Reforma previsional, la apuesta económica de Bolsonaro

El jueves último, aun en recuperación tras haber salido de su internación en un hospital, Bolsonaro habló de los cambios jubilatorios
El jueves último, aun en recuperación tras haber salido de su internación en un hospital, Bolsonaro habló de los cambios jubilatorios Crédito: Twitter
El presidente de Brasil abrirá el miércoles el debate para modificar el sistema jubilatorio; los analistas señalan que, sin cambios, se afectarán las posibilidades de crecimiento y eso impactará en la Argentina
Alberto Armendáriz
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17 de febrero de 2019  

RÍO DE JANEIRO.- Tras la peor recesión en la historia de Brasil (la de 2015 y 2016) y luego de dos años de una tibia recuperación del gigante sudamericano, la Argentina apuesta a que ahora, con el gobierno de Jair Bolsonaro y su equipo económico neoliberal, nuestro vecino retome el camino de un claro crecimiento. Pero para que las políticas de ajuste fiscal den resultado, Brasil necesita antes desactivar una bomba de tiempo fiscal: su sistema previsional, que desde hace dos décadas acumula déficits crecientes y amenaza llevar al país a la bancarrota.

"Me gustaría no hacer ninguna reforma de las jubilaciones, pero estamos obligados a hacerla porque, de lo contrario, Brasil quebrará en 2022 o 2023", reconoció Bolsonaro el miércoles último, en medio de grandes expectativas del mercado y temores de los trabajadores sobre el proyecto de su superministro de Economía, Paulo Guedes, de pasar del modelo de reparto a uno que también incluya elementos de capitalización.

La esperada propuesta del gobierno será presentada el próximo miércoles y enviada de inmediato al Congreso para su discusión. Allí enfrentará grandes obstáculos, por la resistencia a reducir privilegios y por el requisito de toda enmienda constitucional respecto de que sea aprobada en dos turnos en cada cámara, con 3/5 de los votos de diputados y de senadores. Por ahora, el único punto conocido entre los que incluirá el proyecto es que se establecerá una edad mínima de jubilación -hoy inexistente en el caso de los trabajadores del sector privado-, de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres, con un período de transición hacia ese esquema de 12 años.

Actualmente, en Brasil existen dos grandes sistemas previsionales: el régimen general de la previdencia social (RGPS), para trabajadores del sector privado, y los regímenes propios de previdencia social (RPPS), para empleados públicos y militares.

El RGPS atiende a más de 30 millones de personas y no cuenta con una edad mínima para el retiro. Los hombres se jubilan con 35 años de contribuciones y las mujeres, con 30 años de aportes. En promedio, los hombres brasileños se jubilan a los 56 años y las mujeres, a los 53. En caso de no haber realizado contribuciones al sistema, se prevé la jubilación a los 65 años de edad para los hombres y a los 60 años para las mujeres, con un beneficio básico que no puede ser menor al salario mínimo (hoy, de 954 reales, unos US$255). En la práctica y debido al alto nivel de informalidad de la economía, el 67% de los trabajadores del sector privado se jubila por edad.

En los RPPS, con casi cuatro millones de beneficiarios a quienes se los considera "privilegiados", la edad mínima para jubilarse es de 55 años en el caso de los hombres y de 50 años para el caso de las mujeres, con aportes obligatorios por 35 y 30 años respectivamente. Y los importes de los beneficios que reciben los jubilados de los RPPS son muy distintos a los del RGPS: mientras que el valor promedio de una jubilación de los estatales es de 9000 reales (US$2420) y el de la prestación de un militar, de 13.700 reales (US$3680), entre los retirados tras haber trabajado en el sector privado, la media apenas llega a 1300 reales (US$350).

