Tres pilares para empezar a crecer a partir de 2020

Para volver a crecer después del 2020 es importante lograr condiciones para que el sector privado aumente fuertemente la inversión y, por lo tanto, la generación de empleo. El programa tiene que ser suficientemente ambicioso como para quebrar la percepción de que estamos estancados en un pozo sin salida y así despertar el espíritu emprendedor, y al mismo tiempo adecuadamente realista acerca de los obstáculos institucionales que enfrentamos.

Para no frustrarnos nuevamente, hay que concentrarse en lo fundamental y no en lo accesorio. Parte del fracaso económico de Cambiemos estos cuatro años fue haber puesto el carro antes que el caballo, dando empuje a temas que, si bien son relevantes, terminan siendo accesorios si tenemos en cuenta el tamaño de los desequilibrios macro y microeconómicos heredados: desarrollaron un ambicioso programa de infraestructura, pero se quedaron sin financiamiento al tener un plan fiscal inconsistente, expandieron los créditos UVA sin haber domado antes la inflación, intentaron atraer inversión sin haber bajado impuestos decisivamente ni mejorado la seguridad jurídica, con lo que tuvieron éxito solo en unos pocos sectores, etcétera.

Los tres pilares sobre los que hay que trabajar para crecer en forma sostenida son: 1) recortar el gasto público para bajar impuestos y el costo del financiamiento; 2) desregular la economía y combatir las quintas que tienen amarrada buena parte de las actividades, y 3) dar pasos firmes en mejorar la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas de juego.

El tamaño del recorte impositivo y, por lo tanto, del gasto público que hay que implementar es de más de siete puntos del producto bruto interno (PBI), un desafío enorme. Un ajuste de esta magnitud dejaría el gasto público consolidado (gobierno nacional más provincias) en niveles parecidos al de 2005-2006. Con siete puntos del PBI se lograría ir a un superávit primario de al menos 1,5% del PBI, necesario para hacer sustentable nuestra deuda pública y para bajar fuertemente los costos de financiamiento del sector público y del sector privado, y eliminar o disminuir una parte importante de los impuestos nacionales más distorsivos.

Un esfuerzo de esta magnitud permitiría eliminar el impuesto al cheque, que es un fuerte impedimento a la formalización y la bancarización de la economía argentina, y de las retenciones, que impiden un despegue exportador más fuerte. También permitiría una reducción de los impuestos al trabajo, que impiden la formalización de gran parte de la economía, y del impuesto a las ganancias corporativas para llevarlo a niveles competitivos con los de otros países que compiten en la atracción de inversiones.

La reforma impositiva de 2017 ya contiene algunos de estos puntos, como la reducción del impuesto a las ganancias corporativas al 25% -solo en el caso de ganancias no distribuidas- y la autorización al Poder Ejecutivo a convertir el impuesto al cheque en acreditable contra el impuesto a las ganancias. En otros aspectos, la crisis de 2018 nos hizo retroceder varios casilleros, como con los impuestos a la exportación y su expansión al sector servicios.

Las rebajas impositivas tienen que ser universales y no focalizadas. La focalización de beneficios es inequitativa, engorrosa para aplicar y da lugar a más evasión y a la captura de recursos públicos por lobbies privados. El programa recientemente anunciado para algunas pymes es, en este sentido, un paso atrás.

El tema es cómo financiar esta rebaja impositiva. Si bien el crecimiento y la formalización de la economía pueden financiar parte de este esfuerzo, no confiaría en ellos. Pensar que el crecimiento económico haría el ajuste fiscal fue el gran error de Cambiemos durante 2016.

La cruda realidad es que no es posible bajar el gasto público nacional en siete puntos del PBI. El gasto en inversión del gobierno nacional va a ser en 2019 el más bajo en términos del producto de los últimos 15 años. El principal espacio para cortar gasto, más allá de seguir eliminando ineficiencias varias, está en los subsidios y el gasto social, donde hay mucho para optimizar. Digamos que, a todo trapo, se podrían cortar tres o cuatro puntos del PBI en gasto público nacional.

Para ajustar el gasto en siete puntos del PBI es necesario cambiar la relación de poder entre el gobierno nacional y las provincias. Es decir, las provincias tienen que hacer parte del ajuste y disminuir las transferencias que reciben del gobierno nacional. El fallo de la Corte Suprema que forzó a la Nación a devolver el 15% de los impuestos coparticipados a las provincias, desfinanció a la administración central. Además, el Gobierno estuvo en minoría en ambas cámaras durante estos cuatro años y la aprobación de leyes costó muy cara en términos de distribución de recursos hacia las jurisdicciones.

Además, el mayor despilfarro de recursos está, sin lugar a duda, en los niveles provincial y municipal. Las provincias tienen más de tres millones de empleados públicos y su planta creció durante todos estos años. El nepotismo, el amiguismo y los planteles políticos sobre-expandidos son la norma en las provincias. Es imperioso terminar con este despilfarro de recursos.

Cambiar el equilibrio político entre la Nación y las provincias no es fácil pero, como dicen, la política es el arte de lo posible, y creo que el gobierno nacional tiene herramientas suficientes para lograrlo.

El segundo pilar para volver a crecer es implementar una importante desregulación y desburocratización de la economía. Aunque se han dado pasos importantes, queda mucho por hacer. La Argentina está plagada de quintas que benefician intereses particulares y frenan el emprendedorismo. Esto incluye a asociaciones profesionales, sindicales, empresariales y también a la burocracia estatal.

Hay que eliminar muchos trámites por los que hoy hay que pasar por los registros de automotores, colegios de escribanos, abogados, profesionales de ciencias económicas, agrimensores, etcétera. Hay que implementar urgente una reforma laboral que permita formalizar a millones de empleados y permitir a nuestras empresas competir en una economía globalizada, flexible y basada en el conocimiento. Hay que abrir la economía para dar sofisticación a nuestros mercados y evitar la concentración de actividades en Buenos Aires. Hay que simplificar fuertemente la administración tributaria: hoy pagar impuestos es un engorroso calvario.

El tercer pilar consiste en dar pasos importantes en la seguridad jurídica y la estabilidad de las reglas de juego. Los niveles de corrupción que hemos experimentado en nuestra historia reciente a nivel nacional, provincial y municipal son simplemente obscenos y han sido un factor importante en el crecimiento de la pobreza. La evidencia de otros países nos muestra que el cambio se tiene que dar de abajo hacia arriba. El peronismo controla el Senado -que decide el nombramiento de los jueces- desde la vuelta de la democracia. Y probablemente siga controlándolo durante los próximos cuatro años. Solo una fuerte presión social sobre nuestros legisladores logrará darnos una justicia independiente y eficiente.

También se requiere implementar cambios que permitan dar más estabilidad a las reglas de juego, construyendo instituciones que sirvan de puente entre el presente y el futuro. El cambio de reglas que tuvimos en las últimas décadas desalienta la inversión y el ahorro. No creo que un pacto al estilo La Moncloa sobre políticas específicas como pregonan algunos candidatos de la oposición, sirva de nada. Lo más probable es que en la Argentina un pacto así permitiría solamente cimentar los privilegios que ya tienen los posibles firmantes: empresarios, sindicalistas y políticos. El cambio también tiene que venir de abajo hacia arriba. La presión social tiene que darse sobre las reglas de juego político, incluyendo, pero no limitándose a las listas sábana. Mejores reglas político/electorales llevarán a políticas públicas de mejor calidad y más estables en el tiempo.

El autor es economista