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Responsabilidad Fiscal, una ley que rigió solo un año y quedó desdibujada
Fue aprobada a fines de 2017 por el Congreso y solo se aplicó en 2018. Las reglas de empleo público, deuda y gasto para las provincias quedaron sin efecto este año.
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PARA LA NACIONGabriela Origlia
CÓRDOBA.- Después de un intenso debate, hace tres años entró en vigencia la ley de Responsabilidad Fiscal para las provincias, que hoy es casi letra muerta. Rigió plenamente sólo un año, y el presupuesto en vigencia anuló sus principales puntos. La última reunión del Consejo creado para el seguimiento de la norma, según publica en su página institucional, fue el 3 de diciembre de 2019, y la del comité ejecutivo, en setiembre pasado.
Uno de los aspectos básicos era la transparencia de los números de las provincias que proponía y que se cumplió en forma muy parcial. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires presentó sólo el primer trimestre de 2020; Chaco y Santa Cruz adeudan dos trimestres del año pasado, y Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Rioja, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del fuego no cumplieron con la presentación del último trimestre.
La norma –a la que no adhirieron La Pampa y San Luis- establece que, con un rezago de un trimestre, los distritos deben difundir la ejecución presupuestaria, del gasto (por finalidad y función), del stock de la deuda pública (incluida la flotante), los programas multilaterales de financiamiento, y del pago de servicios. Quince de las 24 provincias (incluida la Ciudad de Buenos Aires) no cumplen la ley.
Más allá del incumplimiento de las cláusulas de transparencia con la publicación de los datos, la suspensión de los aspectos claves de la ley los resolvió el Ministerio de Economía sin participación del Consejo. De hecho, se le recortaron facultades a ese organismo y pasaron a la cartera de Martín Guzmán.
Este año no rigen las reglas para la medición del crecimiento del gasto. El artículo 10° establece que la tasa nominal de aumento del gasto primario neto no podrá superar la de la tasa de inflación.
También quedó sin efecto el punto de no aumentar los cargos ocupados; sólo estaban autorizados aquellos distritos que hubieran presentado un resultado financiero superavitario o equilibrado, y la designación de personal debía estar asociada a “nuevas inversiones” para servicios de educación, salud y seguridad.
No corre tampoco el indicador de endeudamiento (los servicios de la deuda debían ser inferiores al 15% de los recursos corrientes), aspecto que no genera inquietud por la falta de financiamiento que enfrentan el país y las provincias. Y si alguna provincia vende activos fijos, puede disponer libremente de los fondos, cuando la ley establecía que sólo podían usarse para gastos de capital.
El último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) –con datos al 30 de septiembre pasado- deja a Entre Ríos, Córdoba, San Juan, Neuquén, Santa Fe, Río Negro y Tierra del Fuego como los distritos con “alto cumplimiento” respecto de la información que exige la ley en los plazos establecidos. Entre las menos cumplidoras aparecen Misiones, Santa Cruz, Catamarca, Chubut y Corrientes, y las de peor performance fueron Santiago del Estero, Corrientes y Buenos Aires.
Un aspecto que genera inquietud entre los economistas es que a medida que pasa el tiempo el nivel de cumplimiento va perdiendo puntos; la comparación de setiembre del año pasado con el mismo período de 2019 muestra que la media bajó de 57,4 a 45,8 puntos (14 provincias empeoraron los niveles, según ASAP, y sólo seis mejoraron).
Todo flexibilizado
La ley de Responsabilidad fiscal que se aprobó a fines de 2017 era una modificación de la de 2005, que tampoco logró nunca altos niveles de cumplimiento. Ariel Barraud, economista del Iaraf, admite que, sin ser sofisticadas, las reglas más significativas que incluía eran las de empleo, gasto y endeudamiento y son las que no se aplican.
El resto, relacionadas con los ingresos, son las regidas por el consenso fiscal, que también quedaron relajadas porque el acuerdo se suspendió para 2020 y para este año. Sin embargo, apunta, salvo el caso de Ingresos Brutos sobre actividades financieras, no hubo incrementos de alícuotas para otros sectores.
“No eran reglas duras –coincide un ministro de Economía de una provincia de buena performance-, pero servían para poner algún límite al gasto. La publicación de datos es lo más básico que se puede pedir”. Las exigencias que se plantearon en el texto sancionado por el Congreso no pretendían alcanzar “sustentabilidad” de manera rápida, los requisitos conllevaban una serie de condiciones que los aliviaban.
Barraud indica que lo que sucede con esta ley no es una excepción: “Las reglas fiscales en la Argentina parecen hechas para romperse; basta con analizar la normativa de la coparticipación. El número de ley inmediato posterior a la aprobación incluye una modificación. Se instrumentan cláusulas de salvaguarda que son ‘de escape’ y el mensaje que se transmite es que siempre va a haber dificultades fiscales, si no son de provincias, son de Nación, o combinadas”.
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