The Economist comparó al peronismo con el río Paraná y dijo que el kirchnerismo solo tiene retórica para ofrecer
El semanario relata cómo las distintas facciones del oficialismo se pelean por el acuerdo con el FMI y dice que “incluso después de dos años de negociaciones, el Gobierno todavía tiene un camino por recorrer”
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El delta del río Paraná, por el que pasan gran parte de las exportaciones argentinas, es un laberinto acuático de corrientes cruzadas y canales que se unen y luego vuelven a separarse. Así es el peronismo, el amplio movimiento nacionalista y populista que ha gobernado el país 25 de los 38 años desde que se restauró la democracia en 1983. El poder, o la perspectiva del mismo, los une. Pero en la adversidad, sus corrientes constituyentes a menudo toman caminos diferentes, como muestra una pelea esta semana por un acuerdo propuesto con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El gobierno del presidente Alberto Fernández se tomó dos años para avanzar hacia este acuerdo, que reprograma los vencimientos de los US$44.500 millones tomados en préstamo del Fondo por su predecesor de centroderecha, Mauricio Macri. La renuencia en parte es ideológica: Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta y líder del ala populista de izquierda del peronismo, ha hecho carrera política culpando de los problemas de su país, principalmente auto infligidos, al FMI y el “neoliberalismo”. También es económica: a cambio de su dinero, el Fondo quiere que la Argentina emita menos, tenga déficits más pequeños y termine con la brecha cambiaria. Eso implica un ajuste de corto plazo para obtener avances a mediano plazo en un país cuya economía no se ha recuperado plenamente de la pandemia y donde cuatro de cada 10 personas viven en la pobreza.
El bosquejo de acuerdo anunciado el 28 de enero es menos exigente de lo que requiere normalmente el Fondo. Fernández alardeó de que no obliga a la Argentina a hacer reformas jubilatoria o laboral y que permitirá un incremento de la inversión pública. Es un acuerdo “sin políticas de austeridad” sostuvo Martín Guzmán, ministro de economía. El directorio del FMI aún debe aprobar los detalles. Pero el plan fue rápidamente rechazado por los kirchneristas. El 31 de enero, Máximo Kirchner, hijo de la vicepresidenta, renunció como líder del bloque oficialista en la Cámara Baja del Congreso. Dijo que “no comparte la estrategia usada y menos aún los resultados obtenidos” con el FMI.
Máximo Kirchner tiene razón en que el acuerdo es más duro de lo que sugiere el Gobierno. Requiere una reducción del déficit fiscal al 2,5% del PBI este año, habiendo sido del 3% el año pasado. Y luego exige una reducción al 1,9% en 2023. El problema para Fernández es que el déficit el año pasado se vio reducido por ítems aplicados por única vez, incluyendo un impuesto a la riqueza que ya no rige y un salto temporario de los precios de las commodities agropecuarias de la Argentina, y, por tanto, en los ingresos por impuestos a las exportaciones. Sin cambios, el déficit de este año quizás alcanzaría el 4,5% del PBI. De modo que el Gobierno debe reducir su gasto en dos puntos del producto, probablemente reduciendo los subsidios para el consumo de electricidad y gas, y permitir que la inflación (del 51%) erosione el valor de las jubilaciones.
El acuerdo también requiere que la emisión del Banco Central (para cubrir el déficit) baje del 3,7% del PBI del año pasado a tan sólo 1% este año y que sus reservas internacionales sumen US$5000 millones. El Gobierno espera que el acuerdo le permita obtener un poco más de crédito internacional.
El FMI sabe que el gobierno de Fernández es débil y enfrenta elecciones el año que viene. El Fondo ha aceptado que cometió errores con el crédito al expresidente Macri. El personal del FMI desde hace mucho sostiene que un acuerdo que no cumpla con los estándares es mejor que un default. “Creo que el FMI ve esto como un puente a un nuevo gobierno que tenga la capacidad de hacer las reformas que la Argentina necesita para poner en orden sus cuentas y para lograr crecimiento”, dice el economista Eduardo Levy Yeyati.
Para la Argentina, también un acuerdo de bajo nivel es preferible a ninguno. Un default acumularía más presión sobre el peso y significaría más inflación y menos crecimiento. Pero todo acuerdo formal tiene que ser aprobado por el Congreso, según una ley aprobada el año pasado. Los kirchneristas parecen decididos a votar en contra. El Gobierno debe depender de la oposición o evitar el voto con un decreto de emergencia.
El problema de fondo es que la política peronista de proteccionismo y subsidios financiados con inflación ha dejado a la Argentina con bajo crecimiento y escasez crónica de divisas. El equipo de Fernández habla de crecimiento, pero lo traba con normativas e impuestos punitivos. “Este es un gobierno que es una máquina que destruye cualquier oportunidad de negocios”, dice Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central. La Argentina tiene abundantes empresarios, pero muchos se llevan sus negocios a otra parte.
Aunque Fernández consiga su acuerdo, el país simplemente quedará trabado. El kirchnerismo sólo tiene retórica para ofrecer a los argentinos. Pareciera que la oposición tiene todas las posibilidades de ganar la próxima elección. Pero orientar a la economía a un canal de alta velocidad requiere que la nación se enfrente a algunas duras verdades. Una sequía dejó al Paraná peligrosamente bajo el año pasado. El peronismo parece estar en el mismo estado.
Traducción de Gabriel Zadunaisky
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