Telefónica: por qué una empresa top elige invertir más en Colombia y Chile que en la Argentina

Después de dejar sin efecto la venta de sus filiales en Sudamérica, la multinacional de telecomunicaciones Telefónica está avanzando en la región con un modelo de asociaciones con otras compañías y fondos, si bien la Argentina no es el destino más favorecido en términos de inversiones por las actuales condiciones macroeconómicas y el marco regulatorio del país.

Así lo señaló José Juan Haro, director de Políticas Públicas y Negocio Mayorista de Telefónica, durante la presentación del informe de la compañía sobre Sociedad Digital en Latinoamérica, que tuvo lugar ayer.

“Hemos seguido invirtiendo en el país, entre otras cosas, porque tenemos clientes y el tráfico de Internet crece al 50 % anual. No dejamos nunca de construir. Es como una carretera de muchos pisos. Seguimos desplegando. Pero, cuando el entorno lo habilita, podemos acelerar procesos. En Chile, junto al Fondo KKR (Kohlberg Kravis Roberts & Co), vamos a pasar 4,3 millones de hogares por fibra, 80% de las unidades inmobiliarias del país y, en Colombia, el proyecto es llegar hasta 5 millones de hogares pasados. Es decir, vamos a cubrir 90 ciudades del país con fibra”, explicó durante una conferencia de prensa.

En la Argentina, los hogares pasados por fibra óptica -la tecnología que permite mayores velocidades de conexión- por la compañía ascienden a 3 millones.

Consultado por LA NACION, Haro dijo que invitaron al inversionista estadounidense a entrar en estos países porque hay un conjunto de condiciones que habilitan este tipo de proyectos, como la macroeconomía y el marco regulatorio, si bien Chile y Colombia no son iguales.

“Nuestro interés es avanzar en este tipo de mecanismos. En Perú tenemos Internet para Todos y estamos explorando en todas partes. Las condiciones atractivas para la inversión radican en un marco regulatorio lo suficientemente flexible para que estos modelos se desarrollen”, agregó.

En el país la empresa al igual que otras compañías del sector tiene una medida cautelar contra el DNU 690/2020, que determinó que las telecomunicaciones eran un servicio público en competencia y que los precios pasaban a estar fijados por el Estado.

“Creemos que el mejor entorno para el desarrollo del negocio es uno competitivo con precios libres que es lo que existía. Ahora estamos en conversaciones con el Gobierno nacional, participando de buena fe en el diálogo, pero no podemos predecir cuál será el resultado”, afirmó.

En este punto, el director de Regulación y Asuntos Públicos en Telefónica de Argentina, Alejandro Lastra, también presente en la reunión, sumó que el Gobierno tomó “una decisión estructural para una situación coyuntural” como fue la pandemia de Covid-19 y ahora hay que discutir algo estructural hacia delante”.

En cuanto al anuncio del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) acerca de una futura licitación para telefonía móvil de espectro 4G y 5G, Haro dijo que estarían más interesados en adquirir 4G: “Si tuviéramos que invertir dinero, iríamos por 4G. Si fuéramos a meternos en 5G, faltan habilitadores que hay que discutir”.

“Cuando uno quiere desplegar 5G no puede pensar solo en espectro, sino en si la población puede adquirir celulares compatibles con 5G y si esa tecnología provee servicios distintos a 4G. Cuando uno gestiona una empresa de telecomunicaciones, los empresarios invierten en lo que tiene demanda, impacto social y rentabilidad y eso hoy eso es 4G y fibra. Si invierto en 5G, pero la población no puede pagar celulares 5G o no hay servicios distintos asociados a esta tecnología ¿Qué sentido tiene? Que otros países estén en un capítulo distinto no quiere decir que mañana tengamos que forzosamente dar vuelta la página. España es el país con más despliegue de Europa y el capítulo de 5G recién comienza”, apuntó.

Por último, Haro dijo que el propósito de la licitación para el Gobierno sería contar con un “ingreso fiscal”, pero que es más rentable social y económicamente terminar el despliegue de 4G. “Hay que explotar esa tecnología porque es necesaria para el desarrollo de 5G. Los gobiernos pretenden mover licitaciones más allá de las necesidades de la población. En Perú desde 2019 se ha venido tratando de organizar una licitación para capacidad adicional en 4G y, si bien no tenía objeto recaudatorio, pusieron tantas obligaciones de despliegue que dijimos que no estaban dadas las condiciones para participar. Entendemos que otros operadores tuvieron la misma percepción que nosotros y el gobierno peruano decidió no seguir adelante con el proceso”, concluyó.

En agosto pasado, Movistar anunció una alianza con la proveedora de servicios de internet Sion para unir esfuerzos en el despliegue de infraestructura en la Argentina. El acuerdo involucraba una inversión de $9500 millones (unos US$95 millones al dólar oficial) para los siguientes tres años que estarán enfocados en la construcción de nuevas redes de fibra óptica en el sur del país o su readecuación.

En tanto, en enero se lanzó la puesta en marcha del servicio de operación móvil Imowi, que cuenta con toda la infraestructura de Movistar con excepción de la red de acceso (radio bases o antenas). El proyecto requirió una inversión de US$2 millones.