Prevén desregular otras áreas profesionales

El Gobierno tiene previsto avanzar en el proceso de desregulación del ejercicio de actividades económicas, e instará a las provincias a que se sumen en esta tarea.

Así lo aseguró a La Nación el secretario de Industria, Comercio y Minería, Alieto Guadagni, quien aseguró que el equipo económico estudia ahora disponer una mayor libertad de acción en el transporte y en los mercados de comercialización de productos alimenticios.

Anteayer, el subsecretario de Comercio Interior, Marcelo Garriga, anticipó que, mediante un decreto, se desregulará la actividad de los abogados, ingenieros, arquitectos, calígrafos públicos y veterinarios, entre otros profesionales que se encuentran agrupados en entidades que entregan las matrículas habilitantes ejercer las tareas.

Las autoridades de estos consejos profesionales manifestaron ayer su oposición a esta decisión del equipo económico, y coincidieron en señalar que no habrá ahorro de costos por la desregulación.

Sin embargo, Guadagni rechazó estas críticas al decir que "nuestra propuesta se interpretó mal, ya que no vamos a eliminar las matrículas".

Aclaró además que la medida tendrá alcance sólo en la Capital Federal, porque las provincias se reservan la competencia sobre la materia. Esto generará que una matrícula emitida en cualquier lugar del país habilitará a actuar en la ciudad de Buenos Aires, y en aquellas jurisdicciones que se sumen a la desregulación.

Economía avanzará en nuevas desregulaciones

El transporte de cargas y pasajeros y los mercados concentradores están en la mira; el decreto sobre profesiones en principio regirá sólo para la Capital Federal

El Ministerio de Economía avanzará próximamente en la desregulación de nuevos sectores e intentará convencer a las provincias para que se sumen al decreto que consagra la libertad de contratación de profesionales, sin limitaciones juridiccionales ni tarifarias.

Según pudo establecer La Nación la Secretaría de Industria, Comercio y Minería, que conduce Alieto Guadagni, analiza la posibilidad de compatibilizar los registros nacionales y provinciales vigentes para alimentos y el transporte de carga y pasajeros, además de eliminar restricciones que afectan a la distribución mayorista y minorista e impactan sobre los costos de cada una de estas actividades.

El estudio de las regulaciones existentes en cada sector forma parte de la agenda de trabajo del Subsecretario de Comercio Interior, Marcelo Garriga, y cuyos resultados buscarán plasmarse en una serie de normativas que complementarán lo establecido en el decreto sobre liberalización en el ejercicio de las profesiones.

En todos los casos, lo que se busca es avanzar en la desregulación de la economía, un proceso que iniciara hacia fines de 1991 el ex ministro Domingo Cavallo y que representaba una asignatura pendiente para la actual conducción económica en su lucha por reducir el denominado "costo argentino".

La primera etapa de la nueva ofensiva se concretará la semana entrante, cuando se gire a presidencia el decreto reglamentario sobre actividades profesionales para su promulgación.

Capital, banco de pruebas Esta norma, en principio, sólo elimina normativas residuales vigentes en la Capital Federal, en función de que la cuidad autónoma aún no ha legislado al respecto, pero para que logre ser efectiva en las provincias se necesita que cada juridicción adhiera mediante una resolución local.

En este sentido, Alieto Guadagni le recordó ayer a las provincias que, al firmar el Pacto Fiscal, "se han comprometido a avanzar en la desregulación de sus economías" y reconoció que aún "no lo han hecho en la manera esperada".

En diálogo con La Nación el funcionario se mostró confiado en persuadir a los distritos para que se sumen a la iniciativa. "Hemos dado el primer paso que es predicar con el ejemplo", dijo en referencia a que no podía reclamársele a las provincias cuando el propio Estado Nacional se había rezagado en esa tarea.

Guadagni aclaró además que el decreto "no elimina las matrículas, como se malinterpretó" y rechazó las críticas de los colegios al sostener que, en realidad, la medida "amplía los derechos de los profesionales al dar carácter nacional a las matrículas, eliminando las limitaciones juridiccionales".

La norma busca derogar, por ejemplo, los aranceles profesionales mínimos en Capital que rigen para la contratación de arquitectos, agrimensores, ingenieros, calígrafos públicos, notarios, veterinarios, sociólogos, abogados y procuradores, contadores, bioquímicos, geólogos, corredores, agentes de bolsa y martilleros. En todos los casos se establece taxativamente la libertad de negociar honorarios.

-¿No avanza entonces sobre derechos adquiridos?, consultó La Nación .

-Puede ser. Pero si no se hubiera avanzado sobre derechos adquiridos nunca se hubiera abolido la esclavitud, contestó sonriente Guadagni, quien además reconoció que la norma instala una desigualdad de hecho al permitir, por ejemplo, que al promulgarse el decreto "un profesional tucumano pueda trabajar en la Capital sin pasar por el colegio local, cuando su par porteño no podrá hacer lo mismo en esa provincia, a menos que la misma adhiera a la nueva norma.

Rechazo de los profesionales

Control: las entidades que representan a cada actividad destacaron la necesidad de seguir en sus funciones; descartan que haya una baja en los costos.

Los consejos que agrupan a los profesionales expresaron su rechazo al proyecto de decreto con el que el Gobierno busca ampliar la desregulación de las actividades de los abogados, contadores, arquitectos, ingenieros y agrimensores, entre otros. "Hay que diferenciar dos cosas. -aclaró Humberto Gussoni, secretario general del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal-. Por un lado se habla de la desregulación de honorarios, pero eso en la práctica ya existe".

El otro aspecto, según Gussoni, es el relacionado con el mecanismo de la matriculación para ejercer la actividad. Esto incluye la legalización de la firma; el establecimiento de un marco técnico y la acción de un tribunal de disciplina de acuerdo con un código de ética. "Tengo miedo de que el Gobierno quiera ejercer esa función al eliminar los consejos", especificó Gussoni.

Honorarios

Respecto del cobro de honorarios, explicó que, en el trabajo de los actuarios, economistas, contadores y administradores, se negocian libremente entre las partes, por lo que en esto no habría cambio alguno.

Sin embargo, el titular del Consejo Profesional de Ingenieros Civiles, Miguel Angel Oneto, afirmó que, si bien la libre negociación de aranceles fue dispuesta por el decreto 2284, de 1991, en el caso de esa actividad no fue derogada la ley que establece los aranceles, y esto sirve como referencia en varios casos.

"En una licitación, por ejemplo, no se puede ofrecer cobrar un arancel menor a determinada cifra, y eso protege a la profesión", agregó.

"No es verdad que con esta norma bajará el costo argentino. En nuestro caso, la cuota es de $10 mensuales, y todos los profesionales con cargos trabajan ad honorem", comentó.

Tras hacer hincapié en el mismo aspecto, el presidente del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación, Oscar Larrea, recordó que desde 1994 los consejos actúan como agentes de control previsional sobre los profesionales asociados, reportando la información a la DGI.

"No entendemos cómo Economía puede pretender desactivar a los Consejos cuando nuestros matriculados han sido designados por la Secretaría de Comunicaciones para controlar técnicamente el cumplimiento de las habilitaciones de todo tipo de emisión radioeléctrica.

"Genera temor en la sociedad que no exista control sobre quien vaya a ejercer una actividad profesional", señaló por su parte el presidente del Colegio de Escribanos de Capital Federal, Carlos D`Alessio.

Para Diego May Zubiría, secretario general del Consejo Público de Abogados de la Capital Federal, la norma "no logra sortear el test de constitucionalidad". Por un lado, según explicó, lo relativo al poder de policía sobre las profesiones corresponde al Congreso y no al Ejecutivo.

"Además, se trata de una competencia de los gobiernos provinciales, incluso en el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires", afirmó.

Por Javier Blanco

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