Sin un acuerdo a la vista, sube el tono del conflicto entre Repsol y el Gobierno

La valoración que la española hace de las acciones que le expropiaron en YPF se acercaría a US$ 20.000 millones
Martín Rodríguez Yebra
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8 de noviembre de 2013  

MADRID.- Con todos los puentes de negociación cortados, la petrolera española Repsol amenaza con endurecer sus reclamos judiciales contra la Argentina por la estatización sin pago del 51% de sus acciones en YPF.

"Pasados 18 meses de la expropiación ilegal, no hemos recibido compensación alguna y no hay progresos por anunciar", dijo ayer el director financiero de la compañía, Miguel Martínez, en una conferencia con analistas de mercado. Y advirtió: "Seguiremos adelante con todas las opciones que tenemos disponibles para proteger a Repsol y a nuestros accionistas".

Los técnicos de la multinacional española trabajan en la presentación que harán antes de fin de año en el tribunal arbitral del Banco Mundial (Ciadi), cuando se inicie el juicio contra la Argentina por la expropiación. El diario madrileño El Economista publicó ayer que la valoración que hará la empresa de sus activos nacionalizados se acerca a los 20.000 millones de dólares.

Aunque no confirmaron esa cifra, fuentes de la empresa consideraron que al computar el lucro cesante del megayacimiento de Vaca Muerta el reclamo podría ser superior a los US$ 10.500 millones que había sugerido el presidente de la compañía, Antonio Brufau, cuando se radicó la demanda.

Semejante monto es considerado irrisorio por el gobierno argentino y por YPF. El CEO de la petrolera nacionalizada, Miguel Galuccio, ya advirtió que si no se firma una paz negociada antes de fin de año la Argentina podría dar por zanjado el conflicto con un pago unilateral de US$ 1500 millones, el valor que les otorgará a las acciones expropiadas el Tribunal de Tasaciones, dependiente del Ministerio de Planificación.

La fecha límite se acerca y las dos partes tensan la cuerda. En Buenos Aires, YPF exhibió su dureza ayer, al denunciar a los accionistas de Repsol (que aún retiene un 12% de la compañía) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Fue en una nota en la que justificó por qué se niega a darles información sobre el acuerdo de inversión firmado hace tres meses con la norteamericana Chevron, que se mantiene en estricto secreto (ver aparte). Galuccio ya había denunciado a Repsol por "deslealtad" a raíz de las demandas internacionales que presentó para bloquear el contrato con Chevron.

Justamente el contenido del pacto con el gigante petrolero norteamericano podría resultar clave para el juicio en el Ciadi. Hasta ahora Repsol se planteaba reclamar US$ 10.500 millones, sobre la base del valor adjudicado a sus acciones de YPF. Pero de acuerdo con los valores de referencia incluidos en el contrato con Chevron, la empresa española podría añadir en su demanda una cifra que podría llegar a los US$ 6000 millones en concepto del lucro cesante de Vaca Muerta.

El gobierno de Cristina Kirchner intentó desde el principio de este año destrabar el conflicto con Repsol, preocupado por el obstáculo que significaba para la captación de inversores dispuestos a desembolsar dinero en Vaca Muerta. Pero usó una estrategia delicada: imponer ofertas de compensación a través de accionistas minoritarios de la multinacional española y conspirar para desestabilizar a Brufau.

Así, en febrero hizo llegar a España una primera propuesta a través de Isidro Fainé, presidente del grupo financiero La Caixa (dueño de un 13% de Repsol) y rival histórico de Brufau. El plan fracasó y fue rechazado por todos los miembros del directorio. Lo mismo que la oferta que acercó en julio el CEO de la estatal mexicana Pemex, Emilio Lozoya.

El Gobierno acepta compensar a los españoles con un pago de US$ 1500 millones (en efectivo y bonos) más la cesión de acciones en un joint venture liderado por YPF que se encargaría de explotar una porción de Vaca Muerta. Según la valoración argentina, esos activos sumarían cerca de US$ 5000 millones; Repsol considera que no llega a los 3000 millones y que las condiciones impuestas son imposibles de aceptar. Por ejemplo, el impedimento de repatriar dividendos y la obligación de reinvertir en la nueva empresa el dinero abonado por la compensación.

Los españoles aspiran a recibir como mínimo activos por US$ 6000 millones en una mesa de negociación a la que todavía nadie acepta sentarse.

YPF expone sus argumentos

A través de un comunicado de prensa, YPF expuso ayer sus argumentos para no entregar a los directores de la compañía en representación de Repsol, Luis García del Río y Carlos María Tombeur, información sobre el acuerdo entre la petrolera nacionalizada y Chevron.

Según YPF, "Repsol ha evidenciado un interés contrario al de YPF S.A. respecto de la celebración y ejecución de dicho Acuerdo" y, por lo tanto, ambos directores "se encuentran incursos [SIC] en una situación de conflicto de interés".

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