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Qué hace falta para consolidar la baja de la inflación
El anuncio del Gobierno sobre el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central puede representar un paso gigante en la búsqueda de la estabilidad económica; la falta de independencia del BCRA está trayendo hoy consecuencias negativas para la estabilización de precios
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PARA LA NACIONMarcos Buscaglia
En el año 2004, el economista noruego Finn Kydland y el norteamericano Edward Prescott ganaron el premio Nobel de Economía en gran parte en base a una contribución fundamental a la ciencia económica: el entendimiento de lo que se llama la inconsistencia temporal en las decisiones económicas (o en cualquier decisión para el caso).
El problema es simple: lo que es óptimo hoy puede no ser óptimo si las circunstancias cambian en el futuro. Un gobierno puede prometer no implementar políticas expansivas antes de las elecciones pero, llegadas las mismas, si la economía está débil lo más probable es que termine expandiendo el gasto fiscal. Un gobierno puede prometer no otorgar asistencia en zonas anegables para evitar que la gente se asiente en dichos lugares pero, llegado el caso de una inundación, lo más probable es que termine otorgando ayuda a los damnificados. Esto genera, como consecuencia, problemas de credibilidad en la política económica. Como la gente es racional, si el gobierno no tiene ninguna forma de “atarse al mástil”, como Odiseo ordena a sus marineros para evitar escuchar el canto letal de las sirenas, la gente anticipará la futura acción del gobierno. En los ejemplos mencionados, el mercado demandará tasas de interés más altas para financiar al gobierno sabiendo que este expandirá el gasto en años electorales, y la gente se asentará en tierras anegables. Kydland y Prescott formalizaron este problema en un paper de 1977, que los llevó a recibir el Nobel de Economía, y que incluyó como ejemplo los problemas de política fiscal y de la política de estabilización monetaria.
El ejemplo más típico de la inconsistencia temporal aparece justamente en la política monetaria. Un banco central puede prometer tener la inflación baja pero, una vez que contratos como alquileres o salarios ya fueron fijados en términos nominales, quizás le convenga expandir la cantidad de dinero para tratar de estimular la economía y así bajar el desempleo. El problema, nuevamente, es que los agentes económicos anticiparán este comportamiento, y basarán la fijación de precios ya en el período anterior suponiendo que vendrá una expansión monetaria, terminando con una inflación muy elevada no por una toma de decisiones irracional (al final de cuentas, en algunos casos lo más razonable quizás si era expandir la política monetaria), sino por la (anticipada) incapacidad de los funcionarios de mantener su compromiso con una política determinada.
El aporte teórico de Kydland y Prescott abrió un importante debate con consecuencias muy prácticas sobre la política económica: ¿cómo se puede superar el problema de credibilidad que surge de la inconsistencia temporal? Una forma es la adopción legislada de reglas inamovibles, como la Convertibilidad (tipo de cambio fijo) o la dolarización. El tema es que si bien estas reglas solucionan el problema de inconsistencia intertemporal, son muy rígidas y exacerban el ciclo económico. En la Argentina lo vivimos cuando a fin de los 90 la fortaleza del dólar, la caída del precio de nuestros productos de exportación a mínimos históricos y la devaluación de Brasil, nuestro mayor destino de exportaciones industriales, llevaron a años de recesión y de elevado desempleo y, finalmente, a la caída del régimen.
El debate académico llevó a la conclusión de que un balance apropiado entre credibilidad y flexibilidad puede lograrse mediante la delegación de la política monetaria a un banco central independiente. En efecto, a partir de 1990 primero países como Nueva Zelanda, Suecia y Chile y luego muchos otros otorgaron la independencia operacional al banco central para lograr los objetivos de inflación propuestos por el gobierno y/o el congreso de cada país. Los resultados fueron espectaculares. La inflación se desplomó en el mundo, llegando al 2% o 3% anual en la mayoría de ellos. El fenómeno se expandió también a Latinoamérica, cuyos países hasta la década del 80 y algunos hasta los 90 compartieron los problemas de alta inflación que afectaron a la Argentina. Sin embargo, a partir de la independencia operativa de sus bancos centrales, con metas de inflación anuales que van desde el 2% en el caso de Perú, al 3% en casos como Brasil, Chile, Colombia y México, el 3,5% en el caso de Paraguay, o al 4,5% en el caso de Uruguay, han logrado la estabilidad monetaria que fue tan elusiva para nuestro país.
Es por ello por lo que el anuncio del gobierno de que pretende reformar la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA) puede representar un paso gigante en la búsqueda de la estabilidad económica.
