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Una reforma que esconde otros objetivos
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Asistimos en estas semanas al debate parlamentario por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Sin dudas, una discusión importante para un país que debe plantearse la reconstrucción de su patrón monetario y el reordenamiento de un sistema financiero que está muy lejos de cumplir con las necesidades del país. En la Argentina carecemos de herramientas crediticias que coadyuven en la definición de políticas de fomento sectorial y regional, al tiempo que permitan definir quiénes deben ser los sujetos sociales que adquieran centralidad en el proceso de desarrollo.
Compartimos la necesidad de la reforma. Sin embargo, al examinar la letra chica del proyecto, el oficialismo entierra sus declamados objetivos estructurales en el altar de las necesidades de caja y de coyuntura. La propuesta, luego de afirmar que el mejor respaldo para la moneda no es la "acumulación de reservas" sino el trabajo, la producción, la productividad, en suma la capacidad para crear riqueza, define en su articulado que las "reservas de libre disponibilidad" tendrán por único objetivo la cancelación de deuda pública. Es obvio que las reservas pueden ser un recurso por utilizar para la cancelación de deuda. Lo que no es obvio es que éste tenga que ser un objetivo excluyente y a ser formulado en la ley. En este artículo el oficialismo exhibe sus verdaderas necesidades.
Luego de la reforma de la Carta Orgánica efectuada por Néstor Kirchner y que permitiera bajo la creación del concepto de reservas de libre disponibilidad pagarle al FMI, el problema hoy es que se han agotado las reservas de libre disponibilidad y existe la necesidad de crear nuevas condiciones legales para poder hacer uso de las divisas que tiene el BCRA. Si comparamos el total de reservas brutas (US$ 46.900 millones) con la base monetaria (US$ 47.500 millones), se observa un déficit de US$ 600 millones.
Si además calculamos las reservas netas, restando lo que el BCRA les debe a bancos europeos (US$ 4000 millones) y los encajes en dólares que los bancos colocan en el Central (US$ 6000 millones), el déficit respecto de la base monetaria se acerca a los US$ 11.000 millones.
Por tanto, asistimos a una operación elemental que desautoriza toda la argumentación y que pone al proyecto en línea con el objetivo de disponer de divisas para el pago de deuda pública. Por si esto fuera poco, se incorpora también en el mismo artículo la posibilidad de usar reservas para afrontar "deuda pública bilateral". Se busca, de este modo, afrontar el pago al Club de París, deuda contraída en la época dictatorial y que exigiría una revisión, ya que existen investigaciones que indican que exhibe profundas irregularidades.
En este camino, donde las necesidades de coyuntura hacen desandar los argumentos oficiales, se inscribe la discrecionalidad en que cae la reforma planteada. Luego de romper la regla "convertible" que ataba el monto necesario de reservas al 100% de la base monetaria -planteo que podría suscribirse- se establece que el "nivel óptimo de reservas" será exclusiva facultad del Directorio del BCRA sin "control institucional" de ninguna naturaleza ni parámetro objetivo que pueda conocerse. Dicho de otro modo, el nivel "óptimo" será el que la política oficial necesite para poder disponer de las reservas. En igual sentido, la propuesta oficial amplía las posibilidades para emitir nueva deuda y ampliar la asistencia al Tesoro.
No nos asusta el uso de las reservas. Tampoco terminar con la regla de la convertibilidad y, mucho menos, ampliar las posibilidades de financiamiento al Tesoro. Sí nos preocupa la absoluta discrecionalidad, la ausencia de parámetros objetivos, la excluyente decisión de usar reservas para pagar deuda y el haber incorporado sin revisión los pagos al Club de París. Preocupación que es mayor dado el contexto en el que se inscribe. Un contexto que nos habla del agotamiento de la capacidad instalada, de un evidente déficit en materia de inversión, en el marco de un gobierno que sigue postergando las medidas necesarias para incidir en la orientación de la misma y luego de un bienio en el que la inflación acumula más de un 50 por ciento. Por estas razones, insistimos en:
- Deberían existir controles institucionales. En este sentido, se ha perdido la oportunidad de "federalizar" el Directorio del BCRA, dándoles representación a las distintas regiones del país. A la vez, el Directorio debe dar cuenta de su Plan Anual frente al Parlamento, debe explicar los eventuales "desvíos" que su gestión pueda tener reteniendo el Congreso la capacidad de removerlo frente al incumplimiento. Por último, es indispensable habilitar el control de la Auditoría General de la Nación sobre las operatorias del BCRA.
- Deberían existir parámetros objetivos para la fijación del nivel óptimo de reservas. Establecer un piso equivalente a seis, siete u ocho meses de importaciones y sujetar la facultad de utilizarlas a la vigencia de un balance de divisas positivo, nos parece un criterio razonable.
- El destino prioritario de las reservas de libre disponibilidad debería ser el fomento de la inversión y el desarrollo productivo. Es el camino que han seguido China, Brasil, Japón y Ecuador. Es el camino que necesitamos para fortalecer al Estado en su papel de líder y orientador del proceso de inversión y cambio productivo.
