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Una tarde de abrazos en el Ministerio y la nueva cacería en tres paraísos fiscales
Caputo gana peso en la política con acuerdos que combinan subsidios, votos y concesiones; las medidas en juego para empujar la economía sin caer en el manual keynesiano
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LA NACIONPablo Fernández Blanco
Todos de acuerdo, ordenados y con agradecimientos recíprocos. La tarde del martes pasado se llenó de abrazos en el Ministerio de Economía. Fue el inicio de una forma de trabajo que el Gobierno profundizará en las próximas semanas para obtener un conjunto de leyes que considera fundamentales.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, le había pedido al dueño de casa, Luis Caputo, que recibiera a un grupo de representantes del norte. La sala se llenó con 14 funcionarios, entre los que se destacaban los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta) y Leandro Zdero (Chaco). Iban a pedir más subsidios para la electricidad en sus provincias. Subsidio es una palabra casi prohibida en la gestión libertaria, pero Caputo le encontró la cuadratura al círculo.
El ministro ofreció bajarles la luz con aportes adicionales del Estado a los residentes del Norte que lo necesiten, como pidieron los jefes provinciales, pero ahorrando recursos para el país, en línea con el propio rumbo que tiene la gestión libertaria. Casi mágico, si no fuese por un elemento: en ambos casos, los fondos que recibirán las provincias y que ahorrará el Gobierno los pondrán otros usuarios mediante la reversión parcial de la ley de zonas frías que ideó en su momento Máximo Kirchner.
Los gobernadores se fueron contentos, pero con trabajo. Deberán convencer a sus senadores de que levanten la mano cuando el proyecto propuesto por el oficialismo, que tiene media sanción en Diputados, se vote en el Senado.
El beneficio para sus votantes se aplicará con una resolución —por eso la importancia de que en el encuentro estuvieran la secretaria de Energía, María Tettamanti, y su jefe, Daniel González— solo después de la aprobación de la ley libertaria.
Los jefes provinciales tienen, igual, un seguro ante incumplimientos de la Casa Rosada. Es que el gobierno espera tratar proyectos que le resultan centrales, como la reforma de la Carta Orgánica del BCRA, Inocencia Fiscal II y, finalmente, la reforma electoral. Quid pro quo amable. Así funcionará la dinámica del poder en las próximas semanas.
Los subsidios que se dan diciendo que se ahorra, el perdón a las distribuidoras eléctricas a cambio de que bajen los juicios y la persecución de evasores que lanzó ARCA obedecen a la misma lógica. Milei no cambió el rumbo, cambió el método: ya no ajusta contra la política, sino con ella.
Hay otros interesados en que la nueva ley se apruebe. Expectantes están, por ejemplo, José Luis Manzano, Daniel Vila y Mauricio Filiberti, dueños de Edenor; Jorge “Corcho” Rodríguez, lobista del Grupo DESA, que tiene distribuidoras como Edelap, en La Plata, y los italianos que manejan Edesur.
Sucede que una parte de la norma que pasó desapercibida le permite al Estado reconocer créditos a distribuidoras por congelamientos o emergencias tarifarias del pasado y usarlos para cancelar ciertas deudas a cambio de que abandonen los reclamos contra el Estado.
Es una especie de “borrón y cuenta nueva”, el último adiós al congelamiento del kirchnerismo que todavía rasguña los balances de compañías que se financian en el mercado de capitales.
Los últimos encuentros entre funcionarios y gobernadores profundizaron un cambio en el Gobierno tras la salida de Manuel Adorni. La rosca es el ecosistema del nuevo jefe de Gabinete. Va a todas las reuniones que puede. De una de ellas, hace aproximadamente dos semanas, se llevó los reclamos sobre el proyecto de ley de cabotaje (permitía que buques de bandera extranjera realizaran viajes entre puertos argentinos). Lo está discutiendo cotidianamente con Federico Sturzenegger (Desregulación).
Pero en esta etapa de la economía, nada sobresale más que el creciente involucramiento en la política de Luis Caputo, que está liderando el proceso para concretar diagonales que le convengan al proyecto sin lastimar sus fundamentos.
El cuestionamiento que sobrevuela la vida pública argentina —el hecho de que la estabilización y la mejora en el nivel de actividad no llegan a todos— está completamente presente en las discusiones palaciegas, más allá de lo que diga en público el propio Presidente.
