Vicentin y la credibilidad del Estado argentino hacia el futuro
El presidente Alberto Fernández anunció que intervendrá a la empresa Vicentin, para lo cual emitirá un Decreto de Necesidad y Urgencia. Además, anunció el envío al Congreso de un proyecto de Ley para declararla de "utilidad pública" y expropiarla.
Esta medida merece analizarse con seriedad ya que lo que está en juego no es más que la credibilidad del Estado argentino, con todo lo que ello implica.
Vicentin es una de las principales empresas argentinas de alimentos. Participa no sólo en la producción de cereales y oleaginosas, sino también en la de algodón, vino, carne y frutícola. Posee alrededor de unos 5.500 empleados, y se vincula directamente con más de 2.500 pequeños y medianos productores. A su vez, es uno de los principales actores en materia exportadora, representando 1 de cada 10 dólares en envíos argentinos de granos y oleaginosas.
La decisión de expropiación no hace más que sumar incertidumbre en un momento complejo para la Argentina. No sólo por la pandemia, sino también por estar en medio de un proceso activo de renegociación de la deuda externa.
La historia nos condena. Los procesos de intervención y expropiación no han dado buenos resultados para la producción, ni para las arcas fiscales. Se dan incentivos que afectan la transparencia y fomentan el mal uso de los recursos de los contribuyentes. Es así como, en general, se observa que las empresas administradas por el Estado tienen un manejo poco transparente en materia de recursos financieros y humanos, licitaciones e incurren en déficits operativos que nada tienen que ver con una función social o estratégica para la que fueron creadas. Más aún, cuando todo viene acompañado de dogmatismos políticos que hacen que las empresas más bien sean una célula partidaria.
Más allá del caso puntual de Vicentin, hacia adelante hay incertidumbre sobre cuál será el rol del Estado en la economía. La crisis derivada de la pandemia generará múltiples situaciones similares como la de esta empresa, ¿cuál será la acción del Estado en esos casos?
Se dijo que esta expropiación es un paso hacia la "soberanía alimentaria" y que Vicentin sería una empresa testigo para que el Estado tenga un rol activo en el mercado alimentario. Esto recuerda a la retórica que se utilizó en la expropiación de Ciccone para ir hacia la soberanía monetaria, o como cuando la expropiación de YPF fue un paso hacia la soberanía energética. Los resultados están a la vista. Restará ver si Vicentin se convierte en otro caso testigo sobre la retórica populista.
La realidad es que los esquemas económicos en el mundo en las últimas décadas han avanzado en otra dirección. No hay ejemplos a nivel internacional de empresas de alimentos manejadas por el Estado. El verdadero desarrollo es otorgar seguridad alimentaria, a través de cuestiones como la promoción y apertura de mercados, la trazabilidad, el cumplimiento de normas y estándares de calidad. Todo desplegando una diplomacia activa, que dialogue y coopere con nuestros socios comerciales.
Construir una política de Estado en materia de alimentación es mucho más importante que sentar militantes en un directorio, estatizar una empresa o realizar declamaciones sobre soberanía. Argentina debe y necesita ser un proveedor confiable de alimentos en el mundo. Aprovechar esta oportunidad será imposible con improvisaciones y medidas que atentan contra la seguridad jurídica, aumentan la incertidumbre y mal utilizan los recursos de los ciudadanos.
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