Con un expectativa de vida general de 76 años en Brasil y con el crecimiento de los privilegios, el déficit previsional alcanzó el año pasado el récord histórico de 290.297 millones de reales, una cifra que equivale a 4,25% del PBI (el gasto total en jubilaciones y pensiones de Brasil representa el 13% del PBI). Para el gobierno, el agujero previsional es el principal factor del déficit primario del país, que en 2018 -quinto año sucesivo de déficit primario- fue de 120.000 millones de reales.

"Desde 1997, los gastos en beneficios previsionales superan la recaudación. Ya debería haber habido una reforma integral", dijo a LA NACION Kaizo Beltrão, profesor de Ciencias Estadísticas de la Fundación Getulio Vargas especializado en jubilaciones.

La situación se agudizó luego de la recesión de 2015 y 2016, cuando la economía brasileña se contrajo 3,5% cada año, la tasa de desempleo trepó al récord de 12,7%, y la inflación subió a 10,6%. El escenario fue mejorando desde 2017, con una expansión del PBI de 1% aquel año y un crecimiento estimado de entre 1,1% y 1,3% el año pasado. La inflación, además, se redujo a 3,7%, pero la desocupación continúa elevada, en 11,6%, y también es muy alto el grado de informalidad en el mercado de trabajo (11,5 millones de personas).

"Mientras tanto, los gastos en previsión social aumentaron 50.000 millones de reales por año. El impacto que eso tiene en toda la economía es tremendo; implica que haya recortes en todas las áreas y que la deuda pública bruta aumente de manera galopante", advirtió el economista Pedro Fernando Nery, coautor junto a Paulo Tafner del libro Reforma de la Previdencia: ¿por qué Brasil no puede esperar?, y asesor del Congreso en temas jubilatorios.

Nery resaltó que los gastos previsionales representan hoy el 58% del presupuesto del sector público y que, si no hay cambios, para 2026 alcanzarán el 79%; o sea, habrá solo un 21% del dinero disponible para afrontar los costos de personal, salud, educación, seguridad y otros servicios dados por el Estado.

Según los cálculos del equipo de Guedes -que desde un principio buscaba una reforma más ambiciosa, con una edad mínima de jubilación de 65 años tanto para hombres como para mujeres y un período de transición de 10 años-, si se aprueba el proyecto que se presentará al Congreso, en la próxima década Brasil ahorraría un billón de reales. La idea del gobierno es reducir los déficit públicos y frenar el aumento de la deuda pública bruta, que el año pasado llegó al 77% del PBI.

Aún resta ver cómo se modificarán los regímenes propios de previdencia social de empleados públicos y de las fuerzas armadas, un tema por demás espinoso, sobre todo si se tiene en cuenta el gran peso que tienen los militares en el gobierno de Bolsonaro. El presidente ha dudado mucho sobre qué cambios hacer y sobre cuándo hacerlos; se espera que sean realizados en una segunda etapa, una vez que el Congreso ya apruebe las modificaciones en el régimen general, que requieren de una enmienda constitucional (los otros pueden ser alterados directamente por una ley normal).

"Hay un consenso generalizado en que habrá que reducir privilegios de los empleados públicos y militares, la incógnita es cuánto estarán dispuestos a ceder estos grupos, que obviamente tienen situaciones diferentes. Lo importante es que todo el proceso se haga con transparencia y con un debate serio", apuntó la abogada Adriane Bramante, presidenta del Instituto Brasileño de Derecho Previsional.

Advertencias sobre Chile

Según la opinión de Bramante, también es necesario analizar mejor el modelo de capitalización de Chile, en el que Guedes y su equipo se inspiran. "Allí ahora vemos que no funcionó bien, que hay muchísimos jubilados que no llegan a fin de mes y se suicidan. Imagine lo que puede suceder en un país mucho más desigual socialmente, como es Brasil", alertó. Y rechazó que, al menos en el futuro cercano, la reforma previsional brasileña pueda servir de ejemplo para otros países como la Argentina. "Las condiciones de Brasil son muy especiales. Veremos con qué tipo de reforma terminamos; porque de nada sirve eliminar los déficit si tenemos personas muertas en las calles", dijo.

