Una política antiinflacionaria integral

Por Roberto Frenkel Para LA NACION
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24 de junio de 2007  

Actualmente circulan bastante dos ideas. Una es que no debe esperarse ninguna iniciativa o cambio significativo por parte de la conducción gubernamental hasta las elecciones de octubre. La otra es que cabe aguardar un "emprolijamiento" de la gestión y políticas en curso después de las elecciones, como resultado de que éstas marcan un antes y un después y del establecimiento de una nueva administración.

La primera idea desalienta el debate cuando sugiere que es vano discutir ahora diagnósticos y medidas. Bien mirada, la sugerencia no es muy convincente. Hay una altísima probabilidad de que el próximo titular del ejecutivo sea "pingüino o pingüina", esto es, un gobierno que mantenga gran continuidad con el actual. Consecuentemente, discutir las políticas en curso debería tener implicancias directas para el futuro. Es verosímil que no se produzcan cambios en el elenco de la administración antes de las elecciones, pero no hay razón para que esta expectativa inhiba la discusión.

La otra idea, la de un futuro "emprolijamiento", parece la expresión esperanzada de gente que apoya en lo fundamental la orientación del Gobierno, pero tiene críticas y propuestas que no encuentra modo de canalizar ahora. Esta idea también debería favorecer la exposición de opiniones y alternativas, para contribuir a dar contenido a esa esperanza. En esta nota doy un puntapié a la pelota, enfocándome principalmente sobre las políticas macroeconómicas.

En primer lugar, un detalle que no es para nada menor. El Gobierno debe resolver cuanto antes la cuestión del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), de una manera clara y definitiva. Sería una saludable brisa de aire fresco, que facilitaría enormemente la discusión franca y la credibilidad del Gobierno.

El principal problema sin solución planteada que tiene la economía argentina es la inflación. Entiéndase bien, hay otros problemas serios sin resolver, como el desempleo y la iniquidad en la distribución del ingreso o la deuda externa remanente que no fue reestructurada. Con relación a los problemas de empleo y equidad, hay políticas en curso que tienden a atenuarlos y se espera que esas políticas continúen teniendo efecto, de modo de ir solucionando el problema con el paso del tiempo. En el tema de la deuda hay una clara definición de que no habrá una nueva propuesta de reestructuración. Se puede coincidir o discrepar con las orientaciones del Gobierno en estos temas, pero debe reconocerse que en cada caso éste tiene un planteo definido para encarar el problema.

Con el problema de la inflación la situación es diferente. El Gobierno carece de un planteo definido de política antiinflacionaria para el futuro. Como la inflación es un problema serio, que puede agravarse, la preservación del crecimiento sostenible de la producción y el empleo requiere que el Gobierno redefina la política macroeconómica para incorporar una política antiinflacionaria integral.

Un objetivo de esa política debería ser mantener la tasa de inflación en valores que no alcancen los dos dígitos, y así evitar la aceleración. Para esto es necesario que la política macroeconómica tome control de la evolución de la demanda nominal agregada. En este tema hay una gran confusión. Muchos políticos y periodistas, y también algunos economistas, identifican la desaceleración de la demanda agregada con el freno al crecimiento de la actividad y empleo. Para echar alguna luz sobre la cuestión utilizamos como ejemplo las últimas cifras publicadas de las cuentas nacionales. En el primer trimestre del presente año, con relación a un año atrás, la demanda agregada real, igual a la oferta agregada (esto es, cantidades a precios constantes de 1993) subió 9,3 por ciento. Por otro lado, el nivel de precios de los bienes y servicios que componen este agregado se elevó aproximadamente 10 por ciento. Esto significa que la demanda nominal (precios por cantidades) se elevó cerca de un 20 por ciento. La demanda nominal podría haber crecido menos, digamos 17%, con una combinación de la misma tasa de crecimiento de la oferta real (9,3%) y una menor tasa de inflación, del orden del 7 por ciento. La desaceleración de la tasa de crecimiento de la demanda nominal a 17% (en lugar de 20%) no hubiera garantizado por sí sola la mencionada combinación de precios y cantidades, pero esa desaceleración hubiera sido una condición necesaria para el logro de la combinación más virtuosa.

La aceleración no es el único síntoma de agravamiento del problema de inflación. También lo es la continua reducción de los precios relativos de aquellos bienes y servicios cuyos precios suben sistemáticamente menos que el promedio, como los de la energía.

Con el paso del tiempo la distorsión aumenta y el ajuste se hace más costoso, lo que aumenta el incentivo a posponerlo. La caída del precio relativo de la energía provee incentivos opuestos a los que serían necesarios. El planteamiento de una política antiinflacionaria integral también debe resolver esta cuestión. La necesaria redefinición de estos precios y tarifas sólo puede hacerse en ese marco integral.

Impulso positivo

Si se descartan la política monetaria contractiva y la apreciación del tipo de cambio como instrumentos de control de la demanda y la inflación (como debe hacerse y como he expresado en numerosas notas previas) le queda a la política fiscal el rol de instrumento macroeconómico de control. En los últimos dos años la política fiscal ha adicionado un impulso positivo a la demanda agregada del orden del 1% del producto bruto interno (PBI) por año, por la paulatina reducción de la proporción de superávit primario sobre el PBI.

El planteamiento de una política antiinflacionaria integral impone un cambio de orientación en ese aspecto. Aprovechando los aumentos ya producidos en los gastos en seguridad social y salarios, la nueva orientación de la política fiscal debería tener un eje en la recuperación del superávit primario. Los excedentes deberían acumularse en un fondo anticíclico y antiinflacionario, constituido preferentemente en moneda internacional para contribuir adicionalmente a la sostenibilidad de las políticas cambiaria y monetaria.

La política de ingresos, de precios y salarios debería continuar jugando un importante papel coordinador. Esta política adquiere un carácter algo diferente del que ha venido mostrando cuando está inscripta en una política antiinflacionaria integral, con un marco consistente y conducción coordinada por el Gobierno y el Banco Central.

Esta política puede darse con un objetivo de tasa de inflación, que se haría creíble si se muestra que las políticas macroeconómicas fiscal, monetaria y cambiaria son consistentes con el objetivo. Entonces, la tasa de inflación objetivo de la política antiinflacionaria puede servir de ancla de las expectativas privadas y de orientador de las decisiones.

  • El próximo domingo: el columnista invitado será Roberto Cachanosky.
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