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Son más de diez los acusados en el caso Samid
Un informe interno de la DGI, en el que se fundamentó la denuncia judicial por evasión fiscal contra el empresario de la carne José Alberto Samid, identificó también como responsables de las maniobras ilícitas a otras diez personas vinculadas con el ex diputado nacional.
Al mismo tiempo, en el ministerio de Economía trascendió la honda preocupación del ministro Roque Fernández, y el creciente malestar del titular de la DGI, Carlos Silvani, por la lentitud con que, consideran, la Justicia está tratando del caso.
En el documento -al que accedió La Nación en forma exclusiva- se mencionan como los responsables del caso de evasión más resonante de los últimos años, además de José Samid, a sus hermanos Alicia Nélida, y Manuel; sus cuñados, Oscar Pileo y Alejandro Walter Scarfia, y profesionales que actuaron en las distintas empresas vinculadas al empresario.
La denuncia penal contra Samid fue presentada por la DGI en agosto último, en el juzgado del doctor Carlos Liporaci.
Malestar oficial por demoras en la investigación judicial
En la DGI no entienden por qué el juez Liporaci no le toma declaración al empresario de la carne Alberto Samid, acusado de evasión impositiva.
Un creciente malestar contra el juez Carlos Liporaci se ha instalado en los principales despachos de la DGI, ya que luego de seis meses de hecha la denuncia por evasión fiscal contra el empresario de la carne Alberto Samid, aún no lo citó a declarar.
Fuentes del ministerio de Economía dijeron a La Nación que al malestar del titular de la Dirección General Impositiva, Carlos Silvani, por la demora en el tratamiento judicial, se le suma ahora una honda preocupación del ministro Roque Fernández.
"De nada sirve hacer una denuncia, que aparece ante la opinión pública como la punta de lanza de la lucha contra la evasión, si después nada se avanza en la justicia", dijeron los voceros de Economía.
El 9 de agosto último, la DGI pidió a la justicia la detención de Samid, acusándolo de encabezar una organización delictiva para evadir impuestos. Según la presentación, el empresario y ex diputado nacional acumulaba hasta ese día una evasión de 88 millones de pesos.
La DGI considera que fueron girada las pruebas necesarias y suficientes contra Samid como para que el juez Liporaci lo llame a declarar.
Samid "nunca declaró, y no entendemos por qué", dijo un calificado vocero del Palacio de Hacienda.
En la presentación ante la justicia -que el entonces titular de la DGI, Carlos Sánchez, hizo junto al ministro de Justicia, Elías Jassán, y el secretario de Agricultura, Felipe Solá- el gobierno identificó al empresario como "jefe de una poderosa asociación ilícita, que desarrolla tantos planes criminales como fuere necesario para superar el escollo del contralor estatal, obteniendo ilícitamente un incremento de su patrimonio".
Investigación
Desde los despachos más encumbrados del gobierno nacional -impulsado incluso por el propio presidente Carlos Menem- se aceleró la investigación contra Samid, en particular a partir de la desaparición de los expedientes de la DGI en los que constaban todas las investigaciones contra el empresario.
Fue el secretario de Agricultura Felipe Solá quien apareció entonces como el ariete de la administración nacional contra Samid.
El 7 de julio último Solá sostuvo que hay jueces que amparan a presuntos evasores en el comercio de la carne. En esa oportunidad cuestionó "la facilidad con que la justicia de primera instancia ampara" a los frigoríficos denunciados por evasión, y que a las empresas vinculadas con Samid se les había comprobado una deuda fiscal muy grande.
"Ya no queremos hablar más de evasión porque la gente quiere hechos y no palabras" dijo Solá en una mesa redonda organizada por La Nación en la última exposición rural de Palermo, y a los dos días el gobierno hizo la presentación judicial.
Hoy se escucha la misma queja en el Ministerio de Economía. Pretenden que el juez Liporaci acelere los tiempos y no le encuentran una explicación lógica y razonable a las demoras en la convocatoria a Samid para que declare.
El 29 de agosto último, el juez Liporaci ordenó once allanamientos para buscar documentos y pruebas, vinculadas con la investigación por evasión. Y el 9 de octubre, le prohibió al empresario frigorífico salir del país, y dispuso las indagatorias de varias personas ligadas a él.
Un solo caso no sirve
Los funcionarios de la DGI consideran que "de nada sirve tener un solo caso como el de Samid, si no está acompañado de otras denuncias similares, pero tampoco vale que cuando se hace una presentación como ésta permanezca parada en la justicia".
En las inmediaciones del principal despacho del organismo de control tributario se sostiene que es muy importante para la DGI que la justicia acompañe la decisión de luchar de manera frontal contra la evasión.
"No queremos bombas de humo, donde las denuncias se diluyan porque la justicia no actúa", dijo a La Nación un funcionario gubernamental.
En esa línea, destacan que está tomada la decisión de hacer presentaciones judiciales contra Wal Mart, Carrefour y Musimundo, una vez que sean reglamentadas las leyes de clausuras y penal tributaria. Pero quieren que la justicia los acompañe.
Las respuestas oficiales para combatir la evasión en carnes
Ofensiva: la creación de la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario fue la iniciativa más directa en la búsqueda de un estricto cumplimiento fiscal en el sector.
La idea de crear la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario fue la respuesta más directa e inmediata que tuvo el Gobierno durante 1996 para combatir la evasión fiscal en ganados y carnes.
Y precisamente, esta resolución, surgida en el ámbito de la Secretaría de Agricultura, Pesca y Alimentación (Sapya), salió a la luz el mismo día en que se desarrollaba en el Exposición Rural un debate sobre el tema organizado por La Nación y en el que el principal acusado resultó ser el empresario Alberto Samid, sobre quien uno de los panelistas, Luis Enrique Garat, lo vinculó en maniobras ilegales y lo calificó como "el peor de todos".
Las funciones de policía comercial que serían encomendadas al flamante organismo por crearse eran las mismas que hasta el momento venía desempeñando el entonces Servicio Nacional de Sanidad Animal (Senasa), comandado por Bernardo Cané, funcionario que finalmente fue removido a principios de noviembre "por reiteradas desavenencias" con el secretario de Agricultura, Felipe Solá.
Para tomar el timón de esta Oficina, Solá había elegido a Rolando García Lenzi, un hombre que gozaba del respeto y el respaldo del sector productor ganadero.
Pero, una semana después de la designación, García Lenzi falleció junto con su esposa y una allegada en un accidente automovilístico en Chile.
El momento fue muy dif`cil para el titular de Agricultura. Más allá de la pérdida material de un amigo, se demoraba la puesta en marcha del organismo. Tampoco le resultó sencillo encontrar un reemplazante para este cargo estratégico.
Pero finalmente fue en Ricardo Sosa en quien recayó la responsabilidad de conducir la oficina de control, que comenzó a funcionar en los últimos días de noviembre último.
Rematriculación
Al mismo, se anunciaron nuevas medidas tendientes a lograr una mayor eficiencia en el control de la evasión. Tal es el caso de exigir una estricta rematriculación de todos los operadores bajo exigencias que tendrán en cuenta el estado patrimonial y balances económicos de los peticionantes y de la obligación de documentar las operaciones mediante remito.
"Al aclarar quién es quién en el sector, las posibilidades de evadir se reducirán considerablemente", fundamentó por entonces la medida Felipe Solá.
