Renuncias en Economía por un convenio con la minera Barrick
El acuerdo le dará mayores ventajas impositivas que a otras firmas; quejas de la oposición
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La firma de un acuerdo que le permitirá a la minera Barrick Gold gozar de mayores ventajas impositivas que a otras empresas del sector provocará la renuncia de un importante funcionario en el Ministerio de Economía. El convenio también había sido rechazado por la línea técnica de esa cartera y por dirigentes políticos de la oposición. Quien se apresta a dimitir al cargo es el subsecretario de Ingresos Públicos, Cristian Modolo, encargado de verificar y diseñar la política tributaria oficial. La decisión se debe a que Modolo -y funcionarios técnicos del ministerio que conduce Carlos Fernández- se negaron a convalidar con su firma el acuerdo en favor del emprendimiento binacional Pascua Lama. Por esta razón, fue firmado por el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa.
Este proyecto minero se convertirá en el principal del mundo en el valioso rubro del oro y será único porque operará en dos países. Barrick se comprometió a invertir US$ 540 millones en la iniciativa de Veladero y unos 3000 millones Pascual Lama en 25 años; en total, empleará a 8000 personas en ambos proyectos, según cifras de la empresa de origen canadiense. La inversión comprometida en Pascua Lama a priori suena importante, aunque también recibirá un fuerte beneficio, ya que la firma prevé producir unas 800.000 onzas anuales en Pascua Lama (una onza vale cerca de US$ 950) y 35 millones de onzas de plata en los primeros cinco años.
Modolo, un técnico de bajo perfil con buenos contactos en el PJ santafecino, enfrentó "la presión de la Casa de Gobierno y del gobernador de San Juan, José Luis Gioja", un gran aliado de los Kirchner, para aprobar este convenio que destrabó la inversión de Barrick en esa provincia, según indicaron a LA NACION tres fuentes ligadas a la negociación.
La opinión de la línea técnica del Ministerio de Economía había sido contraria al convenio. En un dictamen reservado se mencionó el perjuicio "a los intereses nacionales", debido a que el proyecto operará en ambos países, pero la Argentina "se vería perjudicada frente a Chile". Modolo optó entonces por seguir las recomendaciones de los técnicos de carrera, dado que la cuestión ya provocó la renuncia de otros altos funcionarios. La pregunta que no encontró respuesta por parte del secretario de Hacienda fue: "¿Ustedes quieren que vayamos todos presos?" LA NACION no recibió respuestas sobre esta cuestión por parte de Pezoa. El temor se relaciona con la decisión de "tratar en forma preferencial a la firma Barrick en términos del pago de impuestos, lo que perjudica al país", según las fuentes oficiales. La oposición técnica y de la Subsecretaría de Ingresos Públicos se basó en que "la producción se sacará vía Chile para no pagar retenciones (al ser un emprendimiento binacional no habrá control aduanero) y por permitirles abonar menos IVA, Ganancias y regalías que otras mineras radicadas en el país".
Sólo por las desgravaciones para el sector, según cálculos privados, Barrick no le pagará al fisco $ 409 millones anuales, a los cuales se sumarían "otros 150 millones al menos" por este nuevo convenio, cuyo contenido no fue dado a conocer. Pese a las recomendaciones de sus subordinados, Pezoa firmó el convenio el 28 de abril junto a su par de Chile, Ricardo Escobar.
Al respecto, Rodrigo Jiménez Castellanos, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la compañía, dijo a LA NACION que "fue muy importante que las autoridades chilenas y argentinas hayan alcanzado un acuerdo en el tema tributario". Por lo bajo, en Barrick niegan recibir un trato mejor que otras compañías.
Días antes de la firma del convenio, la presidenta Cristina Kirchner había recibido a los máximos ejecutivos del grupo canadiense, Peter Munk y Aaron Regent. A su vez, la visita se produjo luego de que la mandataria vetara la ley de protección de los glaciares que había sido votada en forma unánime por el Congreso.
Quejas de la oposición
Por esta razón, varios legisladores hablaron del "veto Barrick". La diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) denunció que "Barrick opera como un territorio impositivo aparte del resto del país". Su par Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) cuestionó la decisión de "darle a Barrick más facilidades que las que la ley ya les otorga a las mineras", en coincidencia con el dirigente sanjuanino opositor a Gioja, Miguel Arancibia, y el diputado electo Fernando Solanas (Proyecto Sur).
Bonasso dijo que la ganancia de la minera "rondará los 160.000 millones de dólares en 25 años". Por este complicado trámite legislativo, Bonasso ya denunció ante la justicia federal al hermano del gobernador sanjuanino, el senador César Gioja, que preside la Comisión de Minería de la Cámara alta y a la vez tiene una empresa proveedora del sector (Bentonitas Santa Gema). Según Bonasso, Santa Gema es proveedora de Barrick. "Sólo somos una empresa proveedora de arcilla", dice César Gioja, aunque su página web indica que se trata de "una empresa minera proveedora".
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