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Qué pasó con YPF y el fallo de la jueza Preska
La Justicia de Estados Unidos accedió a una solicitud de los fondos demandantes y dictaminó el embargo del 51% de la participación estatal en la compañía energética; el Gobierno nacional apelará la medida
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LA NACION
El juicio en Nueva York por la estatización de YPF escaló a un nuevo nivel de tensión. Una decisión de la jueza Loretta Preska impactó de lleno en la estrategia de defensa argentina y puso en el centro del debate el futuro de las acciones de la petrolera. La magistrada avanzó con una medida que afecta directamente la propiedad de la compañía y genera un complejo escenario para el Gobierno.
¿Qué ordenó la jueza Loretta Preska sobre YPF?
La jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, ordenó a la Argentina la entrega del 51% de las acciones de YPF a los fondos que ganaron el juicio por la expropiación. La medida funciona como un método de pago por la sentencia adversa de primera instancia, que en 2023 fijó una compensación de US$16.100 millones más intereses para los demandantes.
La obligación se debe a que la magistrada accedió a la solicitud de embargo que presentaron los litigantes, los fondos Burford Capital y Eton Capital. La orden obliga al país a transferir su participación mayoritaria en la compañía como parte del cumplimiento del fallo.
Por qué esta decisión es sorpresiva
El dictamen de Preska resultó inesperado por varios motivos. El propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en noviembre pasado, presentó un escrito ante la Corte para solicitar el rechazo de ese pedido de embargo.
El gobierno de Joe Biden fue alertado en su momento por la Procuración del Tesoro sobre las implicancias de una orden de este tipo sobre activos que se encuentran en otra jurisdicción. Además, las acciones de YPF que posee el Estado argentino están registradas en la Caja de Valores de Buenos Aires, no en Nueva York.
Qué pasará ahora con las acciones
El Estado argentino no cumplirá con la orden de manera inmediata y apelará la decisión. El principal argumento legal local es que la ley 26.741, que habilitó la expropiación de YPF, prohíbe en su artículo 10 la transferencia de las acciones expropiadas sin una previa aprobación del Congreso de la Nación.
“La Argentina puede apelar esta decisión sin antecedentes de la jueza Preska”, afirmó Sebastián Soler, ex viceprocurador del Tesoro. “La propia jueza, o en su caso la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, deberían suspender los efectos de la orden de Preska hasta que se resuelva la apelación”, detalló.
El proceso judicial avanza en paralelo en la Corte de Apelaciones, donde tanto la Argentina como los fondos buscan una revisión del fallo de primera instancia. El Estado quiere revertir la sentencia, mientras que los demandantes piden que se incluya a YPF como responsable solidaria.
Cuál es el origen del juicio por la expropiación de YPF
El litigio se centra en el incumplimiento del estatuto de la propia petrolera durante el proceso de estatización de 2012. Los fondos sostuvieron que el gobierno de Cristina Kirchner no lanzó una oferta pública de adquisición (OPA) sobre el total de las acciones, como indicaba el reglamento de YPF. El artículo 7º de ese estatuto obligaba a cualquier inversor que adquiriese más del 15% de la compañía a realizar una oferta por el 100% del capital.
La defensa argentina siempre planteó que la Constitución Nacional y la ley de Expropiación prevalecen sobre el estatuto de una empresa privada, pero una declaración del entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, fue clave para el fallo.
“Créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto!”, dijo Kicillof en el Congreso. La jueza Preska citó esta frase en su sentencia.
Quiénes son los demandantes
Los beneficiarios del fallo son dos fondos: Eton Park y Burford Capital. Eton Park ya era accionista de YPF al momento de la estatización. Burford Capital, en cambio, es un financista de litigios que compró el derecho a demandar a la Argentina en la justicia española, luego de la quiebra de las empresas Petersen.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.
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