Se iniciarán unas 30 querellas contra el BCRA y el Patricios

Con el dictamen del juez Gabriel Cavallo como antecedente, en los próximos días comenzará a tramitarse en la justicia comercial una treintena de causas contra las autoridades del Banco Patricios y del Banco Central (BCRA) que son promovidas por tenedores de obligaciones negociables (ON) impagas de la entidad fallida.

Las presentaciones, que se radicarán en distintos juzgados, son consecuencia directa del fracaso que tuvo el proceso de mediación obligatoria entre las partes por la reiterada ausencia de representantes de los demandados. "Sólo en una oportunidad se acercó un letrado en nombre del BCRA, pero repitió la tesis que presentaron como defensa en la causa penal que lleva Cavallo: dijo que los actos de la autoridad no son judiciables", explicó a La Nación Nydia Zingman de Domínguez, abogada de los damnificados.

Estas causas se sumarán a otras dos que ya se tramitan: la que se sustancia en la justicia comercial por la quiebra del Patricios (y lleva la jueza Matilda Ballerini) y la que se desarrolla en el fuero penal, a cargo del juez Gabriel Cavallo. Precisamente este magistrado firmó anteayer el fallo por el que se no sólo se procesó a Pedro Pou y otros 9 directores del BCRA, sino que además se criticó genéricamente la actuación del titular de esa entidad.

Ayer, Pou, que apelará el fallo, recibió el apoyo del presidente Menem, que en la reunión de gabinete se manifestó "solidario" con su situación. Luego contestó las imputaciones mediante un comunicado en el que señaló que "volvería a actuar de la misma manera si se dieran iguales circunstancias", y aseguró que el juez puede estar incurso "en el mismo delito": incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Para Pou, el fallo de Cavallo es "político" ("sus conclusiones se conocían antes por medio de los medios", se quejó) y tiene intencionalidad: la de proteger a los responsables de los problemas de los ex bancos (Spolsky y Beraja); generar un derecho contra el Estado a los tenedores de ON y limitar la "libertad de acción del BCRA".

Advirtió además que la resolución de Cavallo "podría estar recreando la industria del juicio contra el Estado" y preguntó suspicazmente por qué su causa se tramitó tan rápido cuando por las denuncias que el BCRA hizo el 26 de febrero y el 18 de noviembre de 1998 contra los directivos del ex Banco Patricios y el ex Banco Mayo "aún ni siquiera se indagó a ninguno", pese a los 116 millones que ambas entidades se dieron en autopréstamos.

Por Javier Blanco

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