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Subsidio por desempleo a los que estén en negro
Diputados le dio media sanción
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LA NACIONLaura Serra
La Cámara de Diputados aprobó ayer por unanimidad y giró al Senado un proyecto de ley que extiende el subsidio por desempleo, que actualmente alcanza a los trabajadores en relación de dependencia, a los que están en negro, en el momento en que sean despedidos por sus empleadores.
La iniciativa, impulsada por el presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el diputado kirchnerista Héctor Recalde (Buenos Aires), establece que "el trabajador no registrado que se encontrara en situación de desempleo tendrá los derechos establecidos para los trabajadores registrados".
"Para ello -añade el proyecto-, el beneficiario deberá declarar bajo juramento la existencia del contrato de trabajo y tramitar ante la autoridad administrativa del trabajo una información sumaria."
En este sentido, aclara que "para tal fin resultan válidos todos los medios de prueba, que lo serán al solo efecto de los beneficios establecidos en este capítulo y no harán prueba en juicio" y que "la autoridad administrativa del trabajo resolverá dentro del plazo de quince días de producida la prueba".
Añade, en cuanto al monto a percibir, que "salvo prueba fehaciente de la remuneración del trabajador, se tomará como ingreso del trabajador el importe del salario mínimo, vital y móvil".
Recalde elogió su iniciativa al destacar que su objetivo es ofrecer "protección al trabajador en negro, que se halla en una situación absolutamente vulnerable, por cobrar un salario inferior al de los trabajadores en blanco y por no tener obra social ni aseguradora de riesgos del trabajo".
"Delito tributario"
Asimismo, destacó que esta iniciativa ayudará a "desalentar la contratación en negro" de empleados.
El diputado kirchnerista calificó la contratación en negro como "un delito penal tributario" y dijo que los empresarios que tienen personal no registrado pagan el 25 por ciento menos que el resto.
Por otro lado, respondió a quienes sostienen que este tipo de leyes incentiva la llamada industria del juicio:"Si hubiera industria del juicio, con 4.600.000 trabajadores en negro los tribunales estarían abarrotados. Hoy, en el país se registran 200.000 juicios laborales al año", afirmó.
Desde el Peronismo Federal, la diputada Graciela Camaño (Buenos Aires) sostuvo que la iniciativa es una "herramienta novedosa" y afirmó que la norma "es un condimento para luchar contra el trabajo en negro", para "poder detectar al empresario inescrupuloso que utiliza al trabajador de manera indecente".