Caputo decidió poner en marcha distintos mecanismos para empujar la recuperación. Funcionarios que suelen trabajar con él aseguran que está ocupado en el tema. La cuestión es que todas las medidas están en el manual liberal y son menos visibles que decisiones que el propio Milei cuestionaría por keynesianas o, de manera aún más ignominiosa, kirchneristas.
De esa inspiración surgió la idea de darles 18 cuotas a las pymes para pagar los impuestos, los alivios para las entidades de la salud y la posible remonetización con dólares para activar la economía. También hay expectativa por la posibilidad de usar dinero de la Anses para promover los créditos hipotecarios.
La preocupación por la actividad también tiene otra derivación: mejorar las ventas en blanco. En Economía creen que combatir el contrabando puede ayudar a recuperar parte del consumo formal y, al mismo tiempo, reforzar la recaudación. Esa indicación desató chispazos entre funcionarios de máximo nivel.
El lobby empresario le reclama al ministro con insistencia por el ingreso informal de productos, desde celulares hasta cervezas. Caputo transmitió con la misma insistencia la preocupación al jefe de ARCA, Andrés Vázquez, un histórico del organismo que llegó a su sillón por recomendación de Leonardo Scatturice y responde al asesor Santiago Caputo, pero asume la obligación casi permanente de mostrarle a su jefe formal, el ministro, mucho de lo que hace.
Vázquez se tomó el reclamo en serio, según relatan algunos funcionarios del ente recaudador que pasan cerca de su despacho. ARCA plagó las rutas de controles eligiendo las geografías más calientes y las fuerzas de seguridad que considera menos permeables a recibir sobornos o participar de negocios ilegales. Es pesca de arrastre, menos preocupada por la especie que por el volumen.
El ímpetu del ente recaudador para cumplir con el reclamo de Caputo derivó en un contrapunto con el Ministerio de Seguridad, que maneja Alejandra Monteoliva. La Aduana le pidió por nota al ministerio que le diera acceso a los escáneres y las cámaras de seguridad del Aeropuerto Ministro Pistarini, en Ezeiza. Con mucha gentileza, la gente de la ministra rechazó el pedido. La discusión por el control del contrabando en la mayor terminal internacional del país continuará.
Vázquez tiene muchas otras cosas con las que se está entreteniendo. Para cumplir la promesa libertaria de bajar impuestos, debe mejorar la recaudación. Los jefes de ARCA están obteniendo resultados prometedores a partir de datos de residentes argentinos provenientes de los países de la OCDE.
Todo pasa a través del denominado Estándar Común de Reporte (CRS), un sistema global de intercambio automático de información fiscal sobre cuentas bancarias y financieras para evitar la evasión de impuestos. Es curioso que ese sistema, menos difundido que el temerario Fatca (permite el intercambio automático de información con Estados Unidos), resulte más útil a los fines de encontrar a quienes defraudan al fisco.
La administración de Javier Milei buscará cada vez más evasores en Europa. En parte, porque la OCDE pondrá en marcha un sistema aún más potente que el actual para encontrarlos. Hay una convicción fuerte de Economía alrededor de ese punto. Una sucesión de decisiones lo revela.
Juan Pazo, el segundo director ejecutivo de ARCA en la gestión de Milei, que dejó su lugar en diciembre del año pasado pese a su cercanía con Caputo, puso en marcha el plan para recibir US$100 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para, entre otras cosas, sacarle más provecho a la actualización que los europeos van a implementar en 2028. La expectativa por sus efectos es enorme.
Habrá, antes, novedades provenientes de destinos envueltos en el misterio. ARCA está tras la pista de grandes fortunas que esconden dinero en lugares de alto secretismo, baja tributación y escasas obligaciones de revelar quiénes son los verdaderos dueños.
Son operaciones que se estructuran a través de vehículos jurídicos y societarios que dificultan la identificación del beneficiario final. Pueden ser trust, fundaciones privadas, sociedades offshore, holdings o complejas cadenas de sociedades constituidas en distintas jurisdicciones.
El Estado argentino recibió información a partir de la cual empezó a investigar un centenar de casos objetivo, como los llaman, bajo la Dirección de Fiscalidad Internacional. Es la dependencia encargada de manejar el intercambio de datos con otros países. Hay tres jurisdicciones en la mira. Una de ellas es Liechtenstein.
Los argentinos sospechados de tener dinero oculto allí ya están recibiendo notas del organismo recaudador. Es otra expresión de la transformación que atraviesa al Gobierno. Para bajar impuestos, necesita recaudar, y, para eliminar subsidios, acepta negociar otros. Es un cambio de época: la motosierra sigue funcionando, pero ahora está lubricada por la política.
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