué está el Gobierno recurriendo nuevamente al congelamiento de precios para disminuir la inflación si ya lo ha hecho en otras ocasiones sin éxito? ¿Por qué lo hace, si se sabe que la salida de los controles puede ser traumática y aún le restan dos años de mandato? Dos hipótesis que pueden ayudar a contestar estas preguntas.

La primera es que el objetivo prioritario es reprimir el precio de los alimentos y solo secundariamente disminuir la inflación. La negativa incidencia que están teniendo los alimentos en el bolsillo popular sería difícil de exagerar. Desde 2017 –último año en que la economía creció– el poder adquisitivo del ingreso promedio per cápita de las familias cayó un 16,2%, según la última observación disponible del Indec. Esto ya es malo. Pero si usamos la canasta básica total –que mide la pobreza y en la que tienen gran peso los alimentos– para calcular el poder adquisitivo, esa caída llega al 21,6%. Esto implica, por otra parte, que si la canasta de pobreza hubiese subido igual que el índice de precios al consumidor, la cantidad de gente por debajo de la línea de la pobreza sería bastante menor.

La segunda hipótesis es que hoy la prioridad son los comicios y una represión temporal de los precios es útil para potenciar el “plan platita”, golpeado por la aceleración de la inflación en septiembre y octubre. Aumentar adicionalmente el gasto y la emisión para compensar la inflación cuando esta se ubica ya en 3,5% mensual licuaría aún más el “plan platita”; la represión de precios, en cambio, puede potenciar transitoriamente el poder adquisitivo de la “platita” sin costo fiscal. El costo del congelamiento lo afrontarán las firmas. Esperar que el congelamiento no genere rápidamente escasez en un contexto así es ingenuo.

Por supuesto, señalar que el congelamiento tiene sentido cuando se consideran las urgencias electorales del oficialismo no borra el hecho de que se trata de una política que va a tener consecuencias económicas muy negativas, tanto presentes como futuras. En el presente, un efecto muy negativo es que el congelamiento per se es una señal de que el Gobierno se quedó sin instrumentos para tratar de anclar las expectativas ante la actual aceleración de precios. La oferta monetaria no se puede usar para anclar los precios porque debido al “plan platita” no sabemos cuánto se va a terminar emitiendo; el tipo de cambio no se puede usar porque la brecha cambiaria se agrandó y se espera que el FMI exija una devaluación para acordar; la meta de inflación del presupuesto no se puede usar, porque el ministro no dudó en subir desde el 29% a más del 40% esa meta; la tasa de interés no se usa para influir sobre la inflación por miedo a los efectos recesivos antes de los comicios.

En cuanto al futuro, el riesgo más importante del congelamiento es que aumenta la probabilidad de que se produzca una fuerte aceleración inflacionaria cuando las distorsiones de precios inducidas por el congelamiento y los atrasos en tarifas y tipo de cambio oficial se corrijan. Esto ocurrió repetidas veces. El evento quizás más citado en estos días es el Rodrigazo, en 1975, que siguió al congelamiento de Gelbard y constituyó el primer paso hacia un régimen de alta inflación que recién se extinguiría con la convertibilidad en 1991.

En un sistema de precios huérfano de anclas nominales, las empresas navegan a la deriva. Cuando el Gobierno les echa la culpa por la inflación, comete el error de matar al mensajero. El mensaje que trajeron las correcciones de precios en septiembre y octubre es simple: como las expectativas son muy imprecisas en contextos de alta incertidumbre macro y política como el actual, las firmas prefieren subir precios y vender menos si con ello logran cubrirse ante las alzas que esperan en sus costos de reposición.

La caída de la rentabilidad que sufren por menores ventas hace las veces de una prima de seguro que pagan para cubrirse del riesgo de aumentos en sus costos. No hay misterio. Cuando el Gobierno acusa a los formadores de precios por la inflación está asumiendo, incorrectamente, que estos tienen conductas irracionales. En 2017, cuando los ingresos de los consumidores y la demanda eran más elevados, el valor de los alimentos era más bajo en términos reales que ahora, cuando la demanda es reducida. ¿Por qué no aprovecharon las firmas su poder de mercado para subir los precios entonces? Es difícil pensar que los formadores de precios no saben cómo maximizar sus beneficios.

Más allá de las especulaciones, hay algo cierto: si hay una explosión inflacionaria después del día 91, el costo del congelamiento no lo va a pagar solo la rentabilidad de las empresas, sino toda la sociedad. Cuanto más rápido se implemente un programa de estabilización que vuelva a proveer al sistema de precios de un ancla de precios y balancee las cuentas fiscales, menor la probabilidad de que, habiendo llegado ya a convivir con inflaciones del 50%, tengamos que adaptarnos nuevamente a un régimen de alta inflación (si nos resultara posible, claro).

* El autor es profesor de la Universidad de San Andrés