Un blanqueo a medida para la corrupción kirchnerista
Los únicos interesados en participar serán los funcionarios y exfuncionarios públicos que quedaron expresamente fuera del sinceramiento fiscal de 2016
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PARA LA NACIONAlfonso Prat-Gay
Hace tan solo cinco años la Argentina completó el sinceramiento fiscal más grande de toda su historia y el más exitoso del mundo (junto con Indonesia). Más de 250.000 personas declararon activos hasta entonces ocultos por US$116.800 millones (duplicando la base imponible de Bienes Personales), de los cuales más del 20% representaron propiedades en el exterior (casi 60.000 viviendas). La recaudación de aquel blanqueo llegó al 1,5% del PIB, el triple de lo ingresado por el “impuesto solidario” en 2020.
La AFIP cuenta con todas las herramientas (entre ellas, acuerdos de intercambio de información con más de 60 agencias tributarias nacionales) para perseguir a quienes no hayan participado de aquel blanqueo o lo hayan hecho por montos inferiores a los entonces no declarados. No necesita de una ley para hacerlo: es su obligación.
Los únicos interesados en participar en este blanqueo de Cristina Fernández de Krichner serán los funcionarios y exfuncionarios públicos que quedaron expresamente fuera del blanqueo de 2016: quienes ya participaron entonces perderían todos los beneficios si volvieran a participar; y quienes pudiendo participar eligieron no pagar la tasa punitoria de 10%, ¿por qué lo harían ahora pagando 20%? No nos engañemos: este es un blanqueo para la corrupción kirchnerista.
La denominada “fuga de capitales” que agita el kirchnerismo está tan documentada y registrada por el Banco Central (BCRA) que no puede asimilarse a “fondos sin declarar” más que por una porción menor (los errores y omisiones en el balance de pagos desde 2016 en adelante). Asumir que está todo sin declarar y asociarlo al acuerdo con el FMI, como esgrime el kirchnerismo en el proyecto de ley, es un mero engaño discursivo para paliar su propio disgusto con el nuevo acuerdo de su gobierno con el FMI.
Recordemos que la propia Cristina reconoció haber “fugado” al menos US$5millones (que aparecieron en una caja fuerte a nombre de su hija), lo que la ubica en el primer percentil de “fugadores” durante el período 2015-2019. Esa operación, curiosamente ausente en el listado del BCRA ilícitamente divulgado por el periodista Horacio Verbitsky, es un excelente punto de partida para la AFIP en la búsqueda de fondos sin declarar que ya debería estar realizando.
Finalmente, el relevo del secreto fiscal y bancario en manos de funcionarios políticos que propone el proyecto de ley del oficialismo va a contramano de garantías constitucionales locales y todas las buenas prácticas internacionales, por lo que, de aprobarse, la ley solo conseguirá más de aquello que dice perseguir: “fuga de capitales”.
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