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Río Turbio, un reducto de negocios oscuros con un presupuesto millonario
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LA NACIONDiego Cabot
"Hay un lugar en la Argentina que tiene más extensión de túneles que la Ciudad de Buenos Aires. Bajo las calles porteñas se cavaron 61 kilómetros de galerías desde 1913, cuando se inauguró el subterráneo. A 2770 kilómetros, hay un otro poblado que tiene más pasadizos subterráneos. En Río Turbio, paraje en el que el viento levanta un polvo oscuro, la mina de carbón más grande del país a tiene 72 kilómetros de galerías. Allí radica el corazón negro de la cuenca carbonífera."
Así se iniciaba una crónica, publicada por este cronista en septiembre de 2017, sobre la mina de carbón más grande de la Argentina y la empresa Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT). Desde hoy, aquella empresa pública estará conducida por Aníbal Fernández. Así lo dispuso el presidente Alberto Fernández que, mediante un decreto que se conoció hoy, lo nombró interventor.
La mina, ubicada en de Santa Cruz, el último mojón antes de cruzar a Chile a la altura de Puerto Natales, se ha convertido en un lugar molesto para el paladar kirchnerista. No es para menos. Por hechos que sucedieron en aquel yacimiento se sustanció la causa que lo llevó preso a Julio De Vido después que sus compañeros del Congreso votaran el desafuero en octubre de 2017. Desde entonces, el poderoso exministro, está detenido. Ahora retoza por su casa de campo, en Zárate; pero hasta hace poco, en la cárcel de Marcos Paz.
La historia moderna de la mina empezó con el peso de la muerte y con la carga de la culpa. En 2004, catorce mineros murieron por un incendio en una de las galerías. Néstor Kirchner, el hijo pródigo de aquella meseta patagónica, decidió acallar las voces que lo criticaban. Desde entonces jamás se escuchó un "no" para los reclamos de los mineros. Los millones llegaron mensualmente y los beneficios también. La jornada laboral se redujo de ocho a seis horas por turno y se dejó de trabajar los sábados. Los mineros se repartieron el día en cuatro turnos rotativos diarios. Todos quieren en la zona ser empleados de YCRT. En los últimos 12 años, llegaron al Sur más de $ 30.000 millones que se giraron a YCRT para gastos operativos.
Según los datos oficiales de ejecución presupuestaria, hasta el tercer trimestre de 2019 la compañía tuvo gastos totales por 2338 millones de pesos; los ingresos por la operación, es decir por la venta del carbón, sumaron en el mismo período 43 millones de pesos.
Actualmente, la mina apenas produce ni tiene compradores para su carbón. Kirchner diseño el cliente perfecto: una usina que funcione con ese combustible y que le dé sentido a la cuenca, tres pueblos que viven de aquellas galerías negras. Pero la usina se convirtió, también, en centro de las polémicas. Más de 1000 millones de dólares están tirados en una obra que quedó paralizada desde 2016, cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió poner en estudio el faraónico proyecto.
Lo hizo poco tiempo después de que Cristina Kirchner, en plena campaña presidencial de 2015, hizo encender una turbina como cotillón electoral. La actual vicepresidenta tuvo su acto; la turbina, encendida antes de estar terminada, se destruyó.
Con la mina todavía sin producir y la central paralizada, se acumulan varias causas judiciales que giran en torno a De Vido y sus férreos colaboradores como Roberto Baratta. ¿Vale la pena invertir ese dinero en una mina que no extrae carbón y que espera que se termine una central inconclusa que lo queme? ¿O es una inversión que la Argentina debe hacer por el aporte a la soberanía que hacen los lugareños? ¿Qué impera a la hora de tomar decisiones: lo económico o lo geopolítico? Ese es la discusión que la Argentina debe dar.
Aquellas aventuras del Fin del Mundo ya tienen algunos condenados. Atanacio Pérez Osuna, exintendente de Río Turbio y exinterventor, ya fue condenado por corrupción. Estuvo preso y se benefició de la excarcelación cuando el kirchnerismo regresó al poder. Pocos días antes de la Navidad, fue liberado. Por allá anda, con una tobillera electrónica, la obligación de presentarse cada dos meses ante el tribunal, la prohibición para salir del país y la entrega de su pasaporte a las autoridades.
Pérez Osuna fue condenado en octubre junto con el empresario Juan Carlos Lascurain, extitular de la Unión Industrial Argentina (UIA). El tribunal dio por probado el desvío de $50 millones destinados a construir una ruta que nunca se hizo. La Justicia sostuvo que el gobierno municipal le entregó como anticipo de obra $50 millones "sin justificación" a la empresa Fainser, propiedad de Lascurain por una licitación de $500 millones. Entre noviembre y diciembre, YCRT giró fondos a través de tres órdenes de pago a la contratista. El último, el 9 de diciembre de 2015, un día antes de que asuma Macri.
De Vido y Baratta están acusados por otros temas. En 2008, YCRT firmó un acuerdo de asistencia y cooperación con la Regional Río Gallegos de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Desde entonces la empresa le encargaba a la UTN cualquier cosa que se necesitaba hacer o comprar. La facultad, a su vez, creó una Fundación Facultad Regional Santa Cruz. El esquema quedó armado. La minera pedía un trabajo o una compra a la universidad, que, a su vez, lo derivaba a la fundación. Esta era la que negociaba con el proveedor. La facultad presentaba rendiciones de cuentas; la fundación no.
Esa intermediación encarecía cada compra. De lo que el proveedor presupuestaba, la fundación le cobraba a la facultad 10%, y sobre ese total, la facultad cobraba otro 10%. Por ambas intervenciones las compras se encarecían 21 por ciento. Por ese concepto llegaron a cobrar $1092 millones.
De ahora en más, Aníbal Fernández estará a cargo de la empresa. Será, sin dudas, un epicentro de polémicas, como le gustan al exministro y como ya se acostumbró a vivir YCRT.
