Tasa vial: doble imposición y castigo al trabajo y la movilidad
Bajo el argumento de financiar el mantenimiento de calles, numerosos municipios aplican un recargo sobre el combustible —entre el 2% y el 3%—, que se traslada directamente al precio final
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PARA LA NACIONDiego Valenzuela
En la Argentina los impuestos no solo son altos: también son opacos, distorsivos y, muchas veces, ilegítimos. La llamada “tasa vial” es un ejemplo claro.
Bajo el argumento de financiar el mantenimiento de calles, numerosos municipios aplican un recargo sobre el combustible —entre el 2% y el 3%—, que se traslada directamente al precio final. Es un impuesto escondido que encarece la nafta, el transporte, la producción y el costo de vida.
Pero el problema no es solo económico. Es institucional. El combustible ya está gravado por impuestos nacionales, como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL - Ley N° 23.966), que además es coparticipado. Volver a gravar ese mismo hecho imponible desde un municipio configura una posible doble imposición, en violación de la Ley de Coparticipación Federal (Ley N° 23.548, art. 9 inc. b).
No es una discusión teórica. El Ministerio de Economía de la Nación ya llevó el tema a la Corte Suprema, en una acción contra la provincia de Buenos Aires y el municipio de Lomas de Zamora, invocando también el principio de supremacía federal (art. 31 de la Constitución Nacional).
A esto se suma un punto central: para ser válida, una tasa debe corresponder a un servicio concreto, efectivo y divisible. Así lo ha establecido la Corte Suprema (fallos: 312:1575; 329:5913). Difícil sostener que cargar combustible implique recibir un servicio municipal directo que justifique este cobro.
En esa línea, el tributarista César Litvin ha sido claro: se trata de un caso de doble imposición y, en muchos casos, de un impuesto encubierto sin contraprestación real.
El impacto económico es directo: la tasa vial se traslada a precios y golpea especialmente a trabajadores, pymes y a toda la economía que depende de la movilidad. Además, genera distorsiones entre municipios, afectando la competitividad.
Frente a esto, algunos municipios decidieron no aplicarla o eliminarla, como Tres de Febrero, San Isidro y Esteban Echeverría. Más recientemente, Pinamar y Vicente López avanzaron en el mismo camino. Es el rumbo correcto.
Eliminar la tasa vial no solo baja el costo de vida, también respeta principios básicos del sistema tributario. Y, sobre todo, deja atrás una práctica cada vez más cuestionada: financiar al Estado con impuestos escondidos.
La provincia de Buenos Aires no puede quedar al margen. Respetando la autonomía municipal (art. 123 CN), debe generar incentivos para desalentar estas distorsiones y avanzar hacia un sistema más justo.
Porque seguir cobrando más —y peor— no puede ser la respuesta.
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