Razones para inquietarse por el rumbo argentino
En medio de la virulenta segunda ola de contagios y muertes por Covid, el gobierno de Alberto Fernández ingresó de lleno en esas típicas dinámicas de crisis donde cada problema, conflicto o escándalo es tapado por el siguiente, sin que ninguno quede resuelto. Tras una semana desconcertante, que arrancó con el frustrado relevo de Federico Basualdo ante el respaldo de La Cámpora y culminó con el insólito rechazo del oficialismo al fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de las clases presenciales en la CABA, el resultado es un mayor debilitamiento político del Presidente y también del ministro de Economía, que transita por un desfiladero cada vez más estrecho. Todo en vísperas de la gira europea en busca de apoyo externo (y papal) para negociar la postergación de un vencimiento con el Club de París (US$ 2.400 millones), que requiere un incierto entendimiento previo con el Fondo Monetario Internacional.
La “foto de la unidad” en el acto de Ensenada no fue más que una ampulosa puesta en escena de campaña para encubrir las inocultables diferencias ideológicas dentro del heterogéneo Frente de Todos sobre el rumbo a seguir antes y después de las elecciones. Por ahora no los une el amor sino el espanto (de perderlas), diría Borges.
Al radicalizar su discurso y mimetizarlo con el embate de Cristina Kirchner contra la Corte, el Presidente dejó en claro que la batuta está en manos de la vicepresidenta, por más que sus palabras impliquen desconocer el principio republicano de la división de poderes. Si un fallo no es favorable al oficialismo, pasa a ser producto de una acción conspirativa coordinada con la oposición y los medios no oficialistas. Este argumento patentado por CFK se entronca con otro -repetido ahora vía Twitter-, de que los jueces no son elegidos por voto directo, que ya había sido utilizado durante su segundo mandato en su fallido intento de “democratizar la Justicia”. No sólo es claramente inconstitucional, sino que está más cerca de una concepción autocrática que democrática de gobierno.
Con su habitual concisión, el politólogo Rosendo Fraga sostiene que esta reacción del Poder Ejecutivo transformó un conflicto político en institucional. Otra muestra fue la clase virtual sobre “lawfare” de Amado Boudou, invitado por la Facultad de Derecho de la UBA, pese a ser el único ex funcionario K condenado a prisión con sentencia firme de la CSJ (en la causa Ciccone, iniciada en 2012) tras 16 instancias judiciales.
Por el flanco de la economía las señales del oficialismo también son preocupantes. Más allá de la extravagancia de Alberto Fernández al comparar las políticas del presidente de los EE.UU. con las del peronismo (“Juan Domingo Biden”, desvirtuada analíticamente por Sergio Berensztein en LA NACION), cada acción de campaña incluye consignas populistas más afines a Axel Kicillof y La Cámpora que al discurso heterodoxo pero moderado y racional de Martín Guzmán, pese a que los resultados con la inflación no lo acompañen. Nada que ver con su objetivo de “tranquilizar” la economía.
Sin ir más lejos, el proyecto de declaración de los senadores ultra K que esta semana tuvo dictamen combina dosis similares de hipocresía y desconocimiento para marcarle la cancha de la negociación con el Fondo. Por un lado, plantea que la asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) que al igual que los demás países miembros recibirá la Argentina en agosto (equivalente a US$ 4300 millones), no deberá destinarse al pago del vencimiento de este año sino a gastos de la pandemia, como si fueran un rubro genérico del Presupuesto. Por otro, ignora que los DEG no son una moneda sino una unidad de cuenta, utilizable solo para pagos entre países u organismos multilaterales. Meses atrás, los senadores K habían reclamado un plazo de 20 años para refinanciar la deuda, aunque el estatuto del FMI no admite más de 10.
Puertas adentro, la intención del oficialismo de ganar a cualquier costo las elecciones en el decisivo conurbano bonaerense, genera más incertidumbre macroeconómica pre y poselectoral, sólo atenuada en estos meses por el ingreso extra de agro dólares y la mayor recaudación de retenciones. También conflictos entre las primeras y segundas (o terceras) líneas del Gobierno, normas contradictorias y controles selectivos o discrecionales.
Así como Kicillof controla las vías de salida de la CABA y hace la vista gorda con las atestadas ferias del conurbano, la Secretaría de Comercio Interior verifica precios, costos y producción de empresas sujetas a precios máximos, pero se desentiende del resto. Otro tanto ocurre con la AFIP entre los contribuyentes registrados y las empresas o comercios que operan en negro. Para completar el cuadro, ARBA acaba de extender la “cláusula Cristóbal Lopez” a la moratoria de Ingresos Brutos por percepciones del impuesto; eso sí, sin que bajen las alícuotas.
Mientras tanto, cada punto de déficit fiscal se financia con mayor impuesto inflacionario (emisión monetaria), deuda en pesos y presión tributaria formal. Todo a contramano de la necesidad de aumentar la inversión privada (que en 2020 cayó a 13% del PBI) y crear empleos formales.
Un breve repaso de lo que se dice y no se dice oficialmente muestra cómo funciona la política económica en modo electoral:
1) La disputa irresuelta entre Guzmán y Basualdo por el aumento de las tarifas de electricidad en el AMBA, quedó en suspenso con la promesa de un esquema de aumentos segmentados anunciado a fin de 2020 y que no se concretó. Pero nadie dice que en varias provincias los ajustes fueron entre dos y tres veces superiores al 9% que rige desde este mes para Edenor y Edesur.
2) Los subsidios económicos fueron el gasto que más creció en el primer trimestre de 2021. Según el Estudio Broda, totalizaron $ 162.800 millones, con un alza en términos reales (ajustada por inflación) de 95,7% respecto del mismo período del año anterior ($ 59.200 millones).
3) En el sector energético (con $ 105.000 millones) el aumento real fue de 133%, concentrado en Cammesa ($ 71.000 millones); Plan Gas ($ 16.500 millones) y IEASA (ex Enarsa, con $ 12.800 millones). En transporte, el monto de $ 34.800 millones implica una suba real de 21,8% y se repartió casi en partes iguales entre transporte automotor (colectivos) y ferroviario.
4) Con el ajuste de 9% en electricidad y otro similar en gas, Broda calcula que los subsidios económicos treparán este año a casi $ 1,5 billón (2,8% del PBI), 50% por encima del Presupuesto.
5) Según cifras oficiales, entre febrero de 2021 y de 2020 se perdieron en el sector privado 155.000 empleos asalariados (-2,6%) y 18.200 en casas particulares (-3,6%), mientras aumentaron 39.400 (1,2%) en el sector público. También subió en 26.500 el número de monotributistas (1,6%), pero bajó en 18.000 el de autónomos (-4,5%).
6) Cada aumento extra del gasto público no es compensado por reducciones puntuales en otros rubros aunque, paradójicamente, no se dice que los únicos que muestran retrocesos reales en el primer trimestre fueron las jubilaciones (-8,8%) y salarios estatales (-6%).
7) La ley de blanqueo de pesos y dólares no declarados para fomentar inversiones en nuevos proyectos inmobiliarios o con avance inferior a 50%, fue reglamentada por la AFIP a fines de abril y la alícuota de 5% vence el próximo lunes 10 de mayo. Luego pasará a 10% y en julio a 20%, salvo que haya una prórroga. Como la ley de alquileres contrajo la oferta de viviendas, la mejor idea que se le ocurrió ahora al ministro de Vivienda es un impuesto a los inmuebles ociosos.
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