Por su parte, el profesor Beltrão señaló que la reforma previsional debería venir acompañada también de un cambios tributarios y de la administración federal. "Hoy, las empresas tienen que pagar un 20% del salario de sus empleados para la seguridad social, lo que desincentiva mucho la contratación y empuja a más trabajadores a la informalidad; es parte del famoso 'costo Brasil'. Y luego, hay que terminar con la enorme cantidad de asesores que se pueden tener en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que han hecho gigante el aparato estatal", afirmó.

Por lo pronto, la presentación del proyecto de reforma en el Congreso será la gran prueba de fuego del gobierno de Bolsonaro. Su antecesor, Michel Temer, también introdujo una iniciativa similar, pero quedó estancada en la Cámara de Diputados. Y Bolsonaro -un exdiputado que en sus 27 años en la cámara solo logró que se aprobaran tres proyectos propios- no cuenta con una base de aliados tan sólida como la que tenía Temer. Ya en su pequeño Partido Social Liberal (PSL) se han registrado muchas divisiones internas y hay quejas por la falta de articulación con otras fuerzas políticas. Un mes y medio después de asumir el poder, el mandatario se juega con esta carta una gran parte del capital político que tiene.

Por ahora, las expectativas de que la reforma jubilatoria sea aprobada entre mitad y fin de año son grandes. Hasta en el opositor Partido de los Trabajadores (PT) -que también ensayó una modificación durante el gobierno de Dilma Rousseff- hay conciencia de la importancia que tiene para el desempeño futuro de la economía brasileña. Los mercados confían en que el equipo económico de Bolsonaro y sus aliados políticos conseguirán convencer a la mayoría del Congreso, aunque se trate de un parlamento con muchos miembros nuevos, jóvenes, sin mucha experiencia legislativa y entre quienes falta coordinación política. Pero, ¿qué puede ocurrir si no se consigue el respaldo suficiente y/o las discusiones se retrasan más allá de este año?

"Se abriría una caja de Pandora con efectos que podrían ir mucho más allá del área económica. La decepción se expandiría rápidamente a la política", advirtió el analista Rafael Cortez, de la consultora Tendencias, en San Pablo.

Para Cortez, los primeros efectos económicos negativos serían la falta de llegada de nueva inversiones extranjeras, una caída en las inversiones domésticas, un estancamiento de la tasa de desempleo en los niveles actuales o un aumento de ella, una depreciación cambiaria (hoy el dólar se ubica en torno a los 3,7 reales) y un alza de la inflación.

"Toda la agenda económica quedaría comprometida. La crisis de confianza se trasladaría al plano político y el gobierno quedaría en una posición muy delicada; en ese contexto no descartaría una final prematuro", subrayó el analista al pintar un escenario que también tendría consecuencias nefastas para la Argentina.

El panorama recién empezará a vislumbrarse a partir del próximo miércoles, cuando Bolsonaro haga su jugada.

Un sistema en revisión

Las cifras del país, su población y sus trabajadores

209 Millones de personas

Es la población total de Brasil, según el último dato del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística; las mujeres son el 51% y los varones, el 49%

105,2 millones de activos

De ese total de personas, que integran la población económicamente activa, 93 millones tenían empleo en 2018. Y solo 58,4 millones de trabajadores aportaron a la previsión social

34 millones de jubilados

En el sector privado, la prestación promedio de los pasivos es de 1300 reales (unos US$350); entre quienes fueron empleados públicos ese número es de 9000 reales (US$2420) y, entre los militares, de 13.700 reales (US$3680)

290 mil millones de reales

La cifra corresponde al déficit de 2018 del sistema de previsión; fue el mayor desequilibrio de la historia

13% el peso de los pagos

Es lo que representan los pagos previsionales sobre el Producto Bruto Interno

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