Vaca Muerta: cómo puede afectar a tarifas la reglamentación del Plan Gas

Finalmente, después de un mes desde su anuncio político en Vaca Muerta, se oficializó ayer el Plan Gas en el Boletín Oficial, el programa de subsidios con el cual el Gobierno busca que aumente la producción local (sin la necesidad urgente de actualizar las tarifas), para así depender menos de las importaciones y evitar el drenaje de divisas.

El objetivo inmediato está puesto en el invierno próximo: si el Gobierno no tomaba ninguna medida, las importaciones iban a subir sustancialmente, ya que la producción interanual acumulada de los primeros nueve meses del año (último dato disponible) cayó 5,7%. Si solo se mira el dato de septiembre, la oferta cayó 10,9%, según el informe mensual del Instituto Mosconi.

Esto se debe a que, como las tarifas de gas están congeladas desde marzo de 2019, el precio que reciben los productores no cubre el incentivo para realizar nuevas inversiones. Y la declinación de la producción de los pozos gasíferos es muy acelerada, sobre todo los no convencionales, como los de Vaca Muerta.

Actualmente, los usuarios residenciales pagan un precio de gas de US$2,31 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), pero que disminuye a medida que se devalúa la moneda.

El nuevo programa consiste en realizar subastas de 70 millones de metros cúbicos por día en las cuales se establece un precio máximo promedio de US$3,70. Las productoras que oferten el menor valor tendrán prioridad para firmar contratos de exportación en verano en condición firme (ininterrumpible).

El Gobierno luego decidirá qué porcentaje del precio total se traslada a tarifas. Si se mantiene el valor actual de las tarifas, por ejemplo, el Estado les pagaría a las empresas la diferencia entre US$3,70 y US$2,31. Ese US$1,39 será el subsidio que el ministro de Economía, Martín Guzmán, intentará mantener o reducir con la actualización de tarifas, ya que el aumento del tipo de cambio disminuye el precio en dólares que pagan los usuarios en las boletas.

El resto del segmento de las facturas de gas está compuesto por transporte y distribución (40% de incidencia en el precio final), donde operan las empresas TGN, TGS, Metrogas, Naturgy y Camuzzi, por ejemplo. Sus ingresos tampoco se actualizan desde marzo del año pasado y esto ya generó una ruptura en la cadena de pagos. Metrogas, por ejemplo, debe tres meses de factura a las empresas productoras (YPF, Tecpetrol, Total, Pluspetrol y Pan American Energy, entre otras) y dos de ellas le cortaron el suministro.

En el Gobierno ya anticiparon que se buscará aplicar aumentos segmentados en la tarifas, diferenciados por poder adquisitivo. Hasta mediados de diciembre, los servicios de gas y electricidad están congelados por DNU, por lo que se cree que los incrementos serían a partir del año próximo.

El Gobierno previamente, además, debe llamar a una audiencia pública para definir las subas, lo que podría demorar para febrero las actualizaciones.

Todavía genera dudas cuál será la postura de la coalición gobernante más cercana a la vicepresidenta Cristina Kirchner, que se manifiesta en contra de aumentar tarifas en un año electoral. Pero bajar el gasto en subsidios económicos es uno de los temas que está en la negociación entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI.

Según datos de la Secretaría de Energía, el Plan Gas tiene como objetivo la sustitución de importaciones de 30.804 millones de metros cúbicos, generando un ahorro de divisas por unos US$9274 millones y un ahorro fiscal de US$2574 millones hasta 2024. Además, señalaron que, con el nuevo esquema, el costo fiscal total será de US$5062 millones, lo que permitirá un ahorro de US$2574 millones.

"Los lineamientos del plan permiten armonizar la situación entre el precio necesario que fomenta inversiones con la tarifa que puede afrontar el usuario residencial", dijeron en el área energética.

Por Sofía Diamante

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