Por un decreto, ningún funcionario político puede ganar más que los $ 3000 que recibe el Presidente y se desata el dilema por el salario de "K"
El límite no alcanza a los empleados de carrera y hay subordinados que ganan más que los miembros del gabinete; el tope vence a fin de año y hay temor a reclamos de aumentos en todo el sector público
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LA NACIONJorge Oviedo
Todo comenzó el 27 de diciembre de 2001. En uno de los escasos días de la presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, que con su estilo de decisiones veloces y terminantes recortó todos los salarios en el Poder Ejecutivo, incluido el propio. Fue entonces cuando apareció publicado el decreto 23/2001. Y comenzó el sainete de los salarios estatales.
La primera complicación es que ese mismo día en el propio Boletín Oficial había otro decreto 23/2001, que disponía otra cosa. Prorrogaba las sesiones ordinarias del Congreso.
La anormalidad tiene una explicación. Ocurre que cada vez que cambia el presidente la cuenta de los decretos del mismo año vuelve a cero. Lo anormal era que había habido dos presidentes en muy pocos días. El "otro" decreto 23/2001, el que no recortó los salarios, lo había firmado Ramón Puerta en su gestión, todavía más breve que la de Rodríguez Saá.
El puntano dispuso en su decreto de necesidad y urgencia que su retribución como presidente sería de sólo $ 3000 mensuales, por todo concepto. Claro que eran pesos convertibles uno a uno. Pero, además, decretó que nadie en la administración nacional -excluidos los poderes Legislativo y Judicial- podían tener un retribución superior.
Además, con otro decreto ordenó desafectar del servicio y vender en un plazo no superior a los 30 días todo el parque automotor de propiedad del Estado nacional asignado a funcionarios y empleados de las dependencias del Poder Ejecutivo. Y con otro dispuso que cualquier funcionario público que tuviera un teléfono celular debía pagar la cuenta de su bolsillo, con su disminuido salario.
Todas las normas fueron rápidamente suavizadas y se establecieron excepciones. Pero el tope salarial para el presidente sobrevive y regirá hasta el último día del presente año.
De modo que el titular del Ejecutivo argentino es uno de los peor pagos del mundo. Apenas un poco más de mil dólares mensuales al tipo de cambio del viernes último. Bien lejos de aquellos 15 mil dólares por mes que se había fijado el peruano Alejandro Toledo y que causaron un escándalo en su país.
También bastante menos que los poco más de $ 11.000 mensuales que se llevaba Carlos Menem, entre salario y gastos protocolares, o los algo más de $ 10.000 cada 30 días de sus ministros, sumando también los dos conceptos.
La remuneración de Kirchner parece un despropósito por el nivel de su responsabilidad. En la administración hay quienes admiten en voz baja: "Es una locura, pero al menos al Presidente el Estado le paga todos los gastos. Peor es el caso de los ministros y secretarios de Estado, y otros cargos políticos, a quienes el sector público no les da casa ni comida, entre otros beneficios".
"La sociedad debería reflexionar que es muy difícil exigir idoneidad, sacrificio, entrega y dedicación a los funcionarios si la paga es miserable", aseguran algunos técnicos del sector público.
Pero la Argentina es un país curioso, en el que se encuentran soluciones extravagantes para problemas insólitos. Si el tope es inoperante y dañino, aunque resulte apetecible para la opinión pública, habría que derogarlo. No se hizo. Se lo suavizó, se lo limitó, se le corrigieron las aristas torpes e inconstitucionales, como la de vulnerar la autonomía universitaria, entre otras. Pero se lo dejó sobrevivir. Y apareció otra curiosidad: no se lo cumple.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) auditó si el sector público cumplía con lo que había dispuesto la Presidencia. Y encontró que los casos de incumplimiento eran muchos.
Y los hallazgos no son un secreto. Los informes de la Sigen fueron publicados en su página en Internet.
Por ejemplo, el Ministerio de Economía no fue exceptuado de desafectar y vender sus 149 automotores. Pero no lo hizo. En cambio, fue eximido de quedarse sin celulares. Aunque de 39 se redujeron a sólo 15.
Las moderaciones del tope salarial fueron varias. Duhalde dispuso que sólo fuera para los funcionarios políticos, con lo cual eximió a los de carrera, para evitar distorsiones y problemas en los sistemas de promoción y jerarquización.
Pero hay quienes se quejan de que por ello hoy en día hay subordinados de carrera que cobran más que los ministros.
