Ya no quedan dudas: el Fondo Monetario es peronista

Ya no queda ninguna duda. El Fondo Monetario Internacional (FMI) es peronista. El Gobierno acusa al organismo de haberle dado un préstamo político al gobierno de Mauricio Macri. Dijo que el préstamo fue “destinado a respaldar las posibilidades electorales de la administración en ejercicio.” Pero ese salvavidas, si existió, fue un salvavidas de plomo.

El FMI le exigió a la administración de Macri un ajuste fiscal de casi cuatro puntos del PBI en el curso de un año y medio, y le impuso una política monetaria absurdamente contractiva. El 7 de octubre de 2018, una vez firmado el segundo acuerdo con el FMI, escribí en LA NACION: “Es muy probable que la estrategia monetaria que impuso el FMI beneficie al peronismo en las elecciones de octubre de 2019″. Y agregué que “es probable (…) que el nuevo programa monetario extienda la recesión por varios meses más.”

Efectivamente, la contracción fiscal y monetaria tuvo un importante impacto en la actividad. A esto se sumó la imposibilidad, por imposición del acuerdo, de intervenir en el mercado de cambios, lo cual generó zozobras con alto impacto en la popularidad del gobierno macrista a partir de marzo de 2019. El resto es historia.

El entendimiento con el FMI anunciado el viernes último reafirma que el organismo es peronista. Le impone al Gobierno de Alberto Fernández un ajuste fiscal de solamente 1,3 puntos porcentuales del PBI en los dos años que le quedan. La variable debe pasar de 3,2% del PBI en 2021 a 1,9% en 2023. Al mismo tiempo, le piden al próximo gobierno que baje el resultado primario a 0% del PBI en los primeros dos años de mandato.

Los requerimientos monetarios y cambiarios son también mucho mas light que los realizados cuando estaba la gestión de Cambiemos. Le permiten al Banco Central seguir financiando al Gobierno –aunque en forma mucho más acotada que en 2020 y 2021 y de manera decreciente–, y habilitan a mantener los extensos controles de capitales, aunque, por otro lado, aparentemente le exigen contar con una tasa real positiva, lo que sería una primera vez para un gobierno kirchnerista.

Tampoco le imponen a este Gobierno ninguna reforma estructural, como, por ejemplo, del régimen laboral o del sistema de jubilaciones. No es que a Macri le hayan pedido demasiadas reformas tampoco, pero en ese entonces se trataba de un acuerdo Stand-by, mientras que ahora se trata de un Extended Fund Facility (EFF). Los EFF, al tener un período de repago más largo, suelen venir acompañados de exigencias de reformas estructurales.

El EFF que apunta a firmar el Gobierno, según declaró el ministro de Economía Martín Guzmán, tiene una duración de 10 años, con un período de gracia de 4 años y medio.

“El ala dura del Gobierno no cree que la recuperación de la confianza y la atracción de capitales jueguen un rol en el crecimiento”

Es decir, el próximo gobierno no solo tendrá que ajustar el déficit primario en forma mucho más acelerada que el actual, sino que también enfrentará fuertes vencimientos con el FMI y con el sector privado.

Cuando el presidente Alberto Fernández presentó los resultados de la reestructuración de la deuda en moneda extranjera con el sector privado, dobló la hoja que tenía el gráfico de los vencimientos. En la parte que no se vio en televisión estaban los vencimientos por US$21.428 millones que deberá enfrentar el próximo gobierno. Ajuste, reformas estructurales y fuertes vencimientos de deuda, un cóctel muy difícil de manejar.

Quedan dos preguntas pendientes. La primera es si el acuerdo se cerrará. Y la segunda es, si se firma, cuáles serían sus consecuencias. Vale una aclaración. Lo que se anunció el viernes es un entendimiento, no un acuerdo. El staff del FMI emitió un comunicado un rato después de las declaraciones de funcionarios argentinos. Según el organismo, “el personal técnico del FMI y las autoridades argentinas han llegado a entendimientos sobre políticas claves, como parte de sus discusiones en curso sobre un programa respaldado por el FMI.”

La lógica indica que el Gobierno debería terminar de cerrar el acuerdo con el FMI. El stress vivido en las semanas anteriores, con una incertidumbre que probablemente genere daños permanentes, es muestra de que la alternativa al acuerdo es el abismo. Entrar en default implicaría, además de un costo reputacional gigante, perder acceso a créditos con organismos internacionales como el Banco Mundial. La política monetaria se pondría bajo un tremendo stress, ya que el Banco Central debería financiar el déficit del Gobierno, e incluso emitir más para poder pagar parte de los casi $5 billones de deuda en moneda local que vencen este año, dado que el mercado difícilmente quiera renovar todos los vencimientos si hay default con el FMI. La inflación, en este contexto, se aceleraría fuertemente.

