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Trabajo busca limitar a un año el plazo de las pasantías
El proyecto difiere de otro que avanza en Diputados y que prevé un tope de nueve meses
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El Ministerio de Trabajo impulsará una reforma al régimen de pasantías laborales con un proyecto de ley que busca definir tres modalidades de contratos con una duración máxima de seis meses, en algunos casos, y de un año en otros, y siempre con un plazo mínimo de tres meses. Así lo explicó a LA NACION el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, que agregó que la expectativa es que el texto llegue al Congreso antes de que termine este año.
La iniciativa difiere de una que ya está en Diputados y que ayer obtuvo dictamen favorable en un plenario de las comisiones de Educación y de Legislación del Trabajo de la Cámara baja. Aunque hay un objetivo en común: la reducción del período en que alguien puede estar contratado como pasante.
En ese último texto, que lleva la firma de los legisladores kirchneristas Blanca Osuna y Héctor Recalde (respectivos presidentes de las comisiones mencionadas), sólo se habla de un tipo de contrato, denominado de "pasantía educativa", para el que se establece un plazo tope de nueve meses, con un límite de 20 horas semanales para el desarrollo de las tareas.
Según una norma vigente desde el año 2000, el régimen actual permite contratos de entre dos meses y cuatro años, con jornadas diarias de hasta seis horas.
La iniciativa de la cartera laboral prevé la coexistencia de tres tipos de prácticas: el contrato de aprendizaje, el de práctica educativa -dirigido a quienes tienen estudios de nivel superior- y el de práctica formativa -al que accederían quienes no hayan completado estudios terciarios-. En los dos primeros casos los contratos serían de hasta un año; en la tercera modalidad, las pasantías no podrían superar los seis meses.
En cuanto a los contratos de aprendizaje, se asemejarían a los que tradicionalmente existieron en las empresas, sin la exigencia de un título terciario. Esta relación se define como un período dedicado al entrenamiento de las personas para desarrollar algún oficio o tarea.
"Estamos trabajando en un proyecto para que las pasantías vuelvan a ser un eficaz sistema de reinserción laboral, y no un mecanismo de fraude laboral, como se lo utilizó durante muchos años", explicó el ministro.
En ese sentido, uno de los ejes de la reforma será la definición de facultades para el control del buen uso de las pasantías. Por eso se proyecta crear una unidad estatal especial dedicada sólo a este régimen. Por su parte, se le atribuiría al Ministerio de Educación la tarea de seguimiento del régimen en las universidades que firman convenios, para que sus estudiantes puedan realizar las prácticas.
La nueva ley prohibiría expresamente que los contratos sean prorrogados por las empresas o las entidades con pasantes.
La iniciativa de Recalde y Osuna, por su parte, estipula también que los pasantes recibirán una suma de dinero de carácter no remunerativo, como asignación estímulo, y establece que las empresas y organizaciones contratantes tendrán un cupo máximo para pasantes.
Según afirmó Recalde a LA NACION, "este sistema beneficia a las empresas, porque eleva el nivel de sus empleados que cuentan con instrucción superior, y cierra las compuertas al fraude laboral".
Para Osuna "el proyecto busca alcanzar puntos de armonía entre el interés educativo y el empresario, para lograr, desde lo educativo, el equilibrio entre posibilitar experiencias enriquecedoras y la no generación de relaciones laborales encubiertas y abusivas; y desde lo empresario, el balance entre los beneficios del régimen y la responsabilidad social".
Pese al avance que tuvo ayer el proyecto de los legisladores, LA NACION pudo saber que la intención del Poder Ejecutivo es lograr que se frene su tratamiento y que se espere el proyecto de Trabajo.
Según definió Tomada, el objetivo de la reforma es que las pasantías sean "realmente un elemento facilitador de la inserción laboral", evitando su uso abusivo.
Más oficinas de empleo
El funcionario se refirió al tema tras participar del acto de apertura del Primer Encuentro Nacional para la Promoción del Empleo Decente y Desarrollo Económico Local, organizado por la propia cartera y por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el marco del programa AREA (Apoyo para la Reactivación del Empleo en la Argentina).
Ese plan busca, con el apoyo del gobierno italiano, una fuerte expansión de las agencias de empleo que tienden a lograr un acercamiento entre desocupados y empresas que demandan personal, a la vez que promueve la integración de una red de servicios de empleo en todo el país. Ayer, Tomada anunció que en 2007 se pasará de 120 a 250 oficinas de empleo.
Según el funcionario, el objetivo de la política de estos centros de intermediación y capacitación es abordar la problemática del desempleo "desde la práctica, con una articulación entre lo económico y lo social".
Y agregó: "El mercado discrimina a los jóvenes, a las mujeres, a los desocupados de larga duración, a las personas con discapacidad, a los que no tienen las calificaciones suficientes, pero tenemos un Estado promotor del crecimiento y activo en la distribución de las oportunidades".
El convenio para la apertura de las oficinas fue firmado ayer por la tarde en la Casa de Gobierno por la cartera laboral y por el intendente de Florencio Varela y presidente de la Federación Argentina de Municipios (FAM), Julio Pereyra. La provincia de Buenos Aires tendrá 31 nuevas oficinas (14 en el conurbano), en tanto que otras 19 estarán en Santa Fe y las demás, distribuidas en el resto del país.
