1
Sancionarán a una cooperativa falsa con 17.000 empleados
El Gobierno le quitará la autorización para actuar como tal
1 minuto de lectura'
Una cooperativa que empleaba a entre 17.000 y 20.000 personas -la mayor empresa del país, YPF, tiene 11.000- perderá la autorización para actuar como tal porque se descubrió que en realidad se trataba de una empresa con empleados, según una resolución del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) firmada el 22 del mes pasado y que está a punto de publicarse en el Boletín Oficial. El Inaes, que depende del Ministerio de Desarrollo Social, sancionará a la Cooperativa de Trabajo Agrícola Colonia Barraquero, con sede legal en Luján de Cuyo, Mendoza.
"Estamos detectando casos de fraude laboral bajo la figura de cooperativas, que tienen 10 o 40 empleados, pero este caso de Mendoza es inédito por lo grande y porque es la primera vez que el Inaes quita la autorización para funcionar", explicó el subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social de la Nación, Guillermo Alonso Navone. "Es imposible que hicieran una asamblea con 17.000 socios, salvo que llenaran un estadio. Primero, se le quitará la autorización para funcionar y, segundo, se verá si se le cancela la matrícula. Las cooperativas falsas usan esa figura para no pagar sueldos de convenio, vacaciones, ni aguinaldo ni contribuciones patronales ni sindicales. Tienen costo laboral cero."
"En esta cooperativa obligaban a los pseudocooperativistas a anotarse como monotributistas", comentó Alonso Navone. "Los obligaban a renunciar. Recibían órdenes y no participaban de la toma de decisiones", agregó. En una cooperativa, los socios tienen derecho a participar de las asambleas y a cobrar de acuerdo con lo que gana la sociedad.
"Se abre una nueva etapa en el control del trabajo en negro, porque ahora tienen los días contados los grupos económicos que mal utilizan la tercerización de mano de obra por medio de cooperativas de trabajo", dijo el subsecretario de Trabajo de Mendoza, Mario Adaro, al ser consultado sobre la sanción aplicada a Colonia Barraquero. La organización estaba en la mira de las autoridades locales por numerosas denuncias por incumplimiento de la legislación laboral.
Si bien Colonia Barraquero tiene su principal actividad en Mendoza, realiza contratos con firmas del sector agropecuario y comercial de San Juan, Catamarca, La Rioja, Neuquén y Río Negro, entre otras provincias. Adaro aseguró que, por la actividad de esta supuesta cooperativa, Mendoza ostenta un triste liderazgo en la materia. "Es exportadora al resto del país de know how [conocimiento de cómo se hace] de cooperativas que hacen fraude laboral", afirmó.
Un estudio oficial indica que Mendoza cuenta con una tasa de trabajo en negro del 42% y, de esa proporción, la mitad corresponde a personal dependiente de cooperativas de trabajo. Adaro informó que, además de Colonia Barraquero, en la provincia tiene una larga actividad la cooperativa Servigra, que ha provisto personal durante casi una década a medios de comunicación del grupo Vila Manzano. Señaló que esa entidad también fue objeto de numerosas multas y su continuidad está comprometida por incurrir en infracciones similares a las de Colonia Barraquero.
El subsecretario de Trabajo de Mendoza informó que importantes firmas comerciales que operan en la provincia, como una tienda de ropa y sucursales de dos cadenas de electrodomésticos, tienen personal provisto por cooperativas que no respetan la legislación laboral. En ese orden, sostuvo que "nadie puede alegar el desconocimiento del derecho", cuando LA NACION le preguntó si es un atenuante que empresas aleguen haber sido sorprendidas en su buena fe al contratar personal por medio de este sistema.
Entre otras irregularidades se detectó que, pese a tener miles de trabajadores inscriptos como asociados a Colonia Barraquero, las asambleas se realizaban con un número insignificante de no más de diez miembros. Esta organización llegó a facturar hasta cinco millones de pesos al año "sin hacer una sola inversión inmobiliaria", dijo Adaro.
Uno de los casos más resonantes de Mendoza fue una multa de $ 400.000 por incumplimiento de la legislación laboral aplicada a la exportadora de ajos Campo Grande, que tenía a Colonia Barraquero como proveedora de personal. El temor de las autoridades provinciales es que, a pesar de que el Inaes le retire la autorización para operar, los mismos responsables de la infracción intenten perdurar en el mercado laboral informal por medio de otras cooperativas creadas para tal fin.
LA NACION intentó comunicarse con alguna autoridad de Colonia Barraquero, pero la primera respuesta que tuvo de la recepcionista fue con un interrogante: "¿Cómo consiguió este teléfono?". En la guía telefónica está registrada la sucursal de la ciudad mendocina de San Martín. La recepcionista sugirió llamar a la casa central, en la ciudad de Mendoza, pero allí nadie respondió los llamados telefónicos.
Más leídas de Economía
