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Uruguay atrae a ganaderos argentinos
Ese país capta inversores por la menor presión impositiva y las políticas de apoyo a la actividad
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LA NACIONFernando Bertello
FRAY BENTOS.- No hay retenciones a las exportaciones, se pagan menos impuestos, existen reglas de juego más estables para quienes invierten, la hectárea tiene valores más accesibles y, sobre todo, hay un rumbo definido para la producción ganadera...
Motivados por estos factores, Miguel y Diego Viganó, de 30 y 28 años, respectivamente, son dos argentinos que llevan adelante por estas tierras, a 270 kilómetros de Buenos Aires, una empresa dedicada a la producción de carne. Lo que hacen aquí lo podrían haber desarrollado en la Argentina, pero, como afirman, las mejores condiciones para invertir en este negocio los convencieron de que debían estar de este lado del río Uruguay.
"Acá se puede pensar a largo plazo. No hay retenciones porque a nadie se le ocurre retener lo que se gana, se pagan menos impuestos, que vuelven al productor en algo, y no hay cambios radicales como para que el negocio se torne inviable", dijo Miguel Viganó, un abogado que hasta hace unos años trabajaba en un estudio jurídico de Buenos Aires.
Con una superficie 15 veces más pequeña que la argentina y un stock bovino cuatro veces menor (11,5 millones de cabezas versus 56 millones), en Uruguay la ganadería es casi una cuestión de Estado, en especial por su impacto sobre la economía. De las exportaciones por algo más de US$ 3300 millones que tuvo el país en 2005, 800 millones vinieron del sector de la carne, que saltó a esa marca desde los 300 millones de hace un par de años.
La historia de Miguel y su hermano Diego como ganaderos nace en 2003. "El primer atractivo que vimos en Uruguay fue el valor de la tierra. Mientras en la Argentina nos encontrábamos con campos de 2500 o 3000 dólares la hectárea, aquí veíamos que la hectárea costaba 1000, aun cuando hubiera entre un país y otro condiciones climáticas y de suelo similares", señaló el ganadero de esta localidad del departamento de Río Negro.
La llegada de los Viganó a Uruguay coincidió con una época en que muchos productores argentinos, impulsados por los altos precios de la soja, cruzaron el río con inversiones que revolucionaron los valores de los campos, que subieron hasta un 100%. Fundamentalmente se dedicaron al negocio agrícola, comprando o alquilando campos en departamentos como Soriano y Río Negro, limítrofes con el litoral argentino de Entre Ríos, o en Durazno, en la zona central. De siete estancias que hay en la zona donde están los Viganó, cinco pertenecen a propietarios "llegados del Oeste", como dicen aquí.
Inversión ganadera
Otros argentinos entraron en la ganadería, como es el caso de los Viganó, quienes hoy tienen 2500 hectáreas dedicadas a esta actividad, después de reconvertir un establecimiento abandonado, casi sin alambrados, sin mejoras y con baja producción. De un campo que no tenía nada, estos productores esperan vender 1900 novillos durante este año.
"Acá tenemos más capacidad para proyectar el futuro", indicó Diego. Por más que hay notorias diferencias entre ambos países, como es el número de compradores para la carne en el mercado interno -hay menos de 30 frigoríficos en Uruguay, contra más de 400 en la Argentina-, los Viganó quieren seguir apostando a la ganadería en estas tierras. Proyectan para el año próximo construir en el campo un feed lot (engorde a corral) para más de 1000 animales. "Aquí van para adelante. Cuando tuvieron el problema de la fiebre aftosa [en 2001] todos se pusieron a trabajar enseguida para resolver el problema, desde el escribano del pueblo hasta el productor", comentó Miguel.
De todos modos, el gran incentivo que sienten estos ganaderos viene por el lado impositivo, donde a la ausencia de las retenciones se suman otras ventajas importantes. "Se pagan muy pocos impuestos", indicaron. De la carga directa sobre esta actividad sobresale el impuesto a la enajenación de los bienes agropecuarios (Imeba), que se aplica en un 2,5% sobre la venta del ganado, y una tasa municipal del 1%. También hay una contribución inmobiliaria de entre 0,25 y 1%, según la productividad de la tierra, y un aporte al Banco de Previsión Social en materia de seguridad social de los empleados y por las hectáreas bajo producción. Aquí no hay impuestos a los ingresos brutos, al cheque o para reparar caminos rurales. Además, el denominado gravamen al patrimonio se encuentra suspendido desde la crisis de la aftosa para no afectar más la rentabilidad de esta actividad, que había quedado golpeada.
