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Se acercan tiempos difíciles
Es muy raro que el común de la gente compare la gestión de un gobierno con lo que podríamos ser y no somos. Si uno compara lo que es actualmente la Argentina con el potencial que tiene y los niveles de ingreso y bienestar que podría disfrutar la población no puede menos que lamentarse de las oportunidades perdidas.
¿Con qué compara la gente la gestión del Gobierno? Con el pasado. En el caso particular de este gobierno compara con la situación de 2001/2002, que es el peor período de la historia económica argentina. Digamos que la comparación siempre es con el pasado, sin considerar si el presente es artificialmente mejor que el punto de comparación. Es indudable que, a pesar de lo insostenible del actual modelo económico, una rápida y superficial comparación arroja resultados positivos.
Ahora bien, es esa misma regla de comparar con el pasado y no con lo que podríamos ser la que ha comenzado a complicar al Gobierno. No es casualidad que tanto el Indice de Confianza del Consumidor (IPC) como el Indice de Confianza en el Gobierno que elabora la Universidad Torcuato Di Tella muestren caídas desde enero de este año. Es que, más allá de los resonantes casos de corrupción, que parecen haber sido tapados por el precio del tomate, la inflación se aceleró notablemente en los últimos meses. Por lo tanto, por comparación, el Gobierno comienza a perder contra sí mismo, dado que la gente no cree en la inflación oficial.
En rigor no ha sido solamente el IPC el que ha sido manoseado. Los datos de producción industrial tuvieron un manejo que raya en el ridículo, el Indice de Servicios Públicos fue otro papelón; la información de recaudación tributaria también tuvo sus chistes; los números fiscales fueron deliberadamente cambiados para complicar la comparación, y podríamos seguir con los ejemplos.
Sin embargo, la inmensa mayoría de los argentinos no toma decisiones macroeconómicas o evalúa la marcha del Gobierno analizando los datos monetarios, fiscales, de producción industrial o del PBI. Sólo una absoluta minoría estamos analizando continuamente éstos y otros indicadores. La inmensa mayoría de la población utiliza otros indicadores menos sofisticados, pero decisivos a la hora de evaluar la marcha de la economía.
Un indicador es el changuito del supermercado, cuántos productos hay en las góndolas o cuánto cuesta la ropa. Y es con estos datos que la gente comienza a formarse las expectativas económicas futuras. Que el precio del tomate haya sido tapa de los diarios durante varios días no refleja la marcha de la inflación, sino el grado de impunidad con que se han manejado las autoridades queriendo hacerle creer a la gente que podía conseguir un kilo de tomates a $ 3,99 cuando costaba 15 pesos. Que se dibujen los números fiscales, de pobreza o de actividad económica es irrelevante para la gente porque simplemente no sigue esos datos.
Pero que se le mienta con el precio del tomate es gravísimo en términos de confianza. Cuando se miente con los datos fiscales, se les miente a 100 economistas; cuando se miente con el precio del tomate, se les miente a 20 millones de votantes.
Cuando se anuncia que va a haber créditos baratos para todo el mundo, 100 economistas sabemos que no es posible, pero 20 millones de votantes serán los desilusionados. Al igual que se desilusionaron millones de argentinos con los créditos para inquilinos que nunca fueron otorgados.
Tanta tergiversación de la realidad ha hecho que la economía argentina termine acosada por una mentirosa estructura de precios relativos. Sabemos que los 80 centavos que cuesta el boleto de colectivo es una ficción insostenible, de la misma manera que sabemos que con el barril de petróleo superando los US$ 80 es insostenible este precio del combustible como si el barril todavía estuviera en los US$ 30 del año 2002. Basta recorrer el interior para darse cuenta de que ni llovió gasoil ni que a $ 2,20 por litro se consigue todo el gasoil que uno quiere.
No es casualidad, entonces, que Cristina Fernández de Kirchner haya empezado a abrir el paraguas hablando de futuras complicaciones y de sus intenciones de emular el pacto social que en 1973 impulsó José Ber Gelbard. La artificial estructura de precios relativos mantenida sobre la base de controles, prohibiciones de exportación, subsidios y amenazas está crujiendo y conduce, inevitablemente, a un conflicto por la distribución del ingreso.
Se necesitará mucha capacidad de gobernabilidad y visión de largo plazo para poder arreglar la destartalada estructura de precios.
¿Por qué visión de largo plazo? Porque se equivocan quienes piensan que solamente corrigiendo algunos precios en forma suave esto sale adelante. Es que los profundos problemas económicos que viene arrastrando la economía argentina desde hace décadas son el emergente de un grave problema institucional. La economía no funciona en forma estanca del contexto institucional.
Sin un gobierno limitado, subordinado a la ley y aislado del mundo, lo que impera es la imprevisibilidad en las reglas de juego, haciendo inviable cualquier proyecto de inversión de largo plazo.
Corregir distorsiones
¿Qué fue el Rodrigazo? No fue otra cosa que un intento de corregir las distorsiones acumuladas durante la inflación cero de Gelbard, sin tener en cuenta la ausencia de institucionalidad que regía en ese momento. Y cuando digo institucionalidad me estoy refiriendo a la previsibilidad de las reglas de juego y a la capacidad de gobernabilidad.
Esto mismo se percibe hoy en día en las medidas que adopta el Gobierno, que lejos de reflejar pragmatismo, demuestran el grado de desorientación con que se maneja la cosa pública. Por ejemplo, un día se les pide a las AFJP que aumenten sus compras de dólares y otro día que vendan sus activos externos. Un día el BCRA compra dólares para sostener su paridad y al otro sale corriendo para evitar que se le escape el tipo de cambio. Esto no es sintonía fina. Esto es desconcierto ante la realidad. Lo que va a demandar la Argentina del próximo gobierno no es sólo arreglar el destrozo de los precios relativos, sino crear condiciones de largo plazo para atraer inversiones y hacer que el crecimiento sea sostenible.
Y es en este punto donde el gobierno de Kirchner ha dado acabadas muestras de que no entiende que la economía no se maneja sobre la base de amenazas y gritos. Para que la gente pueda disfrutar de un mejor nivel de vida hace falta ser institucionalmente competitivo para atraer inversiones.
El problema es que esa necesidad de competitividad conspira contra el proyecto hegemónico del Gobierno. Considerando lo complicado que va a ser arreglar la estructura de precios relativos por la conflictividad social que acarreará y teniendo en cuenta la visión institucional del kirchnerismo, que espanta las inversiones, se puede confirmar que, como dijo Cristina Kirchner, pueden venir tiempos muy difíciles en caso de un triunfo del oficialismo.
- El próximo domingo: el columnista invitado será Roberto Frenkel.