La falta de independencia del BCRA está trayendo hoy consecuencias negativas para la estabilización de precios incluso en la presencia de una política fiscal formidable. En ausencia de credibilidad de la autoridad monetaria, la inercia inflacionaria aumenta, porque –sin una referencia creíble del objetivo de inflación—las empresas aumentan sus precios cuando hay shocks de precios relativos. En países como Chile, con una política monetaria creíble, los shocks de precios relativos como el de la carne son tratados como tales. En la Argentina, ante shocks de precios relativos, a los agentes económicos les cuesta entender si se trata de eso o de un aumento de la inflación en general, y por lo tanto aumentan sus precios, generando así inercia inflacionaria. Este efecto se vio claramente en la segunda mitad de 2025 y el primer trimestre de 2026, cuando un shock al precio de la carne derivó en un aumento de la llamada inflación núcleo (las estadísticas de inflación núcleo intentan medir las fuerzas más persistentes de inflación, dejando de lado los precios más volátiles).
La independencia de un banco central tiene dos componentes esenciales: la ausencia de financiamiento al gobierno, y la independencia operativa de sus funcionarios para cumplir con su mandato. Este, además, tiene que restringirse a la estabilidad de precios. Algunos bancos centrales, como la Reserva Federal de los Estados Unidos, agregan el mandato de conseguir máximo empleo, el cual en la mayoría pero no en todos los casos es compatible con la estabilidad de la moneda. En la Argentina, después de la reforma de la Carta Orgánica del 2012, el BCRA tiene como mandato promover “en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”. Falta que le pidan garantizar la felicidad de los argentinos. No es casualidad que hayamos casi terminado en hiperinflación en el último gobierno kirchnerista.
Se conoce poco del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA que promueve el Gobierno pero las declaraciones del nuevo vocero presidencial Adrian Ravier sugieren que está bien enfocada. El único mandato del BCRA sería preservar el valor de la moneda, prohibiría el financiamiento al Tesoro, tanto en pesos como usando las reservas internacionales, restringe la distribución de utilidades, endurece las penas para las autoridades que utilicen el BCRA para financiar el gobierno (de manera indirecta) y fortalece el esquema de gobernanza del BCRA, elevando los requisitos para remover a los directores y al presidente. Sobre este último punto no hay muchas más precisiones. La experiencia internacional muestra que un esquema de vencimiento escalonado del mandato de los directores es crucial para su independencia de facto del poder político: la idea es que ningún presidente pueda nombrar a la mayoría del directorio del banco central.
Un banco central independiente permitiría aumentar la credibilidad de la autoridad monetaria, reduciendo así los costos de desinflar la economía, y garantizar que futuros gobiernos no recurrirán al financiamiento inflacionario del déficit fiscal. Sin embargo, no tenemos que hacernos trampa al solitario: en la Argentina enfrentamos un problema adicional, y es que a las leyes se las lleva el viento. Así como el Congreso pudo votar la privatización o la nacionalización de YPF con el mismo entusiasmo (Felipe Solá, por ejemplo, votó ambas leyes), puede apoyar esta nueva Carta Orgánica del BCRA y después volverla a cambiar en unos pocos años. Lo óptimo sería elevar la independencia del BCRA al rango constitucional, pero esa es una caja de pandora que nadie quiere abrir. La alternativa, entonces, sería poder aprobar la ley con la mayor parte del arco político posible, al menos incluyendo al peronismo no kirchnerista en el proceso.
El gobierno también impulsa otra reforma, el llamado “shutdown": es el cierre parcial que ocurre en el poder ejecutivo de los Estados Unidos cuando el Congreso no le aprueba un aumento de la capacidad de endeudamiento.
Podemos enmarcar esta discusión también en torno a la idea de inconsistencia temporal de Kydland y Prescott. Su contribución dio lugar a importantes desarrollos teóricos y prácticos sobre la política fiscal, dando nacimiento a las llamadas reglas fiscales. La idea de las reglas fiscales es análoga a la de la delegación de la política monetaria en un ente independiente: cómo generar instituciones que permitan evitar el sesgo deficitario que tienen todos los países, como evitar ciclos políticos (gastos excesivos para ganar elecciones), y cómo ahorrar en tiempos de vacas gordas, entre otros, limitando la discrecionalidad de los gobiernos. En Latinoamérica, varios países adoptaron reglas fiscales y, aunque el éxito es más limitado que en el caso de los bancos centrales independientes, permitió orientar el debate fiscal en toda la región. En Chile, por ejemplo, posibilitó al gobierno ahorrar fondos por más de US$15000 millones durante los años de elevados precios del cobre, los cuales le permitieron por ejemplo tener una política fiscal muy expansiva durante la pandemia. Quizás el “shutdown” no sea la mejor versión de una regla fiscal, pero bienvenido el debate. Para cualquier solución se requiere un amplio apoyo político, para evitar que pase lo mismo que con reglas fiscales como la del “déficit cero”.
Instituciones monetarias y fiscales más fuertes permitirán cimentar el proceso de probidad fiscal y baja inflación, pero son letra muerta sin el apoyo de gran parte del arco político nacional. Como el que tiene la selección. ¡Vamos Argentina!
Tipo de trabajo:
análisis