Esta es, sin embargo, nuestra lógica. Cristina Kirchner tiene otra, y es importante entenderla, porque indica que el acuerdo es muy probable (dado que es muy light), pero no seguro. El episodio con los holdouts en 2014 sirve como ejemplo. El default de julio de 2014 tuvo altos costos para el país, aunque era totalmente evitable, ya que el país tenía capacidad de pago. Trajo elevados costos reputacionales y dejó al país y a sus empresas sin crédito internacional. Tuvo, además, un costo económico gigante. Es decir, según nuestra lógica fue “el default más tonto de la historia argentina”, como lo llamó el periodista Martín Kanenguiser en su libro con ese título.

“Un acuerdo light es mucho mejor que un default, pero difícilmente sea la base para una recuperación sostenida de la economía”

Según la lógica de Cristina Kirchner, ejecutada fielmente por Axel Kicillof, la batalla con los “fondos buitre” fue una batalla por la soberanía. Poco después de entrar la Argentina en default, dijo: “Queremos ejercer los derechos como país soberano”. Palabras, por cierto, muy parecidas a las que esgrimió Guzmán en su presentación a los gobernadores a inicios de enero.

Más genéricamente, la lógica del populismo se basa en la construcción de enemigos como, en el caso de Cristina Kirchner, el FMI y sus “políticas de ajuste”. En la misma línea, el ala dura del Gobierno no cree que la recuperación de la confianza y la atracción de capitales jueguen un rol en el crecimiento. Suscriben a la versión financiera del “vivir con lo nuestro.” Por eso, lo único que buscaba el Gobierno era posponer los pagos y evitar implementar un ajuste fiscal, ya que ve al sector público como el único dinamizador de la economía.

Además de batallas épicas por la soberanía, rencillas de barrio también empujaron al país al default en 2014. Hubo una negociación entre bancos privados –encabezada por Jorge Brito–y los holdouts, que avanzó bastante y hubiese permitido destrabar el conflicto. La negociación se cayó luego de declaraciones de Kicillof en Nueva York. Cristina, aparentemente, no quiso ungir a Brito, cercano a Sergio Massa, entonces enemistado con ella por haberla desafiado en las elecciones legislativas de 2013, como salvador de la patria. Esta historia muestra cabalmente la distancia entre nuestra lógica y la de Cristina.

Estas características de la lógica del kirchnerismo y sus objetivos en la negociación chocan con los objetivos del FMI, que necesita proyectar que la trayectoria de la deuda será sustentable y que teme que el financiamiento monetario del déficit acelere la inflación. También busca que el acuerdo tenga un amplio apoyo político y social. Si los anuncios se plasman en un acuerdo, está claro que el FMI habrá sacrificado el objetivo de la sostenibilidad de la deuda en el altar del apoyo político. Esto nos lleva a la pregunta pendiente.

Un acuerdo light es mucho mejor que un default. Pero difícilmente sea la base de una recuperación sostenida de la economía, por varias razones. La primera es que un déficit fiscal alto no despejará el riesgo de una emisión monetaria elevada, ya que su financiamiento no queda asegurado en el acuerdo, y difícilmente el gobierno consiga mucho financiamiento voluntario en el mercado local o internacional. Además, con un stock de Leliq que roza los $5 billones, un 140% de la base monetaria, migrar a un esquema de tasas de interés real positivas sin un fuerte ajuste fiscal, hace pensar en la sostenibilidad de la dinámica de las Leliq, que crecen como una bola de nieve.

Con alto riesgo de emisión, la brecha cambiaria no caerá demasiado. Con una brecha elevada y sin una devaluación del peso en el mercado oficial, es difícil que las exportaciones crezcan. Sin medidas macro ni micro que mejoren la competitividad y con un sector exportador ahorcado, no queda claro cuáles serán las fuentes de crecimiento económico. Sin crecimiento, no hay deuda sustentable.

Mas allá de estas inquietudes, la principal desventaja de un programa light es que le tira casi todo el ajuste al próximo gobierno. Así, el mercado teme la repetición de los eventos de 2015-2019. Un gobierno no peronista viene a intentar enderezar la economía, pero la tarea es imposible, y el kirchnerismo termina volviendo al poder en 2027. Gracias por tanto, compañera Georgieva.