Supermercados vs. consumidores: quién tiene la culpa de la suba de precios

La inflación se resiste a caer. El 2,6% informado por el Indec para abril elevó al 9,1% el alza de precios en el primer cuatrimestre del año. Esa dinámica contrasta con la situación de los ingresos, también relevada por el ente estadístico oficial, que reveló que, a fines de 2016, la mitad de los argentinos con ingresos perciben $ 8500 o menos por mes.

“Se está produciendo un fuerte desfasaje entre lo que ingresa la inmensa mayoría de los habitantes del país, sectores de clase media y los jubilados, sobre todo los que perciben el haber mínimo que representan el 70% de la clase pasiva, y los aumentos de precios que se vienen produciendo constantemente”, sostuvo Héctor Polino, titular de Consumidores Libres.

En ese sentido, el ex diputado advirtió sobre la caída en el poder adquisitivo y en el consumo de alimentos básicos. Según explicó en +Despiertos, el año pasado en la Argentina se contrajo un 8,5% el consumo per cápita de carne vacuna, al igual que el de leche, que bajó de 44 litros a 40 litros por persona al año.

“A su vez, hay un problema esencial de que nadie sabe cuál es el precio justo de un artículo”, completó Polino, y añadió: “En las estructuras de costos hay un elemento hoy que se denomina ‘Por las dudas’. Como constantemente se producen modificaciones en los costos, se van remarcando (los precios) y eso afecta el poder de compra de vastos sectores de la sociedad”.

Por su parte, Fernando Aguirre, vocero de la Cámara Argentina de Supermercados, sostuvo que el alza de los precios se debe a desajustes en la cadena productiva. “Como intermediarios, los supermercados somos considerados los culpables de la inflación, pero la realidad es que no hay manera de que un sector como intermediación genere la inflación. Hay que analizar caso por caso”, sostuvo.

En tanto, Polino insistió en el rol del Estado para monitorear la evolución de los precios. “En la Argentina no hay controles. Hay una ley que se denomina Observatorio de Precios, que fue aprobada por el Congreso en 2014 y crea una comisión con funcionarios del Ministerio de Economía y representantes de tres entidades de consumidores. Tiene que observar precios desde la materia prima hasta que el producto está a la venta para ver en qué eslabón se produce una distorsión de precios, pero estamos en el año 2017, la comisión se constituyó hace tres meses y no se ha puesto en funcionamiento”, concluyó.