Finalmente, Duhalde estableció que los $ 3000 de tope para el presidente y todos los demás cargos políticos debe considerarse luego de practicar todos los descuentos. Es decir, de ser un tope para la remuneración bruta (antes de los descuentos) pasó a ser- lo para la retribución neta (después de las deducciones correspondientes a la seguridad social y al sistema impositivo).
La Sigen descubrió en junio de 2002 que en la Presidencia y los ministerio el cumplimiento del tope era del 90%. Lo que es lo mismo que hablar de incumplimientos en el 10% de los casos.
En los bancos y entidades financieras oficiales el cumplimiento era apenas del 29% y de sólo el 11% en las universidades nacionales. En las empresas y sociedades del Estado alcanzaba al 75 por ciento.
La Sigen emitió una recomendación: "En virtud de los incumplimientos observados se deberá proceder a recomendar a los organismos involucrados el inicio de acciones correctivas tendientes a superar las deficiencias expuestas, resarcir al erario público y, en su caso, disponer en forma sumaria el deslinde de las responsabilidades consecuentes".
No se sabe de casos en los que estas recomendaciones se hayan llevado a la práctica. Y la repetición de casos similares se intenta evitar en el proyecto de presupuesto 2004, de lo que se informa por separado.
"Es una locura que Julio Nazareno cobre una jubilación de $ 14.000 como ex miembro de la Corte Suprema, mientras que el Presidente apenas recibe $ 3000 de salario de bolsillo; no hay ninguna relación", sostienen en la administración pública.
Reclamos en cadena
"El problema es que si Kirchner anula el decreto que limita su propia remuneración y la de los funcionarios políticos, entonces habrá un aluvión de reclamos, muchos seguramente muy justos pero que pondrían en riesgo el superávit fiscal comprometido con el FMI y en la renegociación con los acreedores", reconocen algunos funcionarios.
Seguramente, docentes, jubilados y hasta los beneficiarios de los planes sociales querrían ver aumentados sus ingresos para de alguna manera paliar el efecto de empobrecimiento que les causó la devaluación y la inflación. Pero entonces el Estado se quedaría sin el efecto favorable para las cuentas públicas que causó tan tremendo ajuste.
El riesgo para Kirchner es, seguramente, arriesgar la gran valoración que tiene en la opinión pública. Parecería que entonces la única acción por tomar será dejar que el decreto de tope salarial venza solo.
De hecho, otras acciones draconianas de Rodríguez Saá han caído por el paso del tiempo. Una de ellas prohibía a la administración pública volver a comprar automotores. Venció el 31 de diciembre de 2002.
Mientras tanto, tendrá que ver cómo muchos de sus subordinados cobran, legalmente o no, bastante más que él mismo.
Según las estadísticas del Ministerio de Economía -no muy actualizadas, por cierto-, 1574 agentes, que representan el 0,6% de la dotación, tienen remuneraciones de más de $ 6000 mensuales. El haber promedio en ese pequeño universo es de $ 7944,75. Así se explica que siendo sólo el 0,6% de los empleados se lleven el 3,3% del gasto en personal.
En el rango más bajo, de hasta $ 500 mensuales, el 4,1% de las planta insume apenas el 1% del gasto.
Según las estadísticas, además, el 76,7% del personal cobra entre $ 501 y $ 2000 mensuales.
Claramente, el Presidente y sus ministros cobran menos que los legisladores nacionales y bastante menos que los miembros de las legislaturas de varias provincias. Se conocen casos de concejales mejor remunerados.
¿Y pensará Kirchner cuando habla con el director gerente del FMI, Horst Kšhler, en las diferencias entre las remuneraciones de ambos? Porque el alemán se lleva entre sueldo y gastos casi US$ 400.000 anuales, es decir, unos 95.422 pesos mensuales. O lo que es equivalente: más de 30 veces la remuneración del patagónico.
Para colmo, cobran más que Kirchner y sus ministros los representantes argentinos en los organismo multilaterales, lo que seguramente no será muy del agrado de los principales colaboradores del Presidente.
Muchos de los funcionarios, además, parecen haber dejado recientemente cargos mejor remunerados en otras jurisdicciones del sector público -incluido el provincial y municipal- que pagan mejor. Son los casos de los ministros Daniel Filmus y Julio De Vido, entre otros.
La reducción salarial a mansalva, por decreto de necesidad y urgencia, inconsulta y con fundamentadas sospechas de inconstitucionalidad en algunos aspectos, parece haber sido un gesto grandilocuente que buscó inútilmente, en los días de la presidencia de Rodríguez Saá, evitar la reiteración de los cacerolazos.
El problema es que su derogación podría generar otro o protestas y reclamos igualmente ruidosos.
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