Proyectan que los juicios por riesgos del trabajo serán récord y estiman un costo de $2,3 billones
Hasta noviembre, se iniciaron 122.875 demandas, según afirmaron en la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo; allí creen que los casos serán 132.000 en todo 2025, por arriba del pico registrado en 2017
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LA NACIONIgnacio Grimaldi
El proyecto de reforma laboral del Gobierno llegó en el peor momento de la “industria del juicio”. Las aseguradoras proyectan que este año los juicios por riesgo del trabajo serán récord histórico -por encima del pico de 2017- y estiman que tendrán un costo de $2,3 billones.
En la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) ya contabilizaron 122.875 demandas iniciadas hasta noviembre pasado y calculan que cerrado este mes se llegará a las 132.000. En 2017 se habían acumulado 130.679 demandas, según los datos de las empresas.
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) había estimado que la “industria del juicio” -por riesgos del trabajo, que no incluyen despidos o trabajo no registrado, entre otras causas de litigio- tuvo un sobrecosto de US$1767 millones en 2024.
El informe oficial de la SRT, que abarca el período 2017 - 2024, relevó que el sobrecosto acumulado para el sistema llegó a US$7931 millones. Es poco más de un tercio del swap firmado con Estados Unidos.
La SRT proyectó a 2025, con datos de 2024, el promedio de recursos que insumen los juicios con sentencias por causas de riesgos del trabajo: se calculó en $27 millones. Aquellos casos que se resolvieron antes de llegar a los tribunales, es decir, en instancia administrativa, promediaron los $3 millones. En ese sentido, el sobrecosto al que aluden las fuentes oficiales y las empresas y que comúnmente se le adjudica a la “industria del juicio”, es de $24 millones por cada caso. Ese “sobrecosto”, según indicaron en el organismo gubernamental, equivaldría a la contratación de 161.873 trabajadores.
Según un análisis de la UART, el 55% de esos dividendos -de los sobrecostos- van hacia el trabajador damnificado. El 45% restante queda en los bolsillos de la “intermediación judicial”.
¿Cómo funciona el sistema?
Cuando ocurre un accidente laboral, el trabajador tiene la posibilidad de acceder a su Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART) para costear su prestación médica y subsanar cualquier daño sufrido.
En caso de que haya diferencias entre el trabajador damnificado y la ART, empiezan a actuar las Comisiones Médicas de la SRT. Estas determinan qué grado de incapacidad afecta al empleado y calculan una indemnización basada en un baremo. Pero puede existir otra instancia, que es la conocida como “industria del juicio”, una generalización que en el sector privado usan para referirse a los casos que no se resuelven en la instancia administrativa, terminan en la Justicia y que se nutren de pericias presuntamente infladas.
Si la determinación de la Comisión Médica no satisface al trabajador damnificado, puede acudir a los tribunales. Según fuentes oficiales, el 10% de los trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo llega a esta instancia. La gran diferencia entre la etapa judicial y la prevista por el sistema de la SRT es el cálculo de la incapacidad detectada y, en consecuencia, el monto de la indemnización.
Según cifras oficiales, el grado promedio de incapacidad detectada en la Comisión Médica es de 1,9%, mientras que el de la instancia judicial asciende a 13,1%. A mayor incapacidad, indemnizaciones más altas. Fuentes empresariales indicaron que cada punto de incapacidad equivale a aproximadamente $1.700.000.
Un caso puntual ayuda a entender este mecanismo. En la UART lo bautizaron como “el esguince de los $300 millones”. En febrero de 2018, según narraron, un conductor de un camión al bajar del vehículo sufrió “entorsis de rodilla derecha, luxación, esguince y torcedura”.
La secuencia siguió con la cobertura de la ART: diez sesiones de rehabilitación y alta médica en dos semanas. “Retornó a su trabajo y no realizó consultas médicas posteriores. La Comisión Médica dictamina 0% (de incapacidad)”, describieron en UART. Pero la historia no terminó ahí. El asunto llegó a los tribunales y los peritos judiciales le otorgaron un 8,71% de incapacidad. “La sentencia toma porcentaje de la pericia 8,71%, y condena por $3.939.330,14 más intereses (IPC más 3%) desde el accidente, lo que da $292.227.923,27″, detallaron. Esos casi $300 millones luego fueron apelados y el monto bajó a $15 millones.
El foco del problema está puesto al día de hoy en la enorme brecha entre el peritaje de la Comisión Médica y el de la instancia judicial. “En la actualidad existe un fuerte desequilibro entre la instancia administrativa y judicial“, evaluó la SRT. Adjudicó esta situación, entre otros factores, al hecho de que ”los honorarios de los peritos se encuentran sujetos al pleito". Mayor el monto de la demanda, más alta es la ganancia de la intermediación judicial.
A propósito de esto, en el Gobierno dirigieron las miradas al proyecto de modernización laboral que esta semana firmó el presidente Javier Milei. El artículo 78 de la iniciativa hace referencia directa a los peritos médicos y psicológicos: “Sus trabajos serán retribuidos tomando en consideración exclusivamente la relevancia, calidad y extensión de la labor profesional realizada, con total prescindencia del monto del proceso y de la gravedad de las constataciones efectuadas”.
Más allá de que esta iniciativa legislativa todavía debe pasar por el Congreso, las empresas reclaman la implementación de la ley 27.348, aprobada en 2017. “Si se aplicara, los juicios laborales serían la excepción y casi todo se resolvería en instancia administrativa”, sostuvo un importante representante del sector asegurador.
La modificación más relevante que plantea esta normativa es la creación y participación de cuerpos médicos forenses, encargados de determinar el grado de incapacidad del trabajador tras un daño, sin tener sus honorarios atados al monto de la sentencia. El dilema es que esta ley no se implementa en todo el país.
De acuerdo con un relevamiento de la SRT, adhirieron todas las provincias menos La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, La Pampa y Santa Cruz. Pese a que la mayoría de las jurisdicciones tiene vigente la ley en su territorio, eso no es sinónimo de que se aplique.
“La conformación y correcto funcionamiento de estos cuerpos es indispensable para garantizar transparencia, objetividad y certeza en los procesos judiciales, evitando indemnizaciones abusivas que comprometen la sostenibilidad del sistema", afirmó la UART.
Según la entidad, en Mendoza el cuerpo de peritos provincial corrigió “incapacidades que resultan ser un 69% más bajas que las determinadas por los peritos judiciales de lista”. Pero la gran cantidad de demandas expone una contracara: “Solo revisó un 1,5% del total de casos notificados”.
Sobre la judicialización de los casos que llena a la Justicia de nuevos expedientes, la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe registraron una evolución destacada por el sector empresarial. Hay un “boom” de demandas, por ejemplo, en territorio bonaerense. Allí se iniciaron 16.359 juicios durante 2019, mientras que en lo que va de 2025 ese número saltó a 51.523, según la UART. En Santa Fe, la cantidad de demandas creció 127% en los últimos tres años.
Con relación a la explosión de litigios que arriban a la Justicia, la SRT agregó: “Más del 70% de los casos laborales que llegan a la Justicia fueron previamente evaluados por las comisiones médicas, que determinaron que no existe incapacidad”.
El capítulo de la “industria del juicio” -particularmente para los riesgos del trabajo- forma parte del proyecto de modernización laboral. Las empresas siempre alegaron que su “sobrecosto” es una piedra en el zapato para contratar nuevos empleados. El Gobierno ahora enfrenta el desafío de avanzar en el Congreso para ver si ese cambio de reglas alcanza para terminar con el estancamiento en el mundo laboral.
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