Suba de cuotas: las prepagas afirman que, para la declaración jurada, se deben considerar los ingresos familiares de todo origen y advierten sobre los efectos de falsear datos

El presidente de la Unión Argentina de Salud (UAS), Claudio Belocopitt, afirmó hoy que, para determinar si se tienen ingresos inferiores a seis veces el salario mínimo, vital y móvil y, en consecuencia, acceder a la aplicación de un tope a la suba de cuotas de las prepagas, deberá tomarse en cuenta el dinero percibido no solo por una persona, considerada titular del plan, sino por el conjunto de los incluidos en el contrato.

Según el referente del sector, en las últimas horas se convalidó con funcionarios del Gobierno -desde donde no hubo declaraciones sobre el tema, pese a las consultas de LA NACION- que “sin ninguna duda” debe mirarse el ingreso familiar. Belocopitt sostuvo que, además, deben sumarse, en caso de existir, los ingresos de fuente no laboral, como, por ejemplo, los provenientes del alquiler de un inmueble o los rendimientos de alguna inversión.

El martes de la semana pasada la Superintendencia de Servicios de Salud emitió una resolución, reglamentaria del decreto de necesidad y urgencia 743, de noviembre último. En la normativa se estableció el mecanismo para solicitar, mes a mes y en los casos en que corresponda, la aplicación de un tope al incremento de los precios de los planes.

Desde mediados de 2022, las subas de cuotas habilitadas por el Gobierno son de un porcentaje equivalente a la variación de un índice de costos de salud elaborado por funcionarios del área de Salud. Ese parámetro seguirá utilizándose, pero desde este año hay dos novedades: los reajustes de precios serán mensuales, y ya no bimestrales, y, a quienes tengan ingresos de hasta seis veces el salario mínimo se les aplicará un tope al incremento, definido como el 90% de la variación mensual de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte).

Para las cuotas de febrero, la variación dl índice de costos determinó un aumento de 8,21%, en tanto que el tope vinculado con el Ripte es de 4,91%. Podrán pedir que se les aplique ese porcentaje más bajo quienes en diciembre hayan percibido no más de $371.718 (este valor se irá actualizando, cada vez que haya subas del salario mínimo).

La normativa de la Superintendencia no incluyó precisiones sobre qué debe observarse para saber si se cumplen las condiciones que permiten estar en el grupo de afiliados con subas topeadas. Y desde el Gobierno no se hicieron aclaraciones, pese a las consultas realizadas por LA NACION en los últimos días y hasta esta tarde.

Luego de declaraciones por parte de referentes de las prepagas y de las confusiones generadas sobre el tema, el lunes último la Superintendencia comunicó, con un posteo en su cuenta de Twitter, que las autoridades habían mantenido ese día una reunión “con las entidades de Medicina Prepaga para dialogar sobre la aplicación de las nuevas normativas del Decreto 743/2022″, en referencia a la medida del Poder Ejecutivo que dispuso no solo la segmentación del aumento de cuotas, sino también la obligación, para las prepagas, de poner a la venta planes con copagos un 25% más baratos que los contratos que no contemplan esos adicionales por consultas o prácticas médicas.

Belocopitt, también CEO de Swiss Medical, dijo con los funcionarios se habló sobre los detalles de la implementación del tope y que allí quedó convalidado que deben considerarse los ingresos familiares. Y afirmó, no hace falta que haya nuevas normativas aclaratorias. “Algo que quedó claro y se terminó de convalidar con las autoridades es que son, obviamente y sin ninguna duda, los ingresos del grupo familiar [los que deben tenerse en cuenta]. Es lo que corresponde; sino, tendríamos asimetrías ridículas. Por ejemplo, que alguien con un ingreso individual de $400.000 quede afuera del sistema del 90% del Ripte, y un matrimonio que entre los dos ganen $700.000 y contraten el mismo servicio, queden adentro”, sostuvo el directivo, en un diálogo con periodistas de distintos medios, entre ellos, LA NACION.

El decreto 743 estableció que el tope al encarecimiento de los planes se aplicará “respecto de los y las titulares contratantes que posean ingresos netos inferiores a seis salarios mínimos, vitales y móviles”. Según el directivo, dentro de un plan “son titulares todos y por eso no se necesita aclarar nada; todos forman parte de los que acceden al subsidio” si, eventualmente, lograran tener el aumento topeado.

Entre los afiliados a la medicina prepaga, hay quienes tienen contratos directos (son por ejemplo, autónomos o monotributistas), y quienes son asalariados que hacen la derivación de sus aportes para pagar, con ellos, parte de la cuota de la prepaga. Los incluidos en ambos grupos tienen la posibilidad de hacer la declaración jurada de ingresos para que el aumento sea más reducido (quedan afuera, en cambio, las empresas que se hacen cargo del pago de planes para sus empleados). En el sector advierten que tienen mayores posibilidades de controlar la veracidad de los datos declarados por quienes están en el segundo grupo. La preocupación por las dificultades para poder establecer si hay declaraciones falseadas es uno de los temas que los directivos le plantearon el lunes a las autoridades.

El directivo de la UAS advirtió que el sector va a hacer sus propias verificaciones, con los medios con los que cuente, “para analizar si la persona tiene realmente la capacidad económica que dice tener. “Para nosotros, otorgar esta bonificación tiene un impacto económico muy contundente”, aseveró. Y dijo que la situación se agravaría si existieran fraudes en las declaraciones de ingresos. Y admitió que aún no se pueden hacer cálculos sobre los efectos, porque no se sabe qué parte de los beneficiarios van a pedir el tope al incremento de cuotas. Hasta ayer, según la información que se recibió en el sector, se habían completado unas 150.000 declaraciones juradas.

En rigor, las empresas no podrían tomar decisiones por su cuenta, en caso de verificar que hay declaraciones falseadas, sino que deberían plantear la existencia de esas situaciones a la Superintendencia, que es la autoridad regulatoria y que, según lo establecido, deberá cruzar datos con la AFIP. De todas formas, Belocopitt aclaró, ante una consulta de LA NACION que, dado “el estado de confusión” que hubo en los últimos días sobre el tema, “no vamos a tomar ninguna medida” con respecto a las presentaciones hechas este mes.

Pero luego de este primer mes de la instrumentación de la medida, advirtió, si podría haber consecuencias: “Falsear una declaración jurada es causal de rescisión del contrato y de eventual demanda por daños y perjuicios, porque en definitiva el perjudicado final es el sistema privado de salud que cobra menos de lo que corresponde”, señaló.

Por otra parte, estimó que la brecha entre la suba de cuotas determinada por el índice de salud y el tope vinculado con el índice salarial se moderará a partir de abril. “En los dos primeros meses [febrero y marzo] la diferencia es muy amplia, pero en un año no debería haber más de 10 puntos de diferencia [acumulada] entre una cuota y otra [la que tenga aumentos según el índice de salud y la que suba con un tope]”, señaló Belocopitt. Pero, agregó, “aún así, si hay una cantidad de gente muy grande [con cuotas topeadas] el impacto puede ser muy grande”.

La puesta en marcha del sistema del índice de costos de salud les permitió a las prepagas cerrar 2022 con una suma acumulada en el año de 100,9%. Es un indicador con cuatro componentes: recursos humanos, medicamentos, insumos médicos y “otros insumos y gastos generales”.

Nuevos planes con cuotas más bajas

Con respecto a los contratos con copagos que deben ofrecer las entidades según lo dispuesto por el decreto 743, Belocopitt afirmó que hay entidades que tienen hay esa oferta y que hay algunas que están definiéndola en estos días. Según la normativa, por esos planes deben cobrar por lo menos un 25% menos que por los que no contemplan el pago de adicionales cada vez que se recurre a determinadas prestaciones médicas.

Lo establecido incluye también la condición de que un contrato y otro (con y sin copagos) sean “idénticos”. Según el presidente de la UAS, eso se refiere a las prestaciones, pero no a los prestadores. “No hay chances de garantizar que estén los mismos prestadores”, afirmó, porque son ellos los que deciden si van a atender o no a los afiliados de un determinado plan. “No pueden obligar a los prestadores a que trabajen conmigo”, sostuvo.

Los montos de los copagos, dijo, subirán a partir de marzo según la variación del índice de costos de salud. Y estimó que en el caso de las consultas médicas los valores actuales rondan los $1500 o $2000.