Tarifas a medida de la interna en el Gobierno

La dupla atraso tarifario-subsidios crecientes a la energía ha sido, es y será un nudo gordiano en la enmarañada madeja de problemas macroeconómicos que provocan escasez de reservas del Banco Central, déficit fiscal y alta inflación. También un aspecto clave del acuerdo con el Fondo Monetario para comenzar a corregir muy gradualmente estos desequilibrios, un entendimiento que será “recalibrado” tras el shock de precios internacionales del gas natural licuado (GNL), el petróleo y sus derivados gatillado por la guerra de Rusia contra Ucrania, debido a su impacto en las importaciones argentinas para el próximo invierno.

Con una inflación acumulada de 119% en los últimos dos años y ajustes de 30% en las tarifas de electricidad y gas natural (de 9% en 2021 y 20% en enero de 2022), la posibilidad de una recuperación en términos reales resulta prácticamente imposible a corto plazo: solo este año implicaría aumentos superiores a 200% y otro fuerte salto inflacionario. Aun así, tampoco permitirían reducir los subsidios estatales, que en 2021 equivalieron a US$11.000 millones (2,3% del PBI) para cubrir entre 65 y 71% de los costos energéticos; sino, a lo sumo, evitar un incremento exponencial en este rubro del gasto público.

De ahí que el gobierno de Alberto Fernández optó por aplicar un esquema tarifario con segmentación de subsidios por niveles socioeconómicos, de escasos antecedentes en el mundo. Salvando las distancias, se asemeja a vender el litro de un combustible de la misma calidad a precios diferentes según el modelo y/o valor de cada vehículo que llega al surtidor.

Esta decisión –incluida en el programa económico con el FMI– reavivó las inocultables diferencias internas entre el ministro Martín Guzmán y los funcionarios kirchneristas (del Instituto Patria y La Cámpora) a cargo de organismos clave del área energética. La puja gira ahora sobre los criterios para eliminar los subsidios “al 10% de los usuarios residenciales con mayor capacidad de pago” (sic) y determinar los ajustes diferenciales de tarifas de luz y gas que se aplicarán a partir del 1° de junio, regirán hasta fin de 2023 y deberán ser presentados por los entes reguladores en las audiencias públicas convocadas entre el 10 y el 12 de mayo para su convalidación formal.

Nada que deba sorprender tras el explícito rechazo de Cristina y Máximo Kirchner al acuerdo con el Fondo, bajo la premisa ideológica de tachar de neoliberalismo todo aquello que no sea populismo. Tampoco que ningún funcionario K se diera por aludido cuando Guzmán afirmó hace menos de dos semanas –en un reportaje con el canal oficialista C5N–, que el Gobierno gestionará “con los que estén alineados con este programa económico”, lo cual sugería algunos relevos que finalmente no se concretaron.

Por lo pronto, el llamado de la Secretaría de Energía a las audiencias públicas se realizó dentro del plazo establecido en el memorándum con el FMI, cuyo texto incluye el esquema de ajustes tarifarios inferiores a la evolución de los salarios anunciado por el Gobierno. Allí se especifica que los usuarios residenciales con tarifa social tendrán una revisión equivalente al 40% del promedio del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) de 2021 y del 80% para el resto, excluyendo a aquellos que dejarán de recibir subsidios y pagarán tarifa plena. En ambos casos se incluirán para 2022 los incrementos aplicados durante todo el año calendario. Para los grandes usuarios no residenciales de electricidad (GUDI) las tarifas cubrirán la totalidad del costo (sin subsidios) y, para el resto, la revisión se ajustará a la propuesta definida en la audiencia pública, que aún no fue publicada. Esto impide, mientras tanto, calcular cuál será el impacto sobre industrias, así como su probable traslado a precios.

Lo mismo ocurre con las tarifas residenciales. En su comunicado, Energía sólo mencionó promedios, al anticipar que para los beneficiarios de tarifa social de electricidad en el AMBA la corrección no será superior a 6% y en el servicio de gas natural no tendrán nuevos incrementos durante este año. A su vez, la mayoría de clientes de Edenor y Edesur tendrían un ajuste promedio de 17% en las facturas de luz y los usuarios residenciales de gas en todo el país, de 21,5% (en ambos casos sin incluir al 10% que dejará de recibir subsidios).

Sin embargo, el CVS elaborado por el Indec arroja un incremento de 48,5% entre enero y diciembre de 2021, con lo cual el tope de 80% que se aplicaría a los usuarios residenciales sin tarifa social equivaldría a una suba de casi 39%, que se agrega al 20% aplicado en marzo.

De estas cifras se desprende que el mayor peso del próximo ajuste de tarifas recaerá principalmente sobre dos segmentos socioeconómicos. Por un lado, los trabajadores sin paritarias ni tarifa social, que deberán destinar buena parte de los nuevos bonos de suma fija del plan “platita II” al pago de las nuevas facturas de electricidad y gas, abultadas además por el mayor consumo en los meses de invierno. Por otro, al 10% de los usuarios residenciales “con mayor capacidad de pago”, que a partir de junio podrían enfrentar subas de 200 a 400% según los casos, con la eliminación total de los subsidios “pro ricos” como los definió hace un año el ministro Guzmán.

Aquí aparecen las internas y operaciones políticas dentro del Gobierno acerca de los criterios para determinar quiénes dejarán de estar subsidiados. O más precisamente, entre Guzmán y Federico Basualdo, el subsecretario de Energía Eléctrica adscripto a La Cámpora. Este último hizo punta meses atrás con la propuesta de quita total de subsidios a los propietarios de inmuebles en los barrios más caros de la CABA y la zona norte del Gran Buenos Aires en función del valor del metro cuadrado, que no necesariamente reflejaba la capacidad de pago de cada usuario de energía y dejaba fuera de su alcance al resto del AMBA y del país. Claramente, nadie puede abonar una factura vendiendo un metro cuadrado de su propiedad. Ahora acaba de refinarla a través de un trabajo de “geo-referencia” encargado al ENRE y al Conicet para agrupar en polígonos a zonas de alta densidad poblacional y relativa homogeneidad socioeconómica como los countries del Gran Buenos Aires. Aun así, esta segmentación con fines redistributivos implicaría una baja de subsidios equivalente a sólo 0,06% del PBI.

Por su lado, y para conciliar posiciones con los “no alineados” al programa con el FMI, el Ministerio de Economía decidió utilizar indicadores de capacidad de pago, ingresos y/o patrimonio a través del Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS), con una metodología de alcance nacional complementaria con la segmentación geográfica.

Según un ayuda memoria interno, los criterios a aplicar para la quita de subsidios abarcarían a quienes sean propietarios de 3 o más inmuebles; de 3 o más más autos con menos de 5 años; quienes tengan un avión o embarcación y a las familias con ingresos equivalentes a 3,5 canastas básicas totales o más ($300.000).

Esta alternativa evitaría incluir a zonas del AMBA y el interior del país donde coexisten countries y asentamientos de emergencia. Aun así, ambas propuestas se llevarán a las audiencias públicas, “porque ambos trabajos se hicieron desde el Estado y merecen ser considerados”, dice el texto.

El especialista Fernando Navajas, economista jefe de FIEL, afirma que el único país de Latinoamérica donde se aplica una segmentación tarifaria es Colombia, que dividió a su población en seis estratos sociales y geográficos para dirigir con más precisión los planes de asistencia social. Y que, en la Argentina, concentrarse sólo en identificar a los ricos puede dar lugar a futuros amparos judiciales.

Por Néstor O. Scibona

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