Suspenden un remate de vivienda única

(Télam).- La Corporación de Rematadores aceptó ayer un recurso de apelación y suspendió una ejecución hipotecaria de una vivienda ubicada en el barrio porteño de Abasto.

El afectado era el matrimonio formado por Genoveva Beatriz Valloreo y Eduardo Héctor Giraldés, propietarios de un departamento ubicado en Jean Jaures 764, 4° piso "B".

Esta vivienda, de tres ambientes, había sido adquirida por la pareja bajo la operatoria de "leasing" (alquiler con opción de compra) a fines de 1993, y las cuotas se dejaron de abonar en 1998, cuando el titular del crédito se quedó sin trabajo.

"Costaba 78 mil dólares y, a través de cuotas fijas de 1386 dólares, llegué a pagar 65 mil dólares en cinco años. En 1998 me quedé sin trabajo, no pude pagar más y no entré en la ley de salvataje hipotecario que sólo involucró a los endeudados entre 2001 y 2003, por eso me lo querían rematar", se quejó Giraldés. El afectado es parte de la agrupación Argentinos en Defensa del Hogar (ADH), integrada por propietarios de viviendas cuyas unidades fueron o serán rematadas, que habitualmente, como volvieron a hacerlo ayer, se manifiestan frente a la Corporación de Rematadores, en Perón al 1200, para evitar las ejecuciones.

"Queremos que el Congreso revea esta ley de salvataje hipotecario y que contemple los casos de gente que empezó a tener problemas en 1995", reclamó Giraldés.

Marinela Zompicchiatti, una de las integrantes de la asociación, explicó: "La ley 25.798, de noviembre del año anterior, demanda una serie de requisitos que hace que el 85 por ciento de los deudores hipotecarios no estén incluidos" en esa norma.

"La fecha tope para inscribirse como afectado es el 23 de marzo. Cumplir ese trámite cuesta 500 pesos, al tener que pagar a contadores, escribanos y martilleros, y la mayoría estamos desempleados", acotó Zompicchiatti.

También se quejó de que el artículo sexto de la ley deja a los bancos la atribución de elegir quién entra en el sistema de salvamento.

Dijo que en el caso de los afectados que contrajeron deudas con escribanos, prestamistas o abogados, "es mentira que entre las partes se acuerda, porque es el juez el que decide si el deudor entra en la ley de salvataje".

La mujer anticipó que la asociación volverá a movilizarse hoy para obstaculizar el remate de una casa ubicada en la localidad bonaerense de Florencio Varela, perteneciente a Nélida Acosta, que en 1995 pidió un préstamo a un escribano por 15 mil pesos y hasta 1999 logró pagar 7500 pesos antes de entrar en mora.

En favor del "esfuerzo compartido"

• La Cámara Civil porteña convalidó el pago en pesos hecho por un deudor de un crédito en dólares tomado durante la convertibilidad, y estableció que la diferencia entre lo ya abonado y el valor del dólar sea absorbida en partes iguales con el acreedor. La Sala F aprobó la consignación de fondos hecha en marzo de 2002 por Gerardo Vera, que había depositado en pesos el importe adeudado -con la equivalencia uno a uno con el dólar-, al que le adicionó el CER. Su acreedora había rechazado el pago porque el contrato se había pactado en dólares